El Gobierno y el PP descartan una gran campaña política en Cataluña

El Gobierno y el PP han decidido de momento no organizar ninguna gran campaña política o de comunicación para hacer frente a la ofensiva independentista en Cataluña. El Ejecutivo, según fuentes de La Moncloa, cree que no es el momento para hacer algo al estilo de la campaña better together (mejor juntos) que organizaron conservadores y laboristas en Escocia. Ahora la prioridad, explican, es la batalla jurídica contra el desafío de la Generalitat. El PP seguirá la misma línea.

"Nosotros ahora estamos concentrados en enfrentarnos a una decisión ilegal y las que puedan venir, no estamos pensando en contratar a una empresa de comunicación internacional como ha hecho la Generalitat", contestan en La Moncloa. El Ejecutivo está pues más concentrado en la respuesta jurídica que la política.

Esto no quiere decir que el Ejecutivo haya renunciado a hacer política. Desde el Gobierno recuerdan el discurso de Mariano Rajoy del lunes, cuando anunció el recurso de inconstitucionalidad, centrado en desmentir la idea del "derecho a decidir" porque eso es algo que compete a todos los españoles, y no solo a los catalanes. Y también apelan al debate parlamentario en abril, cuando Rajoy ya desgranó los argumentos contra el independentismo catalán.

Además en el Gobierno creen fundamental el apoyo que están teniendo en todo este proceso del PSOE. Rajoy y Pedro Sánchez mantienen un contacto fluido y el apoyo de los socialistas es en sí un mensaje claro, según el Gobierno.

Hay política, por tanto, pero no habrá nada excepcional. Rajoy y su equipo están empeñados en dar imagen de normalidad. De la misma manera que el presidente no canceló su visita privada a la gran muralla china por el hecho de que ese mismo día Artur Mas firmara el primer decreto de convocatoria de un referéndum soberanista de la historia de España, tampoco está previsto lanzarse a hacer campaña en Cataluña. Los ministros sí acuden allí, pero al ritmo habitual, que es alto, ya que es sin duda la comunidad más visitada por el Ejecutivo.

El Gobierno prepara una visita de Rajoy allí en las próximas semanas pero con normalidad, en los foros económicos habituales. El martes estuvo en Cataluña Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, ayer José Manuel Soria, el ministro de Industria, y el lunes volverá la vicepresidenta a Barcelona. Pero nada de campañas muy visibles. Discurso habitual y reivindicación constante del apoyo que el Gobierno ha dado a la Generalitat con el plan de proveedores, el fondo de rescate o las medidas de inversión en Cataluña, por eso la ministra de Fomento, Ana Pastor, es la que más visita esta comunidad.

Rajoy ha hecho una apuesta política, según señalan diversos miembros del Gobierno. Muchos le recriminan que no tiene una respuesta para los ciudadanos catalanes que se están inclinando por la independencia, pero él está convencido de que la clave del problema reside en la apuesta independentista y rupturista de Artur Mas. Por eso su estrategia está diseñada para combatir los movimientos de Mas y debilitar su posición. A partir de ahí, y si la Generalitat, como espera el Ejecutivo, acata la decisión del Constitucional y renuncia a realizar la consulta el 9-N, Rajoy está dispuesto a hablar después con Mas o con quien sea para buscar soluciones, pero siempre después de haber parado el referéndum. Varios miembros del Gobierno y dirigentes del PP insisten en esa idea: después del 9-N se podrá hablar, antes es imposible.

En cualquier caso, admiten todas las fuentes del Gobierno consultadas, hay muy poco margen para la negociación con Cataluña no solo por cuestiones presupuestarias —"No hay dinero para repartir en una reforma del sistema de financiación", insiste Cristóbal Montoro— sino también políticas. A pocos meses de las elecciones autonómicas de 2015, los barones del PP presionan a Rajoy y Montoro para que no hagan ningún tipo de movimiento que pueda ser entendido como una cesión a Cataluña. En Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid o Baleares esto supondría un agravio que sería muy difícil de gestionar en una campaña electoral, explican diversos dirigentes territoriales y miembros del Gobierno, por lo que los barones le exigen que no se mueva y han logrado retrasar la reforma de la financiación hasta después de las elecciones.

El Gobierno quiere dejar cierto protagonismo en la batalla contra el independentismo a organizaciones no estrictamente políticas. Desde la llamada Sociedad Civil Catalana, a la que recibió Rajoy en La Moncloa y que tiene el apoyo del Ejecutivo y del PP, hasta el grupo de intelectuales llamado Libres e Iguales. En su acto central en Madrid estuvo el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, persona de la máxima confianza de Rajoy. Fue un gesto claro de respaldo aunque su manifiesto planteaba unas exigencias que hizo que muchos lo asociaran al ala dura del PP, cuyo máximo exponente es José María Aznar.

Rajoy ha optado desde el primer momento por evitar los tonos más duros de respuesta al desafío catalán, propios del aznarismo. Y sin embargo no ha habido una protesta de este sector duro exigiéndole más contundencia. El silencio de Aznar es una de las cuestiones más comentadas internamente y prueba, según varios dirigentes, que el PP de momento está unido ante el desafío soberanista.