El Gobierno deja al Congreso las leyes contra la corrupción para pactarlas

Nadie se atreve a asegurar que el bloque de medidas anticorrupción o de regeneración democrática, saldrá por consenso —o, al menos, con los votos del PSOE, CiU, PNV y UPyD— pero los pasos dados apuntan a que ello es posible. Así se desprende de la primera ronda de contactos del Gobierno con todos los grupos parlamentarios.

El procedimiento tiene mucho que ver porque en este caso las formas son muy importantes. El Gobierno quiere utilizar la fórmula de proposiciones de ley, que es de extracción parlamentaria, firmada por el mayor número de grupos posible, en vez de recurrir a los proyectos de ley que salen del Consejo de Ministros. La excepción serán las dos leyes que ya hay en el Congreso: la de control financiero de los partidos políticos y la del Estatuto del Cargo Público. El resto de las normas se pretenden dejar en mano de los grupos parlamentarios.

No habrá demoras. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, tiene la intención de presentar a los partidos en octubre un texto concreto que plasme en artículos todas las propuestas. La reducción de número de aforados y el tratamiento penal a los políticos que han incurrido en supuestas prácticas corruptas estarán entre las medidas que se aprobarán. A través de este procedimiento de proposiciones de ley y de las enmiendas firmadas conjuntamente a los dos proyectos de ley del gobierno citados, se garantiza la participación del conjunto de partidos representados en el Congreso, o por lo menos, de los que se quieran sumar.

Esta vía además acorta los plazos respecto al procedimiento que siguen los proyectos de ley del Gobierno, que han de pasar dos veces por el Consejo de Ministros, recabar informes, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal. Si se siguiera esa vía a catorce meses del final de la legislatura, sería imposible sacar adelante el bloque de medidas de regeneración democrática que hasta ahora tanto gobierno como oposición ofrecían sin llegar a acuerdos. Además, el Gobierno ve imposible aprobar leyes de esta relevancia más allá del mes de marzo, cuando en la práctica los partidos políticos entrarán de lleno en la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del próximo mayo.

Sí se observa determinación esta vez para aprobar estas normas, despejando situaciones que lo harían imposible. Un caso singular es el del Código penal, aparcado en el Congreso desde hace un año y con sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas parciales. Las diferencias son muchas entre los partidos, por lo que el Gobierno sacará provisionalmente de su proyecto de reforma las medidas relacionadas con la corrupción para que pueda ser discutidas al margen. Es otro atajo para avanzar en el acuerdo. Si se sometiese a votación la propuesta del PP para reformar el Código Penal que incluye la prisión permanente revisable, los votos en contra del PSOE e Izquierda Plural serían seguros.

En las negociaciones hay algunos puntos que suscitan acuerdo, pero tienen dificultades para plasmarlas en textos concretos. Por ejemplo, el compromiso de apartar de cargos públicos a los políticos que ya tengan juicio oral abierto. Hay acuerdo, pero ahora el Gobierno busca una propuesta para sortear las dificultades y la casuística, diferenciando delitos privados y los de corrupción o cometidos en el ejercicio del cargo. Una de las opciones es tratarlo como medida cautelar dentro del Código Penal, como suspensión de funciones. Incluso esa posibilidad presenta problemas como el de encontrar una forma para devolver a su puesto a un cargo electo como parlamentario o concejal que salga absuelto.

Todos los grupos políticos participan en la negociación oficiosa a excepción de Izquierda Plural que no cree en la voluntad del gobierno de afrontar radicalmente la corrupción. Por eso, esperará a que las normas se conviertan en proposiciones de ley y empiece la tramitación parlamentaria con luz y taquígrafos.