El Supremo avala la militarización de las torres de control decretada por Zapatero

La Sala tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y avala el decreto que encomendó transitoriamente al Ministerio de Defensa tomar las torres de control para regular el espacio aéreo español durante el paro de diciembre de 2010.

El Supremo señala que el presidente del Gobierno estaba capacitado para ordenar el cierre del espacio aéreo español  y militarizar el tráfico amparándose en la Ley de Seguridad Aérea. "La magnitud de los intereses afectados otorgó razonable proporcionalidad a la medida excepcional adoptada", señala el fallo.

El Supremo se pronuncia sobre dos cuestiones: si el cierre del espacio aéreo es un hecho con bastante entidad para "encarnar las circunstancias extraordinarias que [la ley] dispone para habilitar a que el Presidente del Gobierno pueda adoptar la decisión de que la competencia sea ejercida por el Ministerio de Defensa" y un segundo supuesto, basado en que si la posterior declaración del estado de alarma se hizo siguiendo las normas. "Ambas cuestiones merecen una respuesta contraria a las tesis de la parte recurrente [los controladores]".

El plante colectivo de los controladores de aquellos 3 y 4 de diciembre de 2010  en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales dictada por el Gobierno provocó la anulación de 5.000 vuelos, con 700.000 afectados en pleno puente. El caos se apoderó de los aeropuertos y después de un duro pulso el Ejecutivo, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, decretó el estado de alarma y sometió a las torres y centros de control a la tutela militar. Durante 24 horas el espacio aéreo español estuvo cerrado y AENA abrió hasta 442 expedientes a los implicados.

Los controladores recurren su procesamiento

El juzgado de Madrid, que ha colocado a 121 controladores aéreos a un paso del banquillo por el plante colectivo en sus puestos los días 3 y 4 de diciembre de 2010, ha recibido un extenso recurso de 229 folios por el que el colectivo solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Los procesados alegan que las conversaciones telefónicas que el juez esgrime para evidenciar que su conducta fue una estrategia coordinada “resultan incompletas, se mantienen entre interlocutores no identificados que no han podido ser interrogados y parece desarrollarse en un contexto ajeno”, al de los controladores.

Las repentinas notificaciones de ansiedad y estrés que fueron presentando los empleados públicos el día 3, en la jornada donde el Gobierno decretó el cierre del espacio aéreo y el posterior estado de alarma, “a lo sumo pueden expresar una queja colectiva, una intención de futuro, pero no acreditan en absoluto un comportamiento objetivo de abandono [del puesto de trabajo]”.

Los controladores esgrimen que la decisión del cierre aéreo que derivó en un auténtico caos en pleno puente de diciembre de 2010, fue “de AENA, anterior y previa a una conducta de abandono que nunca se produce”, porque los partes de incapacidad “no suponían el abandono del puesto, sino solo poner en marcha el protocolo de verificación que manda la ley”. Ese protocolo exigiría la presencia de los servicios médicos para verificar su estado de ansiedad. Algo que, según el recurso, no se produjo. “El juzgado de Madrid llega a una conclusión contraria a la alcanzada por otros órganos judiciales”, se quejan en el recurso, y recuerdan las 21 sentencias favorables que sobre este caso han cosechado en otros puntos de España.

Delito de sedición

Sobre el posible delito de sedición (alzamiento colectivo contra el orden público), del que el juez ve indicios, el recurso recuerda que “no se puede aplicar” a este caso porque el Tribunal Constitucional “excluyó del delito de sedición cualquier comportamiento que pudiera ser entendido como huelga ilegal”, porque no podría apreciarse aquí la intención de “subvertir la seguridad del Estado”. El boicot de los controladores tuvo su origen en un decreto aprobado en la mañana del 3 de diciembre por el Consejo de Ministros y apadrinado por el entonces ministro José Blanco que significaba un aumento en la jornada de trabajo y la disminución de salarios cifrada en un 30%.