Breve diagnóstico de transparencia

La transparencia de las instituciones públicas españolas es tan necesaria como exigida actualmente por los ciudadanos, que demandan firmemente unas administraciones de cristal , en las que puedan ver todo lo que se hace y se gasta, o lo que se contrata y con quién, y lleguen con ello a conocer mejor e incluso a participar en el devenir cotidiano de esas instituciones que les representan y a las que sostienen económicamente.

Vamos a hacer un breve diagnóstico sobre la transparencia de las instituciones públicas a las que venimos evaluando desde hace algunos años en Transparencia Internacional España a través de sus respectivos índices de transparencia sobre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales; Organismos del Agua, y Parlamentos (se pueden consultar en: www.transparencia.org.es)

Como conclusión previa podríamos afirmar que, en general la transparencia de estas instituciones ha aumentado en estos últimos años, aunque queda todavía bastante por hacer, sobre todo en un cierto número de instituciones, y especialmente en algunas áreas, como la transparencia económico-financiera.

Respecto a los Ayuntamientos, su evaluación muestra una clara mejoría de la mayor parte de estas entidades locales: desde 52,1 sobre 100 en 2008, hasta 70,4 en 2012 (estamos preparando la evaluación de este año). Algo similar ha ocurrido en las Comunidades Autónomas, que han alcanzado una valoración media de 88,6 en la última evaluación (2014), así como en las diputaciones provinciales, que comenzaron con 48,6, y han alcanzado 69,6 de promedio en el último índice (2013), y en los organismos que gestionan el agua (confederaciones hidrográficas y agencias autonómicas) que aunque en menor medida han mejorado también, pasando en pocos años de 51,2 a 62,9. Finalmente el caso de los Parlamentos ha sido singularmente positivo, ya que en la evaluación realizada este año han obtenido una puntuación media de 64,1, con un significativo aumento después de haber obtenido una puntuación de 25,6 en la evaluación previa que TI-España les había enviado a cada uno de ellos.

En referencia a otras importantes instituciones, podemos señalar, en primer lugar, el aumento de la transparencia mostrado por la Casa Real en cuanto a sus actividades, organización, e incluso presupuestariamente, si bien se echan en falta datos de gastos indirectos que pudieran hacer más real la cifra de gasto global publicada de 7,7 millones de euros. El Consejo General del Poder judicial, por otra parte, ha dado un paso muy importante hacia la transparencia integral, publicando en su web gran cantidad de datos detallados sobre su funcionamiento, estructura y sus finanzas y gastos; ello podría incluso servir de referencia o camino a seguir a otros órganos constitucionales.

Finalmente, una importante asignatura pendiente es la que atañe a los partidos políticos, que en una reciente evaluación de TI-España han mostrado en general un muy escaso nivel de transparencia, que esperemos puedan mejorar en estos próximos meses, sobre todo de cara a las próximas elecciones, ya que los ciudadanos utilizan cada vez más los criterios de la transparencia de los partidos y su actitud frente a la corrupción a la hora de decidir su voto.

En resumen, con un cierto impulso por parte de la sociedad civil, y con algo de esfuerzo y sobre todo con una clara voluntad política de sus dirigentes, las instituciones públicas de este país pueden (y deben) mejorar claramente su nivel de transparencia, acercándose así a lo que demandan de ellas la sociedad y los ciudadanos.

Jesús Lizcano Alvarez es Presidente de Transparencia Internacional España y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.