Bárcenas y el PP no llegan a un acuerdo para evitar el juicio por despido

El juicio por el despido improcedente del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha comenzado ante la imposibilidad de que las dos partes, el responsable de las cuentas del partido y la formación conservadora, hayan alcanzado acuerdo alguno.

Con más de una hora de retraso y con la presencia del propio Bárcenas a través de videoconferencia y desde la prisión de Soto del Real, en la que está encarcelado desde hace casi un año, ha comenzado el juicio ante la ausencia de una conciliación. El letrado de Bárcenas alega que los más 700.000 euros que recibió desde abril de 2010 hasta enero de 2013, corresponden a nóminas mientras que el abogado del PP asegura que se trata de la indemnización pactad en 2010 y pagada a lo largo de los años.

En su alegato, el abogado de Luis Bárcenas ha criticado que el PP se refiriera a una indemnización en diferido cuando "de ser cierto, sería un fraude a la seguridad, un fraude por haber cotizado de forma irregular por un trabajador".

El letrado del PP, por su parte, ha justificado que la indemnización que el partido considera pagada se abonara de forma troceada porque, de esta manera, la retención era menor. Ha asegurado que el despido fue pactado y que fue Bárcenas quien cambió su versión a partir de febrero de 2013. "El PP ha seguido con la misma tesis desde el primer día", ha señalado, "El PP tenía un problema con el tesorero pero lo que no quiso tener nunca es con Hacienda y con la Seguridad Social", ha señalado el letrado en dos ocasiones.

El juzgado de lo social número 16 de Madrid celebra hoy el juicio por la demanda de despido improcedente que el ex tesorero Luis Bárcenas presentó contra el PP el 19 de febrero de 2013. El PP le dio de baja en la Seguridad Social el 31 de enero de aquel año, el mismo día que el diario EL PAÍS publicaba los denominados cuadernos de Bárcenas, donde se registraban las entradas y salidas de dinero de la caja b de la formación conservadora. Hasta aquel día, el ex tesorero del PP seguía en la nómina de Génova 13 pese a que llevaba más de cuatro años imputado por corrupción en el caso Gürtel y pese a que se conocía, desde un mes antes, que Bárcenas ocultaba una fortuna en dos bancos suizos.

En su demanda de despido improcedente, Bárcenas relata que había ostentado el cargo de tesorero nacional del partido hasta marzo de 2010 -aunque el PP comunicó su destitución en julio de 2009, cuando fue imputado por el Supremo- y que desde entonces pasó a ser "asesor de la formación conservadora con un sueldo mensual de 21.300 euros, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias".

Bárcenas explica en su escrito al juez que conoció su despido por noticias aparecidas en la prensa, por lo que accedió a su vida laboral y comprobó el 18 de febrero de 2012 que la empresa le había dado de baja en la Seguridad Social con fecha 31 de enero de ese año.

El ex tesorero manifiesta en su demanda que no está de acuerdo con la baja causada en la empresa, que se realizó sin su "conocimiento, consentimiento ni autorización", toda vez que hasta esa fecha nadie del PP le había comunicado que prescindía de sus servicios ni que hubieran extinguido la relación laboral que mantenían con él.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, intentó explicar en conferencia de prensa que lo que había cobrado durante todo ese tiempo Bárcenas era una indemnización en diferido desde que decidieron destituirle de su cargo de tesorero. "“La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido (…) en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una (…) de lo que antes era una retribución (…) tenía que tener la retención a la Seguridad Social”, explicó.

Bárcenas ha relatado al juez Pablo Ruz que durante una reunión con el presidente del PP, Mariano Rajoy, acordó un trato laboral de privilegio dentro de la formación conservadora pese a su imputación por corrupción. Ese trato consistía en disponer del mayor sueldo de cuantos se pagaban en el partido, coche oficial, secretaria y despacho en la sede de Génova, 13.

Su situación cambió el mismo día que EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas en los que el ex tesorero apuntó durante casi 20 años la entrada ilegal de fondos en el partido procedentes de donantes que no podían aportar dinero a la formación conservadora porque lo tenían prohibido por Ley.