Rajoy resuelve la crisis de Gobierno en unas horas antes de viajar a China

Su primera crisis de Gobierno le cogió ayer al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a punto de subirse a un avión. La resolvió en unas horas, antes de viajar a China, con el nombramiento —anunciado anoche por La Moncloa— de Rafael Catalá Polo al frente del Ministerio de Justicia, un departamento clave ante la incertidumbre jurídica que plantea el desafío soberanista en Cataluña y la convocatoria de la consulta.

Todo se precipitó ayer y de forma inusual, el nuevo ministro no tomará posesión hasta la próxima semana. La vicepresidenta se hará cargo de Justicia hasta entonces, en una situación insólita.

Hasta ayer secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a las órdenes de la ministra de Fomento, Ana Pastor, Catalá coge el testigo de Alberto Ruiz-Gallardón, quien dimitió por la falta de consenso, interno y social, sobre la reforma de la ley del aborto. Rajoy cerró así por segunda vez, con un retoque mínimo, una remodelación de su Gabinete.

La sustitución de Miguel Arias Cañete al frente de Agricultura para que fuera candidato a las europeas se concretó sin traumas con una solución de continuidad. El jefe del Ejecutivo optó entonces por una colaboradora de Cañete, Isabel García Tejerina. Este caso es distinto por las razones que forzaron la renuncia de Gallardón y por la máxima alerta del Ejecutivo ante los planes de Mas.

Rajoy, que ha mostrado en repetidas ocasiones su voluntad de acabar la legislatura con los mismos ministros con los que la empezó en 2011, se vio obligado a actuar con rapidez por la crisis catalana y eligió a un dirigente muy próximo a la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tanto Gallardón en su comparecencia como varios dirigentes del PP insistieron ayer en que esta dimisión no afectará a los resortes del Ejecutivo para frenar la hoja de ruta soberanista. La renuncia de Gallardón se hará efectiva mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, mientras que Catalá tomará posesión de su cargo la próxima semana, cuando hayan concluido los viajes oficiales del Felipe VI a Nueva York para asistir a la asamblea general de la ONU y de Rajoy a China.

Mientras tanto, el Gobierno sigue en alerta ante el próximo movimiento de Mas. No se sabe aún cómo será la convocatoria del presidente de la Generalitat, pero una de las últimas tareas del dimisionario ministro de Justicia fue precisamente la elaboración de los recursos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de consultas y contra la convocatoria del referéndum. Los engranajes legales del Gobierno están listos. Ahora quedaría la interposición formal de los recursos por parte del presidente y la aprobación por el Consejo de Ministros antes de dejar el trámite de presentación a Cristóbal Montoro como responsable de Administraciones Públicas.

La dimisión de Gallardón, comunicada la semana pasada al presidente, se debe a las discrepancias sobre una ley que nunca tuvo consenso. “Más que desautorizado siento que no he sido capaz de cumplir el encargo que me hizo el Gobierno”, manifestó Gallardón. El exalcalde de Madrid se quedó prácticamente solo en la defensa de su proyecto, aunque él ayer aseguró que ningún miembro de la dirección del PP le cuestionó el texto en privado. El anuncio se produjo horas después de que el presidente confirmara la retirada del anteproyecto, en un acto que, salvando las distancias, recordaba el final de José Luis Corcuera como ministro del Interior de Felipe González en los noventa por su ley de seguridad ciudadana, o la de Manuel Pimentel como titular de Trabajo con José María Aznar como presidente años después.

La retirada de la reforma, en cualquier caso, refleja la profunda división que desde su presentación las pasadas navidades se instaló en el Gobierno y entre los cuadros del PP. La dirección del partido presionó al ministro para “invitarle a que se volviera a mirar el anteproyecto”. Una dirigente que nunca escondió su rechazo, la vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos, saludó la decisión como una victoria del presidente. “Ha hecho lo que tenía que hacer. Es un triunfo para Rajoy y para todos”. El presidente intenta ahora salir indemne de esta crisis, pese a que autorizó la tramitación del texto en diciembre de 2013.

A Rajoy tomó esa decisión casi en el último año de legislatura y poco después de unas elecciones europeas que apuntaban una caída notable del PP, lo que obligó al Gobierno a replantear parte de su agenda legislativa. Empezando por la ley del aborto, siguiendo por el cambio de la elección de alcaldes y la propuesta de pacto de regeneración con el PSOE.

El final del curso político antes de las elecciones generales lo representan los comicios municipales y autonómicos de mayo, en los que el PP se juega el ánimo y la perspectiva para la próxima legislatura. A su derecha, no hay aparentemente opciones con las que compita en las urnas y que recojan el malestar por la marcha atrás sobre el aborto. Al contrario, en el PP estaba instalada la inquietud por la aprobación de una ley que podía movilizar votos de la izquierda. Por esta razón, después de las elecciones europeas, comenzaron a preocupar los tiempos. “O en julio o nunca”, se convirtió antes del verano en una de las reflexiones más extendidas en el partido mayoritario. A pesar de eso, y a pesar de las dudas de la propia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares dijo que no se pronunciará hasta conocer el texto definitivo de la norma. “Vamos a esperar a que la presente el Gobierno”, ha venido manteniendo. El Gobierno no la presentará.