CC OO y UGT se reúnen con Gallardón para salvar de la cárcel a seis huelguistas

La reunión que este lunes mantendrán los máximos responsables de CC OO y UGT con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene un objetivo: desactivar hasta donde sea posible las 81 causas judiciales abiertas en toda España contra 260 afiliados por participar en piquetes en diversas protestas. Las centrales creen que los juzgados están actuando con la mayor severidad para "criminalizar", el derecho fundamental de la huelga y se han movilizado para evitar que las primeras seis personas condenadas ingresen en prisión.

Se trata de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, condenados en Vigo en mayo de 2011 a tres años de cárcel por "impedir a un grupo de trabajadores acudir a su puesto de trabajo lanzándoles objetos al vehículo en el que se encontraban", durante una huelga de transportes en el año 2008. Otras dos monitoras de piscinas municipales en Pontevedra, Tamara Vidal y Ana Outerelo, tienen una condena firme de tres años por participar en un piquete de unas 50 personas que entró a empujones en uno de los centros deportivos durante las manifestaciones y tiró pintura de color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas.

La lista de los condenados se completa con Carmen Bajo y Carlos Cano, miembros del 15M de Granada, que deberán de pasar otros tres años cada uno por formar parte de un piquete que actuó en la huelga general de marzo de 2012. Están acusados de causar daños en un bar por un importe de 700 euros y de amenazar a su propietaria.

Los seis han solicitado al Ministerio de Justicia el indulto (en el caso de los vigueses por segunda vez) respaldados por decenas de miles de firmas recogidas en la calle y por declaraciones a su favor emitidas desde ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos. A espera de que resuelva el Consejo de Ministros, Cándido Méndez, secretario general de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, han lanzado una ofensiva en los despachos de jueces y de miembros del Gobierno para conseguir evitarlo que consideran como "actuaciones penales desproporcionadas e injustificadas", contra los trabajadores.

El pasado viernes ambos se reunieron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para entregarle el mismo informe que le harán llegar este lunes a Gallardón sobre la situación de todos los procedimientos judiciales en marcha. Entre ellos está el de ocho sindicalistas que participaron en septiembre de 2010 en una huelga contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un altercado en la sede de la firma en Getafe derivó en una carga policial que se saldó con varios heridos y en la que un policía disparó varios tiros al aire. Cuatro años después de aquellos hechos los ocho manifestantes se enfrentan a una petición del fiscal de 64 años de prisión, ocho para cada uno.

En otros casos no se piden penas de prisión pero sí se han impuesto cuantiosas multas. Un trabajador que es responsable de CCOO tiene abierto en Huelva dos procedimientos, uno penal y otro administrativo, por unos hechos ocurridos durante la huelga general de noviembre de 2012. Tiene pendientes dos sanciones muy graves con un importe conjunto de más de 60.000 euros, aunque no tendrá que abonarlas hasta que se resuelva su causa penal. 

Reforma del Código Penal

El ministro Gallardón recibirá de las centrales sindicales otra petición muy relacionada con lo anterior: la reforma del artículo 315.3 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta tres años para quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Ese artículo, en su apartado primero, dicta que "serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años los que, mediante engaño o abuso, impidieren o limitaren el ejercicicio a la libertad sindical o el derecho a la huelga". El supuesto penal sostiene la mayoría de las acusaciones en los procesamientos de huelguistas que están en marcha, aunque las centrales comparten que este artículo está pensado para evitar que los empresarios puedan coaccionar a los trabajadores y no al revés. En el ámbito judicial, además, se apunta a que la severidad de las penas no responde a una aplicación coordinada por parte de la Fiscalía, sino a la dureza de la propia legislación.  

Dentro de la ofensiva sindical también está en su punto de mira la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 22.3 recoge como causa de disolución de reuniones o manifestaciones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. En su artículo 17, el proyecto, que tiene todavía que recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, establece lo siguiente: "Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales". Toxo y Méndez expondrán ante el ministro su preocupación porque esta norma sea un arma para criminalizar las protestas. Más aún cuando reuniones ante el Congreso, el Senado, y los parlamentos autonómicos podrán ser consideradas serán faltas graves cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.