Los Pactos de la Moncloa y la fugacidad de Fuentes Quintana

No es fácil encontrar en la pequeña historia de la Transición, ni quizá en la mayor, un caso tan notable como el de Enrique Fuentes Quintana, que con apenas ocho meses de permanencia en un Gobierno, marcara tanto —allí ha quedado, con tinta indeleble — su paso por la política. Tras las primeras elecciones de junio de 1977, Adolfo Suárez, aquel cuasi desconocido que tan pocas esperanzas había despertado, entendió que aquella incipiente apertura hacia una democracia plena necesitaba una apertura económica —hacia la modernidad, hacia Europa— de similar envergadura. Creó la figura de un vicepresidente económico, ni siquiera un ministro de Economía había existido hasta entonces, y encargó la tarea a un profesor universitario de renombre y pasado en absoluto revolucionario. Y en tan poco tiempo, desde el 5 de julio de 1977 al 23 de febrero de 1978, tuvo tiempo Fuentes Quintana de articular, entre otras cosas, los Pactos de la Moncloa, de obligado recuerdo cuando se escarba en aquellos turbulentos tiempos. Pequeña digresión: un 23 de febrero (1981) fue el golpe de Estado de Tejero, otro 23 de febrero (1983) anunciaba Miguel Boyer la expropiación de Rumasa, y el 23 de febrero de 1984 ETA asesinaba al senador socialista Enrique Casas.

El terremoto político de aquellos días está en la memoria —vivida o leída — de todos los españoles. ¿Pero qué panorama económico contemplaban los ciudadanos mientras se emprendían aquellas enormes reformas? Pues veían ante sí un desastre, una ruina, una calamidad. Veamos algunos datos para intentar objetivar aquel caos.

El paro alcanzó en 1977 el 5,7%, y subió hasta el 7,6 al año siguiente. Se superó por primera vez en la historia el listón del millón de parados. Cifras ridículas hoy, por supuesto, pero preocupantes entonces, sobre todo porque la progresión era espectacular.

La deuda exterior acumula 14.000 millones de dólares entre 1973 y 1977, un importe que superaba el triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España. De nuevo la comparación odiosa. Hoy, 2014, la deuda exterior es de 1,67 billones de euros, el 163% del PIB. Pero ese es otro cantar…

Por último, para no alargar en exceso estos trazos, la inflación se movía en niveles —ahora sí— inimaginables: del 20% de 1976 se pasó a mediados de 1977 al 44%. Para un mejor entendimiento del dato, el promedio de los países de la OCDE estaba en el 10%. Era habitual que los bancos aplicaran un interés cercano a ese 20% a los préstamos a particulares para adquirir un coche o una casa.

Hay que sumar a todo ello que no existía una Hacienda que de verdad recaudara impuestos para sostener el Estado. Los capitales se iban y nadie cumplía con unas obligaciones fiscales ridículas. Al tiempo, la conflictividad laboral estallaba por todas partes para intentar romper las costuras de un régimen todavía atado a las leyes franquistas, tan restrictivas con las libertades mínimas de asociación sindical o manifestación, por no hablar del derecho a la huelga. Era, en definitiva, un régimen económico arcaico para intentar integrarse en Europa, basado, además, en la pura represión de las reivindicaciones laborales, cada vez más apremiantes, consecuencia lógica de esos datos económicos que antes citábamos.

Así que aquel primer Gobierno salido de las urnas no tuvo más remedio, si quería sobrevivir, que encarar de frente la catástrofe que amenazaba con dejar en puras ruinas lo poquito construido. Decíamos que para ello sitúa Adolfo Suárez a Enrique Fuentes Quintana en la vicepresidencia económica. Lo primero, como reconoció Fuentes, fue quitarse de encima al ministro de Hacienda del Gobierno de Carlos Arias Navarro, Juan Miguel Villar Mir, a quien consideraba un desastre y de quien no se fiaba ni un pelo. Como la vida es breve y complicada, es el mismo Villar Mir que 30 años después tan generosamente llenaba las arcas del PP con suculentas entregas al hoy conocido recluso de Soto del Real, Luis Bárcenas Gutiérrez. En su lugar se nombró a Francisco Fernández Ordóñez.

Todavía tuvo Fuentes que vencer algunos importantes obstáculos, fuera y dentro del Gobierno, incluido el escepticismo de Suárez, más proclive a buscar un empréstito a bajo interés como solución a la crisis, para poner en marcha la única salida que entrevió para salvar al país del desastre: el consenso. Ese resquicio implicaba poner de acuerdo a todos los partidos políticos en que se responsabilizaran, el primero el Gobierno, en unos mínimos que acabaran con aquella hemorragia que arrastraba al precipicio a la debilísima democracia. La tarea parecía imposible, tal y como les hemos ido contando: un Ejército que se negaba a los cambios y amenazaba con golpes de Estado, una Iglesia remolona con la modernización de la sociedad, una violencia terrible con centenares de muertos… y algunos partidos todavía dominados por los sectores más extremistas. Por si eran pocos los problemas, había que contar con unos sindicatos de legalidad recién estrenada, porque todos eran conscientes de que sin la aprobación de los trabajadores nada sería posible: aunque no estamparan su firma en aquellos acuerdos, había que conseguir que dieran su aprobación, aunque fuera —como ocurrió— a regañadientes. Eran las épocas, además —imposible explicar aquí por qué— , de los enfrentamientos feroces entre UGT y CCOO.

Pues a pesar de todo ello, millones de problemas uno tras otro, se logró el acuerdo, y los pactos se firmaron, de forma solemne, en el Palacio de la Moncloa en octubre de 1977. Poco después, Fraga se descuelga del acuerdo. Si los partidos de la oposición habían puesto su firma en aquellos documentos porque se aprobaban, al tiempo, una serie de medidas para implantar las libertades que entonces aún faltaban —reforma económica, sí, pero también política— el líder de AP, el nombre de entonces del Partido Popular de hoy, Manuel Fraga —Vitoria, Montejurra, “La calle es mía”— todavía no aceptaba la democracia como tal.

El texto íntegro, 40 páginas, de los Pactos de la Moncloa era, en realidad, todo un plan económico de muy largo alcance (reforma fiscal, control de gasto público, política de urbanismo, suelo y vivienda… reforma de la seguridad social y del sistema financiero, política energética), que hubiera necesitado para su cumplimiento una estabilidad política posterior de la que careció el país. Pero solo con la implantación de las medidas inmediatas que se proponían, con la reforma fiscal en primer plano, ya se logró mucho.

Únase a ello lo que significaron los cambios políticos que allí se firmaron, con acuerdos tan inauditos para la mentalidad de hoy como la despenalización del adulterio y el amancebamiento. Se quería acabar con este artículo del Código Penal que castigaba el primero de los supuestos: “El adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio”. También se acordó regularizar, y por tanto despenalizar, la expedición de anticonceptivos. Por no hablar de una modesta puesta al día de las fuerzas de orden público, etcétera. Hay que recordar que en aquel momento todavía no había Constitución, que no llegaría hasta un año después, por lo que fue la primera vez que se ensayó un cambio político con el acuerdo de la oposición, un magnífico entrenamiento para las posteriores dosis de consenso que hicieron viable la Constitución de 1978 que aún rige nuestra convivencia.

A que los pactos alcanzaran sus objetivos colaboraron también los sindicatos —muchos de sus dirigentes recién salidos de la cárcel, como Marcelino Camacho, el líder de Comisiones Obreras- que aceptaron medidas muy duras de congelación o reducción salarial, y que finalmente, en los primeros años ochenta, firmaron importantes acuerdos marco con las patronales. Fuentes Quintana sabía de las dificultades y trató de repartir las cargas, pero poco le duró el impulso regeneracionista a la derecha que había aceptado los Pactos, que enseguida vio —al igual que la CEOE— que el cumplimiento real de aquellos Pactos ponía en peligro sus privilegios. Salta del Gobierno Fuentes Quintana apenas cuatro meses después, y el ala más derechista de UCD vuelve a hacerse con los mandos. La única excepción, Francisco Fernández Ordóñez, al que dejan acabar —como ya vimos— la reforma fiscal.

Contaba Fuentes Quintana en una entrevista a Carlos Sánchez, en 2002, que lo primero que iba a hacer cuando llegara al cielo —murió en 2007, víctima del alzhéimer— era “presentar a San Pedro un gráfico para demostrarle que gracias a los Pactos de la Moncloa la inflación española pasó del 40% de mediados del año 77 hasta el 2% en 1998, lo que permitió a este país formar parte del euro desde el primer día”.

Paso fugaz el de Fuentes Quintana. Pero perdurable.