La fiscalía ensalza ahora a los policías del Faisán por luchar contra ETA

La fiscalía cambió ayer su opinión sobre los policías condenados por el caso Faisán. Después de que el representante del ministerio público en la Audiencia Nacional mantuviera durante el juicio la acusación de colaboración con banda terrorista, por orden del Fiscal General del Estado, ayer, el fiscal Antonio Barranco defendió en el Supremo que esa colaboración no existió. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presidida por Juan Saavedra acogió ayer la vista de los recursos presentados por las acusaciones y las defensas de los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros, condenados a un año y medio de cárcel por revelación de secretos en el llamado caso Faisán.

Barranco recordó al tribunal que Pamiés “llevaba mucho tiempo en la lucha antiterrorista contra ETA” como argumento para descartar la posible colaboración con la banda. “Ni la intención era ayudar a ETA, ni la conducta objetiva favoreció a la banda, sino que perseguía precisamente lo contrario”, dijo ayer el fiscal para quien la conducta de los policías trataba de acabar con la actividad terrorista, tal como expuso la Audiencia en su sentencia. Ese factor, unido a las conversaciones grabadas a los implicados en las que se aludía al proceso de diálogo con ETA, justifica pensar que su conducta no fue para beneficiar a la banda, según el fiscal.

Barranco expuso cómo la jurisprudencia señala que es indiferente el móvil “por lo que hay que fijarse en la conducta”. “Es erróneo decir que ha habido colaboración, se trataba de ayudar al proceso de paz así que la conducta no era de colaboración y la intencionalidad no era la de servir a los intereses de la banda sino una conducta para acabar con la actividad terrorista”, señaló.

Esa fue la intervención más llamativa de la vista en la que el abogado del PP, personado en el caso, insistió en acusar a ambos de colaboración con ETA. El Supremo celebró ayer la vista de los recursos contra estos dos altos mandos policiales que, durante años, participaron en lucha antiterrorista en el País Vasco. Después de que la Audiencia los condenara por revelación de secretos —al considerarlos autores del chivatazo que en mayo de 2006 frustró una operación policial contra la red de extorsión de ETA con centro en el bar Faisán de Irún— y los absolviera de colaboración con la banda —por considerar que con su actitud no tenían por objeto dar cobertura a la actividad criminal de ETA, sino “favorecer” el proceso de paz—, tanto el PP como las otras dos acusaciones personadas (la Asociación Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo), insistieron en sus acusaciones.

Las acusaciones rechazaron que el interés por que el proceso de paz prosperase, tal como apuntó la sentencia de la Audiencia Nacional, no puede justificar el chivatazo en el bar Faisán, que frustró una operación contra el aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006. Las defensas de los dos policías consideran que en ningún caso colaboraron con la banda terrorista y que, a su juicio y en contra de lo dictado en la sentencia del pasado octubre, ni siquiera existió una revelación de secretos, por lo que han pedido la absolución.

Las defensas alegaron además que aquellos a quienes se investigaba en la operación no han sido condenados. De esta forma, se refirieron al propietario del bar Faisán Joseba Elosúa y al ex dirigente nacionalista Gorka Aguirre, ambos fallecidos sin haber recibido condena alguna. “Después de ocho años, utilicen las gafas jurídicas”, pidió la defensa del inspector jefe José María Ballesteros. El abogado aseguró que su cliente no fue el autor del chivatazo, y en el supuesto de que hubiera entregado el teléfono no sabía con qué fin, y en cualquier caso no tendría por objeto dar cobertura a la actividad criminal de ETA, sino “favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de la organización armada”. Por su parte, la abogada de Pamiés también defendió su inocencia y además se opuso a la condena por colaboración que reclaman las acusaciones alegando que al recurso pretende revisar los hechos probados de la sentencia de la Audiencia, algo vedado ante el Supremo.

La resolución final queda ahora en manos de la sección segunda Sala de lo Penal, que presiden Juan Saavedra.