El examen de altos cargos gana puntos

La polémica renovación del Tribunal Constitucional en 2012, tras un bloqueo de tres años por la bronca entre el PP y el PSOE, o las insistentes críticas a la politización del Consejo General del Poder Judicial, han llevado al PSOE a proponer una nueva forma de designación de altos cargos de órganos constitucionales. Es lo que su secretario general, Pedro Sánchez, llama “descolonización”: que organismos como el Banco de España o la Comisión del Mercado de Valores sean presididos por personas examinadas por comisiones independientes adscritas al Parlamento, y no directamente por los partidos.

Los expertos consultados, catedráticos de cuatro universidades españolas, coinciden en que la idea surge de la “grave desafección ciudadana”, hacia la política y los políticos, y respaldan, aunque con matices, la iniciativa para evitar que las instituciones estén al servicio de los intereses de un partido.

Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, califica la propuesta de “saludable”, a expensas de una mayor concreción. “Los ciudadanos agradecen ese tipo de reformas, sobre todo cuando vemos que, por intereses de partido, se bloquea el trabajo de las instituciones”. Oñate apunta a que no se trata de un simple problema de legislación, sino de actitud, de acuerdo entre partidos: “Sin una verdadera voluntad de regeneración de la vida política, esto tiene difícil arreglo. Si los partidos no adoptan un pacto, no dejará de ser un brindis al sol”. Oñate reta a las fuerzas políticas a que se comprometan públicamente a no obstaculizar los nombramientos de altos cargos: “Que digan que ningún acuerdo para un nombramiento se retrasará más de un mes”.

Otras propuestas desde el ámbito académico las formula Josep María Vallés, catedrático y profesor emérito de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona. Las “comisiones de acreditación pueden favorecer un juicio menos sectario sobre los posibles candidatos. Pero serán poco efectivas si no se cumplen otros requisitos”, matiza. Habla de la necesidad de lo que él llama descompresión partidista: “Que los candidatos a ocupar instituciones no hayan ocupado puestos políticos electivos o ejecutivos en los años inmediatamente anteriores a la candidatura”. Eso evitaría que los cargos fuesen una “recompensa por méritos o fidelidad partidaria”. Vallés apuesta por más de un candidato para cada puesto y reclama libertad de voto para los parlamentarios a la hora de decantarse por una opción. Esto debilitaría, dice, la tentación de la “cuota partidista”. “Está claro que esta recomendación va a contracorriente de los reglamentos de los grupos parlamentarios y de sus prácticas jerárquicas, pero si no se corrigen en este y otros puntos, la vida parlamentaria continuará en su actual irrelevancia ante la mayoría de la opinión ciudadana”. También reclama reformas internas en los partidos, como “una transformación progresiva en la cultura sectaria y autoritaria de buena parte de las élites partidistas”.

Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, cree que “se han instrumentalizado las decisiones de quienes encabezan las instituciones, se ha perdido el sentido que las convierte en un instrumento del Estado”. “El problema es que no hay una propuesta dogmática a la disyuntiva entre conocimiento técnico y politización. Queremos que los políticos sean los que decidan y que los técnicos les ayuden a tomar esas decisiones al informarles de las consecuencias que tiene optar por un camino o por otro”. Vallespín pide también que se valore en los candidatos una trayectoria de “honestidad e integridad”, y no solo la capacidad técnica.

Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e impulsor de numerosas iniciativas sobre políticas públicas, apunta que hay un “problema de falta de perfil, de currículum y de talla”, en los nombramientos. No comparte que los candidatos, como pretende el PSOE, tengan que “autopostularse como si fuesen opositores”, por el riesgo de perder prestigio si no salen elegidos. “De lo que se trata es de que existan esas comisiones que valoren con rigor y que filtren a quienes no dan la talla”.

Por su parte, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid, recuerda como miembro de Transparencia Internacional que la organización ha propuesto casi todas estas medidas. "La asunción de las mismas por un partido que puede gobernar nos da mucha esperanza. La descolonización de las instituciones de control y rendición de cuentas, así como de las judiciales (incluido el Tribunal de Constitucional) es fundamental si queremos evitar que la impunidad campee y que decisiones erróneas se repitan. El método elegido por el PSOE puede ser válido si todos los actores relevantes actúan con honestidad y buena fe. Esperemos que estas ideas constituyan una de las guías de acción del nuevo PSOE".