Mañana

Que la consulta no sea vinculante no significa que no la consideren irreversible si ganan

Tras la euforia de sentirse muchos y unánimes, mañana será el momento de reflexionar: de escuchar, sopesar, quizás dudar. Seis meses antes de que los más sectarios arremetieran contra Raimon por haber expresado públicamente sus dudas sobre la independencia, el cantautor había manifestado en este periódico una opinión que seguramente comparten muchos catalanes: “Creo que debe haber diálogo y que se debe producir una consulta”.

Una parte de los que hoy se movilizarán en Barcelona y otros que no lo harán, como Artur Mas, defienden una consulta legal y pactada. Pero para ser ambas cosas no podrá consistir en un referéndum sobre la independencia, que es la posición más extrema de una de las partes. Como tampoco podría serlo una fórmula recentralizadora. Un acuerdo negociado desembocaría con toda probabilidad en una opción intermedia, de autogobierno reforzado, que todas las encuestas identifican como la alternativa mayoritaria cuando se introduce esa tercera posibilidad entre el sí o el no a la separación.

Artur Mas reclama al Gobierno una oferta para negociar pero, a la vez, que autorice el referéndum del 9-N. ¿Qué habría que negociar si de entrada se acepta una consulta inconstitucional que es, como ha escrito J.J. Toharia, una “autopista hacia la independencia”? Los expertos han calculado que con el sistema de doble pregunta previsto y una abstención media bastaría poco más de un tercio de los votos para que ganase la independencia. Los sondeos escoceses más recientes indican, por lo demás, que un referéndum a sí o no es jugar a la ruleta rusa. En dos meses y por las causas más diversas puede cambiar radicalmente la dirección del viento.

También argumenta Mas que el 80% de los catalanes está a favor de la consulta, y que, siendo consultiva, su resultado no abre paso a la secesión. Sobre lo primero, Rajoy podría presentar un porcentaje similar en contra. Y que no sea jurídicamente vinculante no significa que no se convierta en un condicionante forzado de cualquier iniciativa posterior. Rajoy no puede ignorarlo, pero tampoco que la decisión última sobre un cambio del estatus político de Cataluña corresponde a los catalanes.

¿Como compaginar esos requerimientos? El sondeo de Demoscopia del pasado domingo muestra que, ante la prohibición de la consulta por el Constitucional, una mayoría sería partidaria de “buscar otra salida que no requiera consulta” (25%) o “acatarla y negociar una nueva convocatoria que se ajuste a la legalidad”(45%). Eso da credibilidad a las propuestas que plantean una consulta, pero no sobre la independencia, sino de ratificación del acuerdo a que podrían llegar ambos Gobiernos sobre aspectos del autogobierno catalán, que podrían incorporarse al Estatut.

Negociaciones de ese tipo las ha habido en otras situaciones, pero para que ahora sean posibles debe haberse producido la no consulta del 9-N. Hasta entonces, Mas tiene las manos atadas por su pacto con ERC. Pero su compromiso público de atenerse a la legalidad y de “no hacer el ridículo” (ante los demás países) le dispensan de obedecer a Junqueras, cuya propuesta de ignorar la sentencia y sacar las urnas a la calle solo es apoyada, según el sondeo citado, por el 23% de los catalanes.

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