El Supremo ordena demoler una biblioteca pública ilegal en Las Palmas

El Tribunal Supremo ha ordenado la demolición de una biblioteca pública que pagó el Gobierno central y que fue construida hace una casi dos décadas junto al parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria, al entender que su edificación contravino las disposiciones urbanísticas.

En 1997, los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas sugirieron al equipo de Gobierno, que lideraba el hoy ministro de Industria, José Manuel Soria, que elaborase un plan especial para ordenar la zona donde está ubicada biblioteca que hoy se manda derribar: en aquel lugar se había previsto un parque. No se acató esta sugerencia y se siguió adelante, contraviniendo, también, la opinión de los vecinos que iban a ver cómo el lugar en el que adquirieron sus viviendas se transformaría y, particularmente, la visión del mar que tenían las viviendas cuando las compraron quedaría tapada.

El Supremo ha entendido que la construcción del edificio supuso la eliminación de zonas verdes y el alzamiento de "una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral". El alto tribunal ha detallado en sus sentencias que no se tuvieron en cuenta varios informes que invitaban a no ejecutar la construcción del inmueble. El dictamen del jefe del Servicio de Planeamiento, por ejemplo, dejaba constancia de que la construcción “desbordaba el ámbito de la parcela y se extendía por el espacio libre colindante”.

Los magistrados del Supremo rechazan la tesis defendidas por el Ayuntamiento en base a la Ley de Patrimonio e indican que la finalidad de la misma es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado, "bajo el presupuesto de que estas se hayan construido legalmente, y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".

La Sala subraya que es consciente del conflicto que se plantea cuando una actuación administrativa ya consumada, en este caso la construcción de la biblioteca, es declarada ilegal. Pero alega: "Nuestro cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del Ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, que son los ganadores del pleito

La obra costó algo más de seis millones de euros y fue ejecutada por el Ministerio de Cultura en 1997, cuando su titular era Esperanza Aguirre. Fue inaugurada posteriormente por Pilar del Castillo.

En varias ocasiones, los vecinos han denunciado cómo se les despreció al inicio de los intentos de negociación que llevaron a cabo. “Los daños que han causado no se pagan con dinero, sino con legalidad”, dicen. Isabel Mena, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que “la ley hay que cumplirla pero hay que seguir buscando resquicios por mantener en pie una infraestructura con más de 10.000 socios”. Sentencia Mena que el Partido Popular “cometió una ilegalidad que daña económica y culturalmente a la ciudad”. En el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la sentencia del Supremo, aunque esperada, cayó como un jarro de agua fría. Juan José Cardona, el alcalde, valoraba durante la tarde del martes qué hacer y si quedan posibilidades reales de evitar el derribo sin muchas esperanzas de hallarlas.