El Poder Judicial pide despenalizar el aborto si el feto es inviable

El Poder Judicial ha aprobado por 10 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones el informe sobre la nueva ley del aborto que recomienda ampliar los supuestos e incluir el caso de anomalía fetal incompatible con la vida sin tener que certificar un daño psicológico. En el proyecto presentado por el Gobierno solo hay dos supuestos legales de aborto: violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”.

Con esta ajustada votación, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha logrado salvar uno de los asuntos más delicados de los que se han expuesto, en el tiempo que lleva de mandato, dadas las discrepancias en el sector mayoritario al que pertenece. Además, la aprobación del dictamen ha sido posible por la reforma de la Ley del Poder Judicial de 2013 que permite que los informes solo precisen de mayoría simple, mientras que antes requerían el voto favorable de 11 vocales. Con aquella fórmula y esta votación, el informe no hubiera salido adelante. El aprobado tras más de tres horas de debate tendrá, en cualquier caso, cuatro votos particulares.

El caso es que la mayoría de los vocales, 11 (los ocho en contra y las tres abstenciones) no han votado a favor del informe que saldrá del Poder Judicial pero la división y la disparidad entre los argumentos han hecho que no salga aldelante el dictamen que pedía que se retirara el anteproyecto de ley.

El texto que llegará al Ministerio de Justicia debía ser aprobado por mayoría simple de los 21 miembros del Pleno, que está integrado por los veinte vocales (11 designados a propuesta del PP, 6 por el PSOE y el resto a instancias de IU, PNV y CiU), además del presidente, Carlos Lesmes.

El debate partía de dos informes diametralmente opuestos. El redactado por la vocal progresista Pilar Sepúlveda pedía la retirada de la reforma, mientras que el de la conservadora Carmen Llombart solo instaba a realizar cambios puntuales. Sobre el de Sepúlveda se presentaron las alegaciones de Mercè Pigem (CiU) y Enrique Lucas (PNV), por un lado, y Fernando Grande-Marlaska (PP), por otro, han presentado al informe de Sepúlveda. 

Finalmente, 10 de los 11 integrantes del sector conservador han votado a favor del texto de Llombart, mientras que Grande-Marlaska se ha abstenido. Las otras dos abstenciones son de Pigem y Lucas.

Con un prolongado debate, el Poder Judicial ha evitado que ocurriera lo mismo que en 2009 cuando el Consejo no pudo sacar adelante su informe sobre la actual ley del aborto, ya que ninguno de los dos textos presentados obtuvo la mayoría suficiente, entonces fijada en 11 votos favorables, para ser aprobado. Fue la primera vez que una iniciativa legislativa del Gobierno no pudo ser informada por este órgano consultivo.

En relación con la ley auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, los dos textos que se han estudiado hoy coinciden al afirmar que si el feto es incompatible con la vida no hay conflicto de intereses, pues "el concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus" ni, por tanto, acogerse a la protección constitucional que éstos tienen.

Además, el informe de la vocal conservadora razona que debería darse por sentado que el conocimiento de la inviabilidad fetal causará dolor a la madre, en lugar de imponer a la mujer "una carga más" al exigirle que pruebe el daño psicológico que padecerá por parir un niño inviable.

El voto particular presentado por la vocal Nuria Díaz al informe de Llombart es discrepante con este punto y afirma, citando al Comité de Bioética, que la despenalización del aborto por anomalía fetal "es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad".

Esta alegación, cuya incorporación al informe será también sometida a votación, dice que despenalizar la eugenesia desligada del efecto en la madre o de la inviabilidad del feto, permitiéndolo ante taras físicas o psíquicas, le deja "completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad".

El otro gran punto de acuerdo entre los dos informes del CGPJ es la "desproporción" de los trámites diseñados por el Ministerio de Justicia para que la gestante aborte legalmente. Tanto Llombart como Sepúlveda consideran que exigir dos informes probatorios del daño psicológico emitidos por médicos distintos a los que practican el aborto y que no trabajen en el centro sanitario donde se realice, es excesivo.

"Parece suficiente con el informe emitido por dos médicos, distintos del que practique la intervención, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro o establecimiento médico en que se realizará la interrupción del embarazo", dice Llombart, para advertir de que la circunstancia "se agrava singularmente en el caso del peligro grave para la salud psíquica de la mujer por anomalía fetal incompatible con la vida".

Sepúlveda apunta que esta exigencia es "desproporcionada al fin perseguido", y advierte de que los informes "pueden convertirse en un trámite gravoso y oneroso, incluso económicamente, con consecuencias en las mujeres en peores circunstancias socioeconómicas que incluso imposibilite que puedan acogerse a la previsión legal aunque se encuentren en el supuesto de hecho".

El informe de la vocal conservadora no pedía directamente la retirada del anteproyecto, aunque expone deficiencias tanto en la redacción como en el contenido, como que "se echa en falta que no contenga una política general, integral de protección de la maternidad". El de la progresista, sin embargo, era taxativo: recomienda dar marcha atrás "en pura oportunidad y prudencia jurídica y política" en espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley ahora vigente.