Catalá toma posesión como ministro y dice que revisará la ley de tasas judiciales

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado su intención de revisar las tasas judiciales, la medida más polémica y contestada de cuantas logró poner en marcha su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.

 Catalá ha tomado posesión en el Ministerio de Justicia y, en presencia de Gallardón, puso en cuestión parte de su legado, sugirió la revisión de algunas de las medidas que dejó inacabadas y anunció el intento de recuperar las relaciones muy deterioradas con todos los sectores de la Justicia. Lo hizo después de elogiar la gestión de quien le entregaba la cartera de ministro.

Las tasas impulsadas por Gallardón entraron en vigor en diciembre de 2012, con apoyo y aprobación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de todo el Ejecutivo en los Consejos de Ministros en los que se aprobó la medida. Incluso, la pasada semana, coincidiendo con la dimisión del anterior ministro de Justicia por el conflicto generado en su Gobierno por el anteproyecto de ley del aborto, el PP rechazó solo con sus votos en el Pleno del Congreso una iniciativa del PSOE para derogar las tasas judiciales.

Gallardón impulsó un aumento sustancial de la cuantía de las tasas y su extensión a todas las jurisdicciones, salvo la penal. Luego, el propio ministro llevó a cabo en 2013 una reforma de su ley de tasas a los dos meses de entrar en vigor, para atemperar las cuantías establecidas inicialmente. Por ejemplo, eximía de pagar las tasas a mujeres víctimas de malos tratos que pleiteen en jurisdicciones distintas a la penal. También intentó hacerlo a través del proyecto de ley de Justicia gratuita.

En todo caso, el Tribunal Constitucional admitió recientemente a trámite el recurso del PSOE contra las tasas que consideraba vulnerados derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva. Entendía el recurso que el acceso a la Justicia para reducir la litigiosidad no puede basarse en la barrera de la capacidad económica de los ciudadanos que quieren tener amparo en los tribunales. Catalá habló ayer de evaluar y analizar el funcionamiento de la norma para decidir qué cambios pueden introducirse, sin más precisión.

La norma es rechazada por todos los sectores de la Justicia, sin excepción, lo que unido a otras medidas ha dejado casi rotas las relaciones entre el Ministerio y los colectivos afectados como jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, registradores y procuradores, entre otros. Por eso, los primeros pasos de Catalá han estado encaminados a intentar reestablecer esas relaciones, para cumplir las instrucciones de Rajoy de cerrar heridas en la Justicia, apaciguar y evitar las polémicas. De hecho, en la última semana, antes de tomar formalmente posesión, Catalá ha llamado por teléfono una por una a todas las asociaciones y colegios profesionales vinculados con la Justicia para ofrecerles diálogo y transmitirles el compromiso de buscar acuerdos en el año que queda de legislatura. El ministro mencionó la “dotación de plazas de jueces y fiscales”, una de las reivindicaciones no atendidas de los últimos años de esos colectivos.

El nuevo ministro aseguró  que “es el momento de fijar prioridades”. Eso quiere que el año que resta de legislatura es tiempo insuficiente para abordar todas las reformas legales que puso en marcha con distinto ritmo Gallardón. Es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pasó por el Consejo de Ministros y fue informada por Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal. El anteproyecto pretendía una reforma total de la Justicia con innovaciones como la instrucción colegiada de tres jueces. No ha sido mencionada por Catalá, lo que da a entender que no seguirá adelante. Tampoco hay tiempo para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que no ha pasado de borrador y que tiene imposible su tramitación. Solo habrá retoques necesarios, por ejemplo, para aplicar la parte del nuevo Código Penal referida a lo que antes eran faltas y ahora serán delitos menos graves. El nuevo ministro habló de “la revisión de la justicia penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la mejora de la justicia gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil así como la dotación de plazas de jueces y fiscales”.

El nuevo ministro juró su cargo en la Zarzuela y es el primer miembro del Gobierno que lo hace en presencia del Rey Felipe VI. Es el segundo que se incorpora en la legislatura como miembro del Gabinete de Rajoy, después de que Isabel García Tejerina sustituyera en Agricultura a Miguel Arias Cañete, cuando este fue designado cabeza de lista del PP en las europeas del pasado mes de mayo. Luego, al acto de toma de posesión en el Ministerio de Justicia asistieron el propio Gallardón, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo; Defensa, Pedro Morenés; Hacienda, Cristóbal Montoro, y Fomento, Ana Pastor, así como del presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. También acudió la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, Dolores de Cospedal, entre otros.

Catalá era hasta ahora secretario de Estado de Fomento y entre 2002 y 2004 fue número dos de Justicia con José María Michavila como ministro.