Andorra admite la comisión rogatoria de Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola
La juez andorrana da 30 días a la banca para que aporte la documentación solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional
La justicia andorrana ha admitido a trámite la comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre estados— en la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitaba información bancaria sobre Jordi Pujol Ferrusola. La juez del principado pirenaico, en un auto firmado el pasado 28 de agosto y remitido a la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la Banca Privada de Andorra, entidad donde el hijo del expresidente catalán tiene depositados sus fondos, para que le envíe la documentación solicitada por el juez Ruz a finales del pasado julio.
La juez andorrana, tras recibir una aclaración del Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre los datos solicitados, accede a la petición pero suspende la ejecución de la comisión rogatoria durante un mes para que los investigados puedan alegar ante la justicia del principado cuanto consideren oportuno para su defensa. Este procedimiento de garantías es similar al que aplica la justicia de Suiza en el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas.
En su auto, la juez aprovecha para recordar los límites legales de Andorra a la cesión de datos bancarios a otros países para fines de investigación judicial. La documentación andorrana solo podrá ser usadas para investigar delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de corrupción, como el cohecho o el tráfico de influencias. Sin embargo, no podrán utilizarse para investigar delitos de blanqueo derivados de un simple delito contra la Hacienda Pública.
La documentación andorrana solo podrá ser usadas para investigar delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de corrupción
El hijo del expresidente catalán y su exesposa, Mercè Gironès Riera, han sido citados para declarar como imputados el próximo 15 de septiembre ante el juez Ruz. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre supuestas comisiones ilegales que pagaron hasta 17 empresas privadas, todas ellas contratistas de administraciones públicas de Cataluña, a tres sociedades del hijo del ex presidente catalán por servicios falsos. En cuatro años, esas tres sociedades ingresaron de las 17 empresas privadas más de ocho millones de euros.
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