La Audiencia de Castellón se saltó su norma para dejar libre a Fabra

La sección Primera de la Audiencia de Castellón incumplió sus propias normas al suspender la ejecución de la condena al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por la comisión de otros tantos delitos fiscales. Tres magistrados de esta sección decidieron, la semana pasada, atender la solicitud del exdirigente popular y dejarlo libre mientras se tramita y resuelve su petición de indulto.

En un acuerdo, escrito y adoptado por unanimidad, las secciones penales de esta Audiencia decidieron denegar “siempre” la suspensión de la pena por la tramitación de indulto cuando la pena “sea igual o superior a los tres años de prisión”. La decisión se tomó en una jornada, celebrada en mayo de 2013, y convocada, precisamente, para unificar criterios. Los tres jueces —Esteban Solaz, Pedro Luis Garrido y Aurora de Diego— que firmaron el auto de suspensión de la condena participaron en la votación que, de forma unánime, decidió los límites, un criterio que no se aplicó para el caso Fabra.

Fuentes de la Audiencia dieron ayer, como única justificación, que “la sala contempló, de acuerdo con lo que recoge el artículo 4.4 del CP que se habían producido dilaciones indebidas que alejan temporalmente la comisión del hecho y la sentencia, lo que hace menos previsible la respuesta a la petición de indulto”, algo que nada tiene que ver con el acuerdo adoptado por la totalidad de los magistrados de lo penal y que fue el argumento para prolongar la libertad.

De hecho, en su informe contra la suspensión de la condena, la Fiscalía Anticorrupción ya esgrimió la existencia de otros casos en los que, incluso con penas inferiores, se había optado por decretar el ingreso en prisión del condenado, aunque se estuviera tramitando el indulto. El Tribunal Supremo y Anticorrupción tienen pendiente el informe sobre la medida de gracia aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya adelantó que será negativo. El expediente ha de pasar por el Consejo de Ministros para su resolución pero el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya indicó que del resultado de los solicitados recientemente (el último, el de Jaume Matas, fue denegado) hacía prever cuál será el que se dicte para Fabra.

La sección Primera de la Audiencia de Castellón suspendió el ingreso en prisión del expresidente de la Diputación de Castellón con todas las opiniones en contra. Tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y la acusación popular se opusieron a la medida. También la Audiencia se debería haber opuesto, según sus propias normas, pero no fue así.

El incumplimiento de su criterio es, además, uno de los argumentos de Anticorrupción en el recurso de súplica que ha presentado contra la suspensión de la ejecución de la condena, en el que pide que se acuerde el “inmediato” ingreso en prisión. La fiscalía rechaza los motivos por los que el tribunal paralizó el ingreso en la cárcel, que fueron la posibilidad de que se vulnerara el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la voluntad de pagar los 1,4 millones de euros por la multa e indemnización impuestas por los casi 700.000 euros defraudados a Hacienda. La fiscalía reitera que a Fabra ya se le disminuyó la condena al estimar las dilaciones indebidas. Tampoco comparte la posibilidad de que un menos que previsible indulto resultara ilusorio. “Con independencia de la posible concesión o no del indulto, y pese a la tramitación del mismo, no es previsible que su resolución se demore tanto que, en el supuesto de concesión, lo hiciera ilusorio”, señala.

Además, la Fiscalía Anticorrupción señala que la doctrina del Supremo y del Constitucional es “unánime” en la consideración de que la suspensión es una medida provisional y excepcional porque, de lo contrario, “se correría el riesgo de instrumentalizar la institución del indulto como un intento fraudulento y sistemático para eludir o rechazar el cumplimiento de la condena y la consecución de los fines de la justicia”.