El Ayuntamiento de Barcelona intenta evitar un nuevo ‘Gamonal’

La violenta reacción tras el desalojo del Centro Social Okupado Can Vies —en el barcelonés barrio de Sants— ha disparado las alarmas en el Ayuntamiento de Barcelona y entre los cuerpos policiales. Las protestas empezaron el lunes —horas después del desalojo— y se mantuvieron hasta ayer, con el apoyo de algunos vecinos que el miércoles, en los momentos de mayor violencia, hacían sonar las cacerolas desde sus balcones contra la presencia policial. En Barcelona temen que Sants se convierta en un Gamonal, el barrio de Burgos que a través de la violencia logró frenar la construcción de un bulevar a principios de año.

Con esta obsesión, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ordenó ayer que se destinen todos los esfuerzos a intentar frenar los disturbios. “Nos están llegando presiones de todas partes”, explicaba una de las personas que a menudo hacen de puente entre el Ayuntamiento y los movimientos sociales.

Después de tanto empeño, la asociación de vecinos del barrio —el Centro Social de Sants— movió ficha ayer e intentó mediar para conseguir una reunión entre el Ayuntamiento y Can Vies. El colectivo okupa declinó la invitación porque coincidía con la asamblea que tenían prevista para decidir nuevas protestas. Aun así, fuentes del colectivo reconocieron que “si el Centro Social de Sants ofrece mediación, hay que tenerla en cuenta”. Esta asociación de vecinos apoya Can Vies y critica abiertamente un desalojo que no consideraba necesario.

La reunión se produjo finalmente ayer por la tarde entre los representantes del centro social, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Jordi Martí. Terminó sin acuerdo, pero con una propuesta: detener el derribo de lo que queda de Can Vies.

“La imagen de la excavadora ha sido el desencadenante de toda la reacción ciudadana, porque ha sido interpretada por los sectores juveniles como un símbolo de que se está destruyendo un centro social autogestionado”, argumentó ayer el presidente de la FAVB, Lluís Rabell.

No está nada claro que la suspensión del derribo sea suficiente para reanudar el diálogo con el colectivo okupa —que es el primer sorprendido por el apoyo que ha logrado en las calles—, pero es un paso adelante, “y al menos hay que intentarlo”, según consideró Rabell.

Al cierre de esta edición, todavía no había terminado la asamblea de Can Vies, pero, según fuentes cercanas, “es posible que se pida otra condición” para suspender las protestas y abrir un proceso de negociación que podría ir enfocado a exigir “la puesta en libertad de todos los detenidos”.

El diputado de la CUP David Fernández también se ofreció para ayudar en la mediación, pero advirtió de que antes será necesario “desmilitarizar” el barrio. También ha habido ofertas para mediar del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo).

Aunque se consiga abrir un proceso de negociación, será muy difícil acercar posiciones, porque el principal objetivo de los okupas era seguir en el edificio, ya casi demolido.

Además de una factura de 155.000 euros en mobiliario urbano, los tres primeros días de protestas se han saldado con el ataque a una docena de sedes de Convergència en toda Cataluña y con 38 detenidos, 18 de los cuales seguían ayer en dependencias policiales. El balance podría ser superior en función de lo sucedido anoche, durante la jornada de protesta convocada en forma de cacerolada.

Según el abogado de ocho de los arrestados, Eduardo Cáliz, las detenciones se produjeron de manera “aleatoria e indiscriminada” tras convertir el barrio de Sants en un “estado de excepción”. El letrado también criticó la violencia utilizada por los agentes y denunció que a uno de sus clientes le partieron la nariz.

Los comerciantes del barrio lamentaron ayer los incidentes y apelaron “a la responsabilidad de los movimientos sociales”.