La Audiencia investiga una paliza a un empresario español en Guinea

Guinea Ecuatorial, país que visitará el miércoles el presidente Mariano Rajoy, no es un lugar seguro para los empresarios españoles. No lo es jurídicamente, pero tampoco físicamente. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está investigando la paliza sufrida en Guinea Ecuatorial por un empresario español que construía una mansión para J. Atogo, sobrina del autócrata Teodoro Obiang. Pedraz ha dirigido una comisión rogatoria a Malabo y ha reclamado al denunciante la documentación acreditativa de que se vio obligado a transferir a sus extorsionadores 250.000 euros para que le dejaran salir del país.

No es la primera vez que un empresario español es extorsionado en Guinea Ecuatorial. Esta vez, sin embargo, se pasó de las amenazas a los hechos, ya J. M. González fue víctima de una paliza que le causó “lesiones de carácter leve”, según el informe médico-forense emitido por la Audiencia Nacional. La víctima ha aportado una grabación sonora, realizada con su propio móvil, en la que se escuchan los golpes y las exclamaciones de dolor.

J. M. González se asoció, a través de su compañía Africovi, con la consultora ecuatoguineana Afrinvest, propiedad de dos españoles residentes en la excolonia española (J. Carretero y J. R. Martín-Sola) y de un ecuatoguineano (A. Nsue). Su objetivo era hacer obras de infraestructura civil en dicho país, cuya legislación exige a las empresas extranjeras buscar socios locales.

En septiembre de 2012, Africovi firmó un contrato para construir la residencia de J. Atogo —hija de Armengol, hermano de Obiang y uno de los hombres más poderosos del país— por 1,6 millones de euros. Parte del anticipo (450.000 euros) se ingresó en una cuenta del Banco Santander en España, para atender el pago de materiales y maquinaria, y el resto (150.000) se quedó en Guinea Ecuatorial para hacer frente a los gastos locales. Tres meses después, según la denuncia, el empresario comprobó que los dueños de Afrinvest habían dispuesto sin justificación del dinero ingresado en Malabo, hasta dejar la cuenta casi a cero, y que parte de los materiales se habían desviado para la casa particular del socio ecuatoguineano. J. González viajó a Malabo acompañado de un gerente de obra y un controlador financiero, para romper con sus socios.

El constructor solo pudo regresar a España tras pagar 250.000 euros

No le sería fácil. El empresario ha denunciado que fue amenazado de muerte y le advirtieron de que no saldría del país hasta que repatriara el dinero depositado en el Santander. El 4 de febrero de 2013 se presentaron en su oficina de Malabo dos de sus socios. Tras echar a los empleados y cerrar con llave, el ecuatoguineano empezó a “darle una paliza sin mediar palabra”. J. M. González recibió “pisotones y patadas en la cabeza” hasta que dos empleados lograron entrar por una puerta trasera y detener la agresión, según la denuncia.

El empresario buscó el amparo del cónsul español en Malabo, pero ni siquiera este, pese a acompañarle al aeropuerto, logró que saliese de Guinea Ecuatorial: por dos veces la policía de fronteras, en complicidad con los presuntos extorsionadores, le impidió subir al avión pese a tener la documentación en regla.

Solo cuando pagó todo el dinero que se le exigía pudo regresar a España. Afrinvest y sus tres socios, dos españoles y un ecuatoguineano, se quedó con la obra y la maquinaria, por un valor que el denunciante cifra en más de 700.000 euros.

El hecho de que entre los denunciados haya españoles ha permitido al juez Pedraz investigar el caso, pese al recorte de la justicia universal. De momento, se ha dirigido a Guinea Ecuatorial para saber si, en dicho país, dar una paliza es un delito.