El anuncio refleja la profunda división de Gobierno y PP sobre la ley

El consenso sobre la ley del aborto diseñada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el argumento más empleado para defender la reforma, empezó a fallar desde la presentación del proyecto las pasadas navidades. La falta de acuerdo quedó reflejada desde el primer momento tanto en el Gobierno como en el seno de la dirección del Partido Popular. La norma entró en el orden del día del Consejo de Ministros en varias ocasiones, pero en el Ejecutivo nunca se sentaron las bases para lograr ese consenso a pesar de las presiones del ministro de Justicia, que esperaba aprobar la reforma en el Congreso de los Diputados antes de agosto y luego puso el final del verano como plazo límite. Finalmente, Gallardón se quedó prácticamente solo en la defensa de su proyecto y quedó desautorizado.

La reforma de la ley del aborto no gustaba a ninguna formación, ni siquiera al PP. El número tres de los populares, el secretario de Organización Carlos Floriano, ha asegurado esta mañana en su partido, que tuvo 11 millones de votantes, hay “gente de todas las sensibilidades”. El portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha vuelto a reclamar “consenso”. Horas después, Mariano Rajoy ha confirmado la retirada de la reforma, un anuncio del que Gallardón estaba al tanto, según fuentes de su departamento, y que llevaba semanas cociéndose incluso con amagos de dimisión. El titular de Justicia ha renunciado formalmente a su cargo de ministro y a su escaño la tarde de este martes.

A pesar de que los principales dirigentes del partido –salvo el presidente de Extremadura, José Antonio Monago y la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos- nunca habían criticado abiertamente la reforma, antes del verano se produjo un giro. La dirección de la formación admitió presiones para que se modificara la norma en aras del “mayor consenso” que han reclamado públicamente destacados barones territoriales. Villalobos ha manifestado hoy que esta decisión representa un triunfo no solo para las mujeres y para los ciudadanos, sino para el propio Rajoy.

El objetivo de parte del Gobierno y de Génova consistía en “invitarle a que se volviera a mirar el anteproyecto”. Las presiones, internas y externas, forzaron algunas modificaciones relacionadas con el aspecto más duro y polémico de la norma. En el texto modificado antes del verano, las anomalías fetales graves, aunque no sean incompatibles con la vida, volvían a ser un motivo admitido por ley para poder abortar, aunque formalmente no se introducirá un supuesto específico para la malformación.

Para muchos, incluso en la formación conservadora, ese cambio no era suficiente. Villalobos, que nunca había ocultado su oposición a la norma y en más de una ocasión ha roto la disciplina de voto del PP sobre el aborto, confió en repetidas ocasiones en que la ley nunca llegara al Congreso. El argumento de los cargos de la formación que rechazan la ley es que la base social de los votantes y simpatizantes del partido —que perdió 2,6 millones de apoyos en las elecciones europeas del 25 de mayo— no piden una reforma más dura de la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la norma.

A estas presiones hay que añadir la inquietud por la aprobación de una ley que, ante el próximo calendario electoral, movilizaría votos de la izquierda. Por esta razón, preocupaban los tiempos. “O en julio o nunca”, se convirtió antes del verano en una de las reflexiones más extendidas en el PP. A pesar de eso, y a pesar de las dudas de la propia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares dijo que no se pronunciará hasta conocer el texto definitivo de la norma. “Vamos a esperar a que la presente el Gobierno”, ha venido manteniendo. El Gobierno no la presentará.