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Política contra la corrupción política

Seis partidos avanzan propuestas ante el debate de regeneración democrática que se abrirá en septiembre. Piden revisar los indultos y su financiación

Gobierno y oposición abordarán en septiembre un debate en profundidad para intentar consensuar un nuevo paquete de medidas “contra la corrupción y por la regeneración democrática”. Lo harán en plena crisis de confianza en las instituciones y después de que, durante muchos meses, las encuestas hayan venido alertando de un distanciamiento creciente entre la ciudadanía y sus representantes públicos.

EL PAÍS ha pedido a los seis partidos de la oposición que más apoyo ciudadano recibieron en las últimas elecciones celebradas en España —las europeas de mayo— un resumen de las propuestas que pondrán sobre la mesa en ese debate (aunque uno de ellos, Podemos, no tiene representación parlamentaria). Muchas de esas ideas están aún en fase de desarrollo, pero ya se vislumbran algunas centrales, desde reformas penales a cambios en la financiación o en los mecanismos de control sobre los cargos públicos.

Nivel de transparencia de los partidos políticos pulsa en la foto
Nivel de transparencia de los partidos políticos

Castigo penal. PSOE e IU se muestran partidarios de volver a reformar el Código Penal para endurecer ciertas penas en casos de corrupción, mientras UPyD, PNV y Podemos creen que es inncesario e inútil porque la solución, dicen, no está en los años de cárcel sino en la voluntad de investigar.

“Hay que dar una vuelta a los tipos penales y crear tipos específicos para la corrupción política; por ejemplo, no se puede castigar igual la apropiación indebida cometida por un particular y la cometida por un cargo público”, sostienen fuentes socialistas. Proponen, además, incluir delitos nuevos, para castigar la alteración de cuentas (de la que respondería el gerente del partido); las maniobras para impedir el descubrimiento de un delito en un partido; y al corruptor, a quien ofrece donaciones contrarias a la ley. El PSOE no es partidario, sin embargo, de que el partido sea responsable hasta el punto de poder ser disuelto por financiación ilegal: cree que “sería inconstitucional”.

IU reclama “penas ejemplares” en delitos de corrupción, castigar con cárcel los casos graves de prevaricación, penas agravadas para el uso de paraísos fiscales y ampliar los plazos de prescripción. También plantea establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales que afecten a cargos públicos.

En UPyD sostienen que “la solución no es endurecer las penas, sino una fiscalía independiente y unos organismos reguladores que hagan su trabajo”. “Lo que no puede ser es que en el caso Urdangarin, en la imputación de la Infanta Cristina, no ejerza la acusación particular la Abogacía del Estado, cuando ahí hay un delito contra la hacienda pública. No es una cuestión legislativa, sino de voluntad”, afirman desde el partido. UPyD sí propone crear un nuevo delito: el de enriquecimiento ilícito de cargos públicos. Consistiría en que, si al final de su mandato el cargo público no puede justificar el origen de su patrimonio, incurre automáticamente en delito, aunque no se haya probado que el origen es delictivo.

CIU no se pronuncia sobre una posible reforma penal, y el PNV señala: “Las leyes ya existen; las mentalidades, y no sólo en la política, son las que hay que cambiar”. Podemos está de acuerdo, y centra todas sus propuestas en la reclamación de mayor transparencia: “Más que castigos penales a los políticos, lo que hay que hacer es dar más información a los ciudadanos para que el castigo sea que dejen de votarles”.

Financiación de los partidos.  Todos están de acuerdo en crear el delito de financiación ilegal de partidos (que el Gobierno ya ha anunciado), aunque coinciden en que aún hay que estudiar quién sería el responsable último de ese delito, si el tesorero, el gerente o el partido mismo. En cuanto a la financiación legal, solo UPyD aboga por tender hacia la “autofinanciación”, recortando progresivamente las subvenciones públicas, que hoy constituyen la principal vía de ingresos de los partidos; CiU defiende una “financiación mixta público-privada”. El resto es partidario de mantener el sistema actual, con más controles.

El Gobierno ya ha anunciado que prohibirá las donaciones de empresas a los partidos, pero mantiene las donaciones a las fundaciones de esos mismos partidos, una distinción que el PSOE es partidario de mantener. IU pide prohibir también las subvenciones a fundaciones, y reclama que los partidos estén obligados a informar al Banco de España y al Tribunal de Cuentas de cualquier cambio en las condiciones de su deuda de con los bancos. CIU y PNV piden hacer pedagogía para explicar la aportación que hacen los partidos al sistema democrático y su necesidad de financiación.

Elección de las cúpulas judiciales. PSOE, IU y PNV son partidarios de mantener la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (que condicionan después otros nombramientos de la cúpula judicial) en manos del Parlamento, porque sostienen que los poderes del Estado deben emanar del titular de la soberanía, no de poderes corporativos como la clase judicial. CiU y Podemos no se pronuncian claramente, y UPyD defiende el otro modelo: que sean las asociaciones judiciales las que elijan a sus representantes, para evitar el reparto de cuotas entre partidos y “garantizar que al político corrupto no le juzga alguien en cuyo nombramiento ha influido”.

Sí es general la petición de que se introduzcan mejoras en el modelo actual: el PSOE, por ejemplo, quiere que un comité de expertos examine a los candidatos al Poder Judicial antes de que sean elegidos por el Parlamento; IU sugiere que podría “abrirse la propuesta de candidatos a la sociedad civil”, es decir, que no solo los jueces y los partidos sino ciudadanos y colectivos profesionales puedan proponer candidatos; el PNV plantea que algunos representantes de la judicatura sean elegidos por “voto directo de los ciudadanos”; algo similar a lo que propone Podemos: la elección directa por la ciudadanía de, por ejemplo, el fiscal anticorrupción.

Transparencia, información. Hay unanimidad en el diagnóstico: un frente fundamental en la lucha contra la corrupción es aumentar la transparencia de las administraciones. “El grueso de la corrupción no consiste en el robo de dinero público por parte de cargos públicos, sino en la influencia permanente de los poderes económicos sobre la acción de esos cargos públicos”, sostienen en Podemos, que pide transparencia total: no solo la información sobre contratos y gastos sino también las agendas de los cargos públicos, la actividad de los lobbies y la identidad de las empresas que dan dinero a los partidos deben ser accesible al ciudadano. IU también aboga por que todos los documentos relativos a los procedimientos de contratación y de urbanismo puedan consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.

UPyD pide que el Congreso informe claramente de las nóminas de los diputados en su web, y que las agendas sean públicas. CIU reclama un registro de lobbies “con un código de conducta para ellos”, y que se obligue a la administración a facilitar información económica para “saber la trazabilidad de cada euro público y ver su destino”. El PNV, sin embargo, cree que publicar todos los gastos y expedientes de contratos adjudicados por las administraciones es “una locura”, porque supondría “el colapso en la actividad administrativa”. “Incluir, por ejemplo, expedientes de contratos menores enmarañaría de tal manera la información pública que sería imposible vislumbrar alguna irregularidad”, argumenta la formación. El PSOE señala que las web institucionales deben dar “toda la información posible” sobre el uso del presupuesto público.

Indultos. Prácticamente todos los partidos de la oposición consultados (PSOE, IU, UPyD, Podemos) exigen cambiar la ley para que el Gobierno esté obligado a motivar los indultos, es decir, a explicar por qué los concede. Todos ellos piden también prohibirlos o restringirlos mucho en los casos de corrupción política (UPyD solo propone “estudiar” esa prohibición parcial, y reclama un procedimiento que facilite la revisión posterior de los indultos por el Tribunal Supremo).

¿Cuándo dimitir? ¿Cuándo un cargo público investigado por corrupción debe ser obligado por ley a dimitir, o un candidato ser expulsado de una lista electoral? PSOE y UPyD defienden que sea en el momento en el que se dicta la apertura del juicio oral; porque la mera imputación, señalan, no siempre es consecuencia de la existencia de indicios de delito, y obligar a dimitir a un político en esa fase podría favorecer la presentación de denuncias falsas a las puertas de unas elecciones, por ejemplo. IU y PNV utilizan una expresión equivalente: la dimisión debe producirse en el momento del “procesamiento”. CiU no se pronuncia. Podemos afirma que, por respeto a la presunción de inocencia, no debe haber obligación de dimitir hasta la existencia de una “condena”; aunque añade que, por “decencia política”, el cargo que crea que su imputación o procesamiento puede perjudicar a su partido debe apartarse voluntariamente.

Control a los cargos públicos. El PSOE es partidario de “aumentar el control parlamentario al Gobierno, suprimiendo algunas restricciones”. IU y Podemos defienden una figura nueva, el revocatorio: la posibilidad de desalojar a ciertos cargos públicos a mitad de mandato si los electores deciden que no han cumplido con su compromiso electoral (en un referéndum que habría que convocar a propuesta de, por ejemplo, un 20% de los miembros del censo). UPyD cree que esa figura “no es factible, porque en España no existe el mandato representativo y los programas no tienen efectos jurídicos”; defiende, además, que “tampoco sería bueno, porque una parte de la acción de gobierno es adaptarse a las necesidades u obstáculos que van surgiendo”. UPyD sí propone crear un grupo de expertos para plantear límites a la puerta giratoria (el paso al sector privado de excargos públicos). Podemos pide ampliar de dos a cinco años el plazo durante el cual el cargo público no podrá ejercer en la actividad privada, y que en ningún caso pueda hacerlo en empresas de sectores sobre los que haya legislado directamente.

Las propuestas del PP

Penas más altas. El Partido Popular (PP) ha propuesto en la reforma del Código Penal, que se encuentra en trámite parlamentario, el endurecimiento de las penas en los supuestos de prevaricación de especial gravedad, la ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias y la revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales. Aumenta las condenas máximas para los delitos patrimoniales más graves.

Transparencia. El PP ha aprobado la ley, que entrará en vigor el próximo año, para regular el derecho a la información pública. Esta norma incluye en su ámbito de aplicación a los partidos y los sindicatos. Regula el derecho a la información pública y establece la creación del Consejo de Transparencia, que velará por su cumplimiento.

Donaciones a partidos. En la reforma del Código Penal el PP ha introducido nuevos delitos relacionados con la financiación y gestión de partidos: falsedad contable, administración desleal de fondos, financiación ilegal de partidos (hasta ahora un delito inexistente) y nuevas medidas contra la ocultación de bienes. Para el control económico de los partidos, el proyecto de ley impulsado por el PP, ahora en tramitación parlamentaria, prohíbe las donaciones procedentes de empresas y las condonaciones bancarias de las deudas de los partidos. No se podrán conceder créditos a los partidos con intereses por debajo de los que marca el mercado y las formaciones no se podrán financiar a través de Gobiernos u organismos extranjeros. Los partidos publicarán en su web el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y los gerentes o tesoreros responsables de cada partido deberán reunir “condiciones de honorabilidad”.

Personal de confianza. El proyecto de ley del Ejercicio de Alto Cargo, en trámite, fija la publicación de los salarios de altos cargos, la prohibición de que utilicen tarjetas de crédito para gastos de representación o medidas de control de enriquecimiento injustificado durante su paso por la política. No podrán acceder al puesto los condenados en firme a prisión por una serie de delitos, como delitos contra el patrimonio, contra la Constitución o contra el orden público.

 Evitar las “puertas giratorias”. Ampliación a más casos del régimen de incompatibilidades que impide a un alto cargo prestar servicio durante los dos años posteriores a su cese en una empresa que haya resultado beneficiada por decisiones en las que haya participado. Cuando tome posesión, todo alto cargo tendrá tres meses para declarar las actividades que hubiera desempeñado en los dos años anteriores, junto a una declaración de bienes y patrimonio. Las pensiones o prestaciones serán incompatibles con cualquier retribución pública o privada posterior a su actividad, con excepciones. Los altos cargos ejercerán con dedicación exclusiva y no podrán cobrar dos sueldos públicos. No podrán tener más del 10% de las participaciones de una empresa que contrate con el sector público o que reciba subvenciones. Al abandonar sus funciones, su patrimonio se someterá a examen.

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