Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Justicia encarga a El Corte Inglés un inventario de los libros del Registro Civil

El ministerio envía un cuestionario para saber el estado de conservación de los libros

El sindicato CSIF cree que la operación es un paso más en la privatización de los registros

La dirección general de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha enviado una comunicación a todos los registros civiles del país para hacer inventario de los libros, físicos y digitalizados, que acumulan en sus estanterías desde hace más de un siglo. Para ello, el Ministerio ha adjudicado el contrato, por 119.000 euros, a la empresa informática de El Corte Inglés.

Justicia ha enviado un cuestionario a los registradores en el que pregunta, entre otras cosas, por el estado de conservación de los libros anteriores a 1950, el número de tomos, su grosor o el número de metros que ocupan en sus estanterías. El inventario sobre la información de los nacimientos, defunciones, matrimonios o tutelas ha disparado la alarma entre los sindicatos, que temen que sea una "maniobra previa", a la privatización del Registro Civil

El CSIF ha exigido por escrito al ministerio que explique una medida que consideran "inaudita e incomprensible", que en su opinión "arroja serias dudas sobre el tratamiento de datos muy sensibles y deriva medios públicos a una empresa privada".  Fuentes de Justicia recuerdan sin embargo que ese inventario no tiene relación con la reforma de los registros y que hace tiempo que estaba prevista. Durante meses, el ministerio negoció con el colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles para delegar en él la gestión del Registro Civil. Desde el pasado mes de marzo las negociaciones están rotas, pero los sindicatos creen que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón no ha abandonado su idea inicial.  CSIF pide un cambio legal para que los propios funcionarios puedan certificar cualquier inscripción y "evitar así la temida privatización".

CC OO también ha denunciado que esta decisión oculta "intenciones privatizadoras", que buscan eliminar "más de 5.000 puestos de trabajo y el desmantelamiento de un servicio público que todos los españoles debemos utilizar".

El Registro Civil, que realiza cada año 1,4 millones de trámites en toda España (unos obligatorios para los ciudadanos, como las inscripciones de nacimiento y defunción, y otros voluntarios, como los cambios de apellidos).