Anticorrupción arremete contra Manos Limpias en el caso de la Infanta
El acusador ataca al pseudo sindicato ultra por intentar recusar a dos magistrados
![La Infanta Cristina junto a su marido.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CGEJAJMDG5PKGNGAKAOFVFLGPI.jpg?auth=fbf9d4fc7c2bd4118a2d87c1fd4ff6361d2d0b5bdebc8708e97b654ca5061241&width=414)
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha censurado al pseudosindicato ultra Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Urdangarin, por desplegar un cúmulo de “insinuaciones de actuación prevaricadora” de dos jueces que deben decidir si se mantiene la acusación de la infanta Cristina. Ambos han sido recusados con la intención, dice el fiscal, de “condicionar una decisión judicial”. El colectivo ultra en esta causa se centra en un objetivo: que la infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados.
Pedro Horrach, en un escrito presentado hoy ante la Audiencia, descalifica la maniobra de recusar a dos de los tres magistrados de la sala, Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, para evitar que participen en la resolución de un tema central del caso: si la hermana del Rey ha de ir o no a juicio.
El fiscal Horrach se enfrenta en la fase final de la causa al juez José Castro, que ve a la esposa de Iñaki Urdangarin sospechosa por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Manos Limpias coincide con el juez. El ministerio público subraya que la Audiencia bloqueó la imputación de Cristina de Borbón, aunque marcó al juez “determinadas dudas de carácter tributario”. Y recuerda que el instructor efectuó “numerosas diligencias de prueba, de oficio, a instancias del sindicato”. Horrach reconoce que “si no fuese por el auto de la Audiencia (de mayo de 2013) no estaría imputada la Infanta actualmente”.
La acción recusatoria del pseudosindicato ha obligado a los dos jueces afectados a abstenerse –temporalmente- mientras un instructor analiza las razones y una sala resuelve el incidente. Antes del 23 de octubre se ha de resolver quien irá a juicio. Horrach contabiliza que hasta seis ocasiones Manos Limpias repite sobre los dos jueces “bajo sospecha objetiva de parcialidad”. Opina que esas sospechas fueron “creadas y ventiladas por el propio sindicato”.
La operación de la acusación popular para apartar a los dos magistrados es, para el fiscal, “un manifiesto abuso de derecho y fraude legal y procesal”, al hablar nombre de una pretendida opinión pública para poner en duda la justicia e imparcialidad de los aludidos.
Horrach cuestiona “la insignia” que se atribuye Manos Limpias de “adalid de la igualdad”, porque la usa “solo cuando se trata de sus interés”. Así recusa a dos y no a tres magistrados cuando todos ellos han tenido la misma “contaminación”. Manos Limpias ampara al único magistrado que votó favor de la imputación de la Infanta y recusa a los otros dos que se opusieron.
El ministerio público indica que los acusadores populares “utilizan fraudulentamente un instrumento legal para conseguir finalidades espurias”, con una recusación que es “un arma de claro fraude procesal”, al no recusar al juez que si votó la imputación de la hermana del Rey.
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