Pujol 3% Ferrusola

El socialista Pascual Maragall disparó el 24 de febrero de 2005 desde su tribuna de presidente de la Generalitat siete palabras letales contra los nacionalistas de CiU, que habían gobernado 23 años seguidos en Cataluña: “Su problema se llama 3%”. Aquel ataque a la honorabilidad de Jordi Pujol i Soley y de todos sus consejeros, a los que acusó de una práctica corrupta continuada consistente en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, tenía fundamento.

Los socialistas llegaron al Gobierno de Cataluña el 16 de diciembre de 2003 gracias a un pacto con ERC e ICV que dejó a CiU en la oposición por primera vez en la reciente etapa democrática. Tras un año de mandato, el presidente Maragall tuvo que encarar su primera gran crisis por el derrumbe en las obras del túnel de metro de la Línea 9 a su paso por El Carmel, un barrio obrero de Barcelona. Los trabajos fueron adjudicados por el Gobierno de Jordi Pujol.

Maragall aceptó debatir en un pleno monográfico sobre las causas y consecuencias de la desgraciada obra del subterráneo. Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial, aludió en su intervención a las malas prácticas que había detectado en la empresa pública GISA, encargada de la adjudicación de las obras en la Generalitat: “Existe una enmarañada toma de decisiones, ineficaz estructura interna y un círculo vicioso de la externalización, concentración de adjudicaciones en unas pocas empresas y subcontratación”.

CiU replicó que el nuevo Gobierno de Maragall había roto el círculo de confianza entre GISA, sus técnicos y las constructoras. Y Nadal replicó: “Quizás hemos roto otra clase de círculo”. La sombra de la sospecha era demasiado alargada.

Dolido por las alusiones del consejero socialista, Artur Mas, sucesor de Pujol, retó desde la tribuna a Maragall a que interviniera. Ese envite desencadenó la tormenta.

Maragall: Ustedes se han picado, se sienten culpables, se sienten señalados por una acusación que nadie les ha lanzado. La historia les pasará factura.

Diputados de CiU: Artur Mas ha ganado las elecciones.

Maragall: Han ganado tantas que no le veo gobernar.

Mas. Usted tiene la piel muy fina. El orgullo lleno y el amor propio hinchado. No le hemos hecho ninguna acusación personal.

Maragall. Ustedes tienen un problema que se llama 3%.

Esas siete palabras mortíferas levantaron una sospecha tan grande sobre los Gobiernos de CiU como el socavón en El Carmel por las obras del metro.

Mas decidió entonces echar un órdago para salir del apuro: “Sabe que nuestro grupo estaba dispuesto a colaborar, a hacer cosas conjuntamente con ustedes, pero ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas y ha roto la confianza”.

Las adjudicatarias no tienen pruebas de trabajos de Jordi Pujol hijo

Todos entendieron lo que Mas sugería: si el Gobierno de Maragall atizaba el fuego del escándalo de la corrupción en los Ejecutivos de Jordi Pujol, CiU no colaboraría en la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, origen de la deriva soberanista que ahora, nueve años después, amenaza con un choque institucional grave.

No se han podido justificar los precios pagados por supuestos servicios

Maragall: Accedo a su demanda porque Cataluña tiene ante sí cosas muy importantes que hacer y quiero que se cumplan.

El Gobierno catalán no quiso o no pudo probar sus acusaciones. Sólo cinco meses después de aquel tumultuoso pleno celebrado en el Parlament, con las cenizas de la sospecha todavía humeantes, Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, y su esposa, Mercè Gironès, intermediaron supuestamente en la compra de unas fincas en Hospitalet por 30 millones de euros a favor de Copisa, una de las mayores contratistas de la Generalitat. E intentaron cobrar su 3%.

La propietaria de la finca de Hospitalet, Laura Cutillas Santillan, ha contado ahora a la policía cómo poco después de escriturar aquella venta de sus terrenos a Copisa se presentó en la sede de su empresa Ramon Gironès, el suegro de Jordi Pujol Ferrusola, y reclamó el 3% (900.000 euros) del importe total de la operación en concepto de intermediación. Cutillas se sorprendió porque ignoraba que en la operación hubieran existido intermediarios, pero explicó a la policía que acabó pagando el 1%, víctima de múltiples presiones.

No es la única prueba que los agentes han puesto en manos del juez Pablo Ruz para demostrar cómo Jordi Pujol Ferrusola, a través de tres de las empresas que creó junto a su esposa, ha estado cobrando supuestas comisiones ilegales —del 2% o del 3%— en distintas operaciones entre empresas a las que supuestamente asesoraba.

En las compras de unas parcelas en Tarrasa por parte de la sociedad Construcción Materiales y Pavimentos Inmobiliarios, filial de Copisa, Pujol Ferrusola cobró 382.336 euros, el 2% del precio total de la operación. En una transacción similar en Hospitalet con la misma empresa, el matrimonio ingresó 394.018 euros, el 2% del precio de la venta.

Simper Office, otra filial de Copisa, adquirió dos oficinas en Madrid. El propietario había anunciado la venta en prensa y le había dicho al conserje de la finca que publicitara la misma. Simper Office compró y Pujol Ferrusola se embolsó 175.740 euros, el 3% del precio pactado. El vendedor ha declarado ahora a la policía que no conoce al hijo mayor del expresidente catalán y que en la operación nunca hubo intermediarios.

El grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) interrogó durante los últimos tres meses, por orden del juez Pablo Ruz, a gerentes de al menos 11 empresas, todas contratistas de la Generalitat, que pagaron a Jordi Pujol Ferrusola por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación. La mayoría no presentó las pruebas documentales de los trabajos de Pujol Ferrusola, ni siquiera pudo justificar el precio pagado por los supuestos servicios contratados.

La policía sostiene que el hijo mayor del expresidente catalán ingresó cerca de ocho millones de euros entre 2004 y 2012 por trabajos de asesoría, consultoría e intermediación que en realidad nunca hizo. Se trataba, según los investigadores, de un simple “ejercicio de simulación para la percepción de comisiones ilegales basadas en falsas relaciones comerciales”.

Hace nueve años, Cataluña tenía ante sí “cosas muy importantes que hacer” y evitó investigar la corrupción que denunció su entonces presidente Maragall. Nueve años después, un juez de la Audiencia Nacional tiene encima de su mesa las pruebas de un problema llamado 3%.