La Junta difunde las 1.162 entidades a las que exoneró de justificar ayudas

El Ejecutivo de Susana Díaz ha dado otro paso en su intento de desligarse de la gestión de las ayudas públicas para formación para el empleo que concedieron los anteriores Gobiernos de Andalucía, siempre en manos del PSOE, salvo en la legislatura actual en la que los socialistas comparten el poder con IU. La Junta ha difundido el listado de entidades a las que en diciembre de 2012 se exoneró de justificar subvenciones pasadas para que pudieran acogerse a la última convocatoria de cursos de formación para el empleo. En total, en la resolución aparecen 1.162 entidades a las que se les concedió esta medida, contemplada en la ley como algo extraordinario que se permite sólo por el “especial interés social”.

En ese enorme listado aparecen asociaciones de discapacitados, Ayuntamientos y Diputaciones de todos los colores, ONG, empresas privadas, sindicatos, patronales, organizaciones agrarias, personas físicas... Y también, algunas de las empresas del entramado del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por el fraude en el uso de esas ayudas públicas.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha sido el que ha anunciado que la Junta iba a publicar ese listado, “para que no se siga especulando con a quién se le dio o se le dejó de dar”. Tras reiterar que las exoneraciones no significan “perdonar” la justificación de las ayudas recibidas y que la ley permite utilizar esta figura, Cornejo ha recordado que el actual Ejecutivo andaluz ha decidido no emplear más estas excepciones. “Nosotros no somos partidarios y por eso no lo va a hacer el Gobierno de Susana Díaz, pero eran legales”, reitera.

Tanto Cornejo como fuentes de la Junta han admitido que en el origen del problema —es decir, que se utilizara algo que era excepcional como la forma habitual de proceder— estaba la propia Administración, que no era capaz de verificar a tiempo las justificaciones presentadas por las entidades. “La Administración no tuvo capacidad de respuesta”, admiten fuentes del Gobierno autónomo. En el listado difundido se detallan cerca de 3.000 expedientes, correspondientes a ayudas de entre 2008 y 2011, que estaban pendientes de certificación. El Ejecutivo andaluz mantiene abierto ahora un proceso de revisión de los expedientes de esas fechas, que se prevé que se concluya a finales de 2015.

Al no estar justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad, la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía establece que se le debía bloquear el pago de nuevas ayudas a las 1.162 entidades que aparecen en la resolución. Pero no fue así. El entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, firmó la exoneración masiva acogiéndose a un apartado de esa misma ley en la que se fija que se les podrá exceptuar de esa justificación cuando concurran “circunstancias de especial interés social”. En la resolución se sostiene que la paralización de las ayudas supondría “un importante perjuicio final a los beneficiarios finales”, es decir, a los desempleados a los que iba dirigida esta línea de ayudas. Además, se apunta que “la severa crisis económica está ocasionando graves problemas de financiación a las entidades beneficiarias generando dificultades para afrontar los gastos derivados de la ejecución de los proyectos objeto de subvención”.

De la utilización de las exoneraciones como instrumento habitual de gestión ya había alertado la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización a principios de año. Cuando Ojeda fue detenido y se conoció que también se había beneficiado de exoneraciones, la Junta sostuvo que ese instrumento también se utilizó con Ayuntamientos del PP y con sociedades de militantes populares. Pero no fue hasta este lunes cuando la Junta se ha decidido a hacer público el listado completo. Lo ha hecho tras la publicación en El Mundo de una información en la que se detallaba que el actual secretario de Agricultura del PSOE andaluz, José Fernández, fue administrador de una sociedad que también fue exonerada. Fernández estuvo al frente de esta empresa cuando no ocupaba cargos públicos. Cornejo ha sostenido que en el expediente de Fernández “todo ha sido legal”, se ha “justificado la subvención” y “se dieron los cursos que tuvieron que darse”.