La juez militar envía a prisión a un legionario por las torturas en Irak

Por primera vez en la etapa democrática, un militar español está en prisión acusado de un delito contra las leyes y usos de la guerra. La titular del Juzgado Togado Militar Territorial nº 12, la capitán Patricia Moncada, con el respaldo de la Fiscalía castrense, ordenó el pasado fin de semana el ingreso de un legionario en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) por su presunta participación en los malos tratos infligidos a prisioneros en la base de las tropas españolas en Irak, a principios de 2004.

La prisión preventiva de este militar, destinado en el Tercio Alejandro Farnesio de la Legión, con sede en Ronda (Málaga), donde su encarcelamiento ha causado considerable revuelo, es consecuencia de la investigación abierta tras la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que se veía cómo tres militares pateaban con saña a dos prisioneros tendidos en el suelo de una celda, mientras otros dos observaban desde la puerta y un sexto rodaba la brutal escena.

El artículo 76 del Código Penal Militar castiga con una pena de 10 a 25 años de prisión al “militar que intencionalmente causare la muerte o lesiones graves, torturas […]o trato inhumano a […]prisionero de guerra […][...] o le causare de propósito graves sufrimientos”. La prescripción de este delito no se produce hasta transcurridos 15 o 20 años de su comisión, por lo que la responsabilidad penal de los autores seguiría plenamente vigente.

Tras la difusión del vídeo, el Ejército de Tierra abrió una información sumarísima en cuyas conclusiones admitía que “su localización podría corresponder, efectivamente, con las instalaciones habilitadas para prisioneros en el cuerpo de guardia de Base España en Diwaniya (Irak)”. El Ejército trasladó el resultado de su investigación a la Justicia militar, a la que prometió prestar su “máxima colaboración para el esclarecimiento de los hechos y la depuración más completa de responsabilidades”.

Al mismo tiempo, el Ejército aseguró que “ninguno de los jefes de los contingentes destacados en Irak tuvo constancia y ni siquiera sospecha de que se infligieran malos tratos a prisioneros” y subrayó que “un caso aislado de presuntos malos tratos no puede empañar” la labor de los más de 130.000 militares españoles que han participado en misiones internacionales durante más de dos décadas.

El testimonio de un soldado anónimo ofreció en abril nuevos datos

A lo largo de los 15 meses que lleva la instrucción del caso, declarada secreta, EL PAÍS ha sido citado en tres ocasiones para prestar declaración como testigo, amparándose siempre en el secreto profesional para no revelar las fuentes. En la primera declaración se hizo entrega a la juez del material en bruto del vídeo, de 40 segundos de duración, aunque ya pixelado, por lo no se podían reconocer los rostros de los agresores ni las insignias de sus unidades.

El pasado 13 de abril, EL PAÍS publicó el testimonio de un legionario que, bajo el seudónimo de Cazorla, ofrecía detalles hasta entonces inéditos de lo sucedido. Explicaba que los detenidos habían intentado entrar en la base con un burro cargado de explosivos y que esa noche, mientras se encontraba de guardia, le contaron que unos compañeros les habían dado una paliza. “¡A los que están ahí dentro les han dado una manta de hostias! Por lo visto, hay un vídeo y todo”, le explicaron. Cazorla se acercó a ver a los prisioneros, ya que las celdas no estaban cerradas con llave y los soldados que los custodiaban le dejaron pasar. “Se acurrucaron contra la pared, estaban asustados como perrillos”, Al día siguiente, dos legionarios le amenazaron si contaba algo.

La Brigada Plus Ultra II, de la que formaba parte el legionario encarcelado por la juez, estuvo desplegada en Irak desde diciembre de 2003 hasta abril de 2004. El grueso de sus 1.300 efectivos procedía de la Brigada Extremadura, pero también contaba con una compañía del Tercio de la Legión de Ronda. El centro de detención ocupaba un barracón con cuatro celdas junto al cuerpo de guardia, por lo que por las noches eran los militares de servicio —sin formación específica para la custodia de prisioneros— quienes se encargaban de vigilarlos.

Amnistía Internacional pide que el caso pase a un tribunal civil

La identificación de todos los militares que aparecen en el vídeo y de los mandos que conocieron los hechos y no los castigaron es el objetivo central de la investigación. Respecto a las víctimas, debería ser fácil identificarlas a partir del registro de detenidos. Según una carta remitida por el Ministerio de Defensa a Amnistía Internacional en 2006, las tropas españolas detuvieron en Irak a un total de 111 personas, de las que 78 fueron entregadas a la policía iraquí y 33 trasladadas a la prisión de Abu Grhaib en Bagdad, tristemente famosa por la imágenes de humillaciones a prisioneros.

En declaraciones a EL PAÍS, Estaban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, consideró “importante que se haya producido un primer resultado en la investigación de la juez militar” y advirtió de que “las autoridades deben colaborar en el esclarecimiento completo de los hechos”. Beltrán añadió que, “pese a la importancia de este avance”, su organización sigue pensando que “la jurisdicción militar no es la adecuada para enjuiciar estos casos”, ya que “carece de la necesaria independencia e imparcialidad. Las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares deben ser enjuiciadas por tribunales ordinarios”, concluyó.