Urkullu planteará a Rajoy un plan conjunto de reinserción de presos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, planteará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se comprometa en un plan conjunto de reinserción para los presos de ETA. Lo hará en el encuentro que ambos mantendrán próximamente, siete meses después del anterior. Ese plan estaría basado en la experiencia de la llamada vía Nanclares. Además, Urkullu abordará en La Moncloa un repaso a la crisis económica, al autogobierno vasco y al reto soberanista de Cataluña.

Desaparecido el terrorismo de ETA, el paro y la crisis encabezan las preocupaciones en el País Vasco, igual que en el resto de España. Pero los sondeos en Euskadi vinculan, además, la consolidación del final de ETA a un tratamiento a víctimas del terrorismo y a presos etarras adecuado a un tiempo sin violencia. Para el Gobierno vasco, a diferencia de la Generalitat catalana, resulta, en este momento, una prioridad encauzar la consolidación del final de ETA y la política de convivencia, por encima de las reivindicaciones soberanistas.

Urkullu cree necesario un plan conjunto con el Gobierno de Rajoy sobre memoria, víctimas y presos, y un compromiso, que el lehendakari echa de menos, por parte del presidente. La última expresión de esta falta de compromiso en La Moncloa sería el recurso contra el decreto de indemnización por abusos policiales en la etapa final del franquismo, aprobado en la etapa de Patxi López. El plan de Urkullu contiene, además de la propuesta de reinserción de los presos etarras, la reclamación del acercamiento progresivo de presos a cárceles vascas, que todos los sondeos en el País Vasco demandan.

El plan, que el Gobierno vasco tiene “muy avanzado”, está dirigido a los presos etarras que rechazan la violencia y asumen una trayectoria crítica con su pasado, con la pretensión de aumentar el número de los que se acogen a la reinserción: poco más de una treintena sobre un colectivo de más de 400.

El objetivo de Urkullu es romper la parálisis en el proceso de final de ETA. En opinión del Ejecutivo vasco, el Gobierno de Rajoy, en estos dos años y medio, lejos de estimular la vía Nanclares de reinserción de los presos etarras arrepentidos, la ha paralizado. La última expresión de esa percepción de Urkullu fue la sanción, el mes pasado, por Instituciones Penitenciarias al exetarra preso Joseba Urrusolo, por intervenir en la Cadena SER, donde no sólo deslegitimó el terrorismo etarra, sino que hizo una autocrítica de su trayectoria como militante de la banda.

El Gobierno vasco considera oportuno activar una vía Nanclares actualizada, dada la situación crítica por la que atraviesa el colectivo de presos de ETA. Lejos de cumplir el compromiso de asunción de la política penitenciaria y de la reinserción individual, adquirido en su comunicado del pasado 28 de diciembre, sus integrantes se han limitado a realizar peticiones de acercamientos a cárceles vascas, eludiendo rechazar la violencia y haciendo caso omiso a las condiciones para acogerse a los beneficios penitenciarios.

El encastillamiento del colectivo está provocado por una minoría, entre el 20% y el 30% de sus componentes, que se resiste a asumir vías individuales de reinserción. Pero condiciona al conjunto, que se somete a ella para no romper la unidad, según fuentes nacionalistas. Además, la izquierda abertzale no está dispuesta a seguir presionando sobre el colectivo para que este ceda, con el argumento de que los pasos que dan los presos “no son correspondidos por el Gobierno central”.

Algo similar sucede con el proceso de desarme. El pasado 20 de julio, ETA reiteró en un comunicado su disposición a avanzar hacia el desarme total. Fuentes del Gobierno vasco y de la Comisión Internacional de Verificación aseguran que, si bien el cese definitivo de la violencia de la banda es irreversible, esta “no ha dado ningún paso” sobre desarme durante el verano. Las mismas fuentes afirman que “ETA no va a dar más pasos hasta que el Gobierno central envíe algún representante para dialogar con ella. No pretende negociar, sino un reconocimiento y una cobertura para el desarme”, añaden las mismas fuentes.

En cuanto a la izquierda abertzale, todo apunta a que se ha producido un pacto interno en el que asume la parálisis del proceso unilateral de desarme y del reconocimiento de la legalidad penitenciaria, responsabilizando al Gobierno central y acusando de complicidad al Ejecutivo vasco, según fuentes nacionalistas. “Tiene cada vez más los ojos puestos en un cambio de tendencia en la política del Gobierno central tras las elecciones generales, en las que, previsiblemente, el PP perdería la mayoría absoluta”.