El rechazo del presidente del CGPJ complica el informe del aborto

El Gobierno y el PSOE están en vilo por el sentido del informe que, finalmente, apruebe el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley del aborto. La Comisión de Estudios del Consejo aprobó ayer un informe elaborado por la vocal Margarita Uría, que avala plenamente la constitucionalidad del texto elaborado por el Gobierno, pero debe superar aún el escollo del pleno previsto para el día 23 de julio.

La aprobación de un texto favorable a la norma se ve dificultado por la posición del presidente del Consejo, Carlos Dívar, y deja la decisión final en manos del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp.

Los vocales de la mayoría progresista y fuentes del Gobierno y del PSOE dan por seguro que Dívar, conocido por sus fuertes convicciones religiosas, no apoyará un texto que defienda la ampliación del aborto. Fuentes del Consejo aseguran que, aunque aún no ha habido un pronunciamiento público de Dívar, el presidente ha trasladado a su entorno que se sumará el día 23 a la posición crítica de los vocales conservadores.

El informe que avala el texto del Gobierno debe ir a pleno el 23 de julio

Esta posibilidad ha alertado al Gobierno porque, aunque el informe no es vinculante, sí tiene una importante significación política, al tratarse de una norma muy polémica y debido a que el PP ha basado su oposición en la supuesta inconstitucionalidad del texto.

Hace casi un año, José Luis Rodríguez Zapatero renunció a designar a un presidente progresista y optó por Dívar, devoto católico y próximo al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. De hecho, una de sus primeras decisiones al frente del Consejo fue la de abrir el año judicial con una misa oficiada por Rouco. Dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno no se han repuesto aún de la sorpresa por aquella decisión de Zapatero. Ahora esa sorpresa va camino del disgusto.

Cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, Dívar sí se pronunció claramente en contra del aborto. Por ejemplo, el 6 de febrero de 2001 publicó un artículo en la web de la Hermandad del Valle de los Caídos en el que utilizaba como referente personal esta frase del Papa Juan Pablo II: "Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de una sociedad". Rouco impulsó recientemente un documento que instaba a los católicos a no colaborar desde las instituciones con la aprobación de la nueva ley del aborto.

En el pleno, hay nueve vocales designados por el PSOE y otros nueve por el PP. Margarita Uría, designada por el PNV, es autora del informe aprobado ayer en la Comisión y, por tanto, se alinea con el grupo progresista en favor del anteproyecto.

Si Dívar, finalmente, se alinea con el bloque conservador, se daría un empate que desharía Camp, ex diputado de CiU. Este partido no tiene una posición definida y, por ejemplo, en el Congreso da libertad de voto a sus diputados. Vocales progresistas confían en que Camps incline la balanza del Consejo a su favor.

El informe defiende claramente la constitucionalidad del proyecto y rechaza que una ley de plazos -con aborto libre hasta la semana 14- incumpla la jurisprudencia del alto tribunal. Cita expresamente como referencia a la práctica totalidad de países de nuestro entorno que ya tienen leyes de plazos y sí hace recomendaciones para incorporar en el trámite parlamentario. Por ejemplo, como adelantó EL PAÍS, que se busque una fórmula de conocimiento paterno, que no consentimiento, para las mujeres de entre 16 y 18 años. Es decir, que los padres sean informados en esos casos, dando por hecho que a esa edad las mujeres tienen madurez suficiente para decidir, ya que el Código Civil les concede capacidad para emanciparse.

Pide, no obstante, que se haga más precisa la redacción y el establecimiento de los supuestos. El informe sugiere que se cree un registro de sanitarios objetores de conciencia, que sea más extensa la información que se dé previamente a las gestantes y que se dote de mayor proporcionalidad a las penas previstas por incumplir la norma.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, se felicitó por la aprobación del informe porque "hace cada día más insostenible la tesis del PP sobre la supuesta inconstitucionalidad". Montón se mostró dispuesta a estudiar las recomendaciones y mejoras que hace el Consejo General del Poder Judicial, para incorporarlas en el trámite parlamentario.