El PSOE recurre hoy la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha

El alcalde de Toledo y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presenta hoy recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatuto de Autonomía impulsado por el Gobierno regional de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que no ha contado con el apoyo de ningún otro partido.

Esgrimiendo el argumento de la austeridad, el Ejecutivo autonómico impulsó la modificación del artículo 10.2 del Estatuto, el que determina que las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 47 diputados y un máximo de 59. Este cambio establece finalmente una horquilla de 25 a 35 escaños. El Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la reforma el pasado mes de marzo con los votos del PP, mientras que el resto de los grupos calificó el cambio legal de “pucherazo”.

En las elecciones autonómicas de 2011 Cospedal ganó por un solo escaño. El PP y el PSOE empataron en Albacete, Cuenca y Toledo, donde había número par de escaños, y el PSOE ganó por un escaño en Ciudad Real y el PP por dos en Guadalajara. Esta última provincia, que le valió la victoria a los populares, podría ahora ser primada porque la reducción de escaños reduce la proporcionalidad en función de la población. En la práctica el sistema se convierte en mayoritario, no proporcional, y entre solo dos partidos.

Ley electoral

Fue el pasado mes de junio cuando el PSOE anunció un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía, que firman unos 50 senadores del principal partido de la oposición, y este lunes se celebrará en el Parlamento regional el pleno en el que previsiblemente se aprobará la Ley Electoral para reducir el número de diputados.

Las Cortes de Castilla-La Mancha cuentan actualmente con 49 diputados, a los que el Gobierno regional quitó el sueldo fijo para dejarlo en dietas. El PSOE de García-Page lideró la oposición contra esta medida. Los socialistas, Izquierda Unida y otras fuerzas de esa comunidad entienden que supone una devaluación del trabajo parlamentario y, además, puede afectar al trabajo y a la dedicación exclusiva de los diputados autonómicos, que se verían obligados a tener otras ocupaciones.