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Los jueces rechazan sustituir cárcel por trabajos en el ‘caso Pallerols’

Un exdirigente de Unió y un empresario fueron condenados a siete meses de prisión

Fueron sentenciados por desviar fondos públicos al partido

Fidel Pallerols saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona en 2013.
Fidel Pallerols saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona en 2013.

El exsecretario de organización de Unió Democràtica de Catalunya, Vicenç Gavaldà, y el empresario andorrano Fidel Pallerols han gastado, sin éxito, su última bala para evitar la cárcel. La Audiencia de Barcelona les ha comunicado hoy que no acepta su petición de sustituir las penas de prisión a las que fueron condenados en el caso Pallerols (siete meses) por trabajos en beneficio de la comunidad. El fiscal se había mostrado favorable a esa solución; los magistrados de la Sección Segunda, sin embargo, se han opuesto. Hace unos días y por motivos personales, Gavaldà ingresó voluntariamente en el centro penitenciario de Brians; Pallerols, sin embargo, sigue en libertad, aunque tras la resolución judicial lo estará por poco tiempo.

En un auto de ocho páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal arremete contra la petición de sustituir las penas por trabajos en beneficio de la comunidad. “Solo una muy flexible interpretación del ordenamiento jurídico”, recoge el escrito, hizo posible que la petición se admitiera a trámite, aunque “bien pudo ser rechazada por entrañar un fraude de ley”, razonan los magistrados. El motivo es que, tras ser condenados, Gavaldà y Pallerols ya habían pedido que se sustituyera la prisión por el pago de una multa, una medida que fue rechazada por el mismo tribunal en marzo de 2013. Los jueces esgrimen los mismos argumentos que plantearon en aquella resolución para volver a denegar la sustitución de la pena.

Tras una investigación de 14 años, el caso Pallerols se cerró en enero de 2013 con una sentencia de conformidad entre la Fiscalía y los acusados. Estos aceptaron penas mínimas de cárcel y, a cambio, reconocieron los hechos: que desviaron casi 400.000 euros de subvenciones de la Unión Europea destinadas a formación de parados a las arcas de Unió. Fue el primer caso en el que quedó probada la financiación irregular de un partido político. La formación que dirige Josep Antoni Duran Lleida, de hecho, fue condenada como responsable civil subsidiaria y se hizo cargo del pago del importe desviado.

Como la pena era netamente inferior a los dos años, los condenados pidieron la suspensión. Contra el criterio del fiscal, la Sección Segunda se opuso y “para intimidar a todos aquellos ciudadanos / políticos que pudieran sentirse tentados por la corrupción”. Lo contrario, razonaron los jueces, sería “obsceno” y equivaldría a una “cuasi impunidad” de “políticos y poderosos” que “sucumbieron a las ventajas que proporciona el ejercicio del poder”.

Desde entonces, los abogados de Pallerols (Berta del Castillo) y de Gavaldà (Manuel González Peeters) han luchado para evitar que sus clientes acabaran entre rejas. Cuando su solicitud de indulto fue denegada por el Gobierno, la Audiencia de Barcelona ordenó el ingreso inmediato en prisión de ambos. Gavaldà lo hizo voluntariamente Pallerols no, y pidió además que se le permitiera realizar trabajos sociales. Según los argumentos de su abogada, esa tarea satisfaría la exigencia de los jueces de dar ejemplo.

En el caso del exsecretario de organización, los magistrados rechazan otro de los argumentos de la defensa: que Gavaldà debería ser internado por su delicada situación psiquiátrica. Los jueces, sin embargo, consideran que la decisión “carecería de cobertura legal” y creen que su estado “ansioso-depresivo” puede ser tratado por los servicios médicos del centro penitenciario de Brians. En el caso de Pallerols, reprochan que se haya producido “otro intento de dilatar” su ingreso en prisión.

El auto contiene un voto particular, el del magistrado Javier Arzúa Arrugaeta. El magistrado discrepa de la decisión mayoritaria y considera que sí debe concederse la sustitución de la pena a Pallerols, ya que ha “reparado totalmente el daño” que causó. Arzúa argumenta que debe valorarse “especialmente” el esfuerzo de los condenados por reparar el daño y cree que deberían acordarse los trabajos en beneficio de la comunidad, “a razón de una jornada de trabajo por cada día de prisión”. Sobre Gavaldà, se opone, junto a sus compañeros, a sustituir la cárcel por trabajos.

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