Hacienda confirma a Castro que aprecia delitos fiscales por parte de Urdangarin

El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, está imputado por dos delitos fiscales, seguirá así y probablemente llegará a juicio con esta acusación entre otros supuestos penales. El último informe de la Agencia Tributaria ratifica la existencia de los dos supuestos fraudes fiscales al juez instructor del caso Urdangarin, José Castro. El instructor planteó hace dos semanas a los inspectores fiscales una batería de preguntas concretas para culminar sus investigaciones sobre la actividad económica y declaraciones tributarias del duque de Palma. Urdangarin llegó a cobrar 810.000 euros al año como asesor de empresas privadas y no pagó los impuestos de renta debidos.

Hacienda sostiene, de nuevo que en el ejercicio 2007, Iñaki Urdangarin no pagó 182.005 euros mientras que en el año 2008 la cuota no ingresada fue de 155.138 euros. En ambos ejercicios el duque de Palma sobrepasa el umbral de los 120.000 euros anuales que marcan la cuota delictiva.

En un extenso escrito entregado hoy al juzgado de Castro la Agencia Tributaria remacha las anteriores tesis que se concretaron en la querella contra el yerno del Rey de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. El juez Castro, en semanas, despejará la incógnita central de la causa: si mantiene a la infanta Cristina como imputada en su escrito de cierre de la causa o, por el contrario, la exime de responsabilidad penal por supuesta corrupción. El último escrito de Hacienda no cambia las cosas.

El exjugador de balonmano del Barça prestó servicios profesionales que cobró a través de la empresa familiar Aizoon compartida con la Infanta. Urdangarin recibió pagos de las grandes firmas Altadis, Pernod Ricard, Mixta África, Lagardère, Havas Sport, Seelinger y Condé, Motor Press y Aceros Bergara. Por las inspecciones a Urdangarin estas firmas fueron sometidas a actas y declaraciones complementarias.

Urdangarin ingresó entre 220.000 euros al año de Mixta África y 6.000 euros al mes de Aceros Bergara. La fiscalía acusa al duque por dos delitos fiscales, en 2007 y 2008, por entender que no pagó lo debido por sus ingresos personales, de renta, que canalizó en las cuentas empresariales de Aizoon, para pagar menos impuestos, al poder desgravar más.

El duque de Palma presentó en abril un alegato de defensa en el que reconocía “irregularidades administrativas” pero no fraude fiscal delictivo. El imputado asumía posibles errores y olvidos cuya responsabilidad atribuía a las compañías que le pagaron como asesor y consejero.

El esposo de la infanta recalcó que "es económicamente inverosímil" que no se le computen gastos deducibles al desarrollar su actividad profesional de asesor, que son "gastos claramente imputables". El juez recabó más datos para despejar posibles dudas sobre la actividad fiscal del deportista y miembro de la Familia Real.