Sentencia sensata

Con buen criterio, la Audiencia Nacional ha condenado a penas moderadas a los dos policías que avisaron a la trama de extorsión de ETA sobre la inminencia de unas detenciones, por considerarlo un delito de revelación de información; pero el tribunal descarta que la finalidad de esa acción fuera la de cooperar con la banda terrorista. Antes al contrario, se interpreta, intentaba evitar entorpecimientos al cese del terrorismo. Ningún proceso complejo está exento de hechos oscuros, y el soplo en el bar Faisán de Behobia (Irún) de mayo de 2006 lo fue; pero exagerar la trascendencia del incidente, equiparándolo a crimen de colaboración con el terrorismo, habría sido un absurdo.

Habrá quien vea contradicciones en un tribunal convencido de que el soplo policial no pretendía favorecer a ETA, pese a lo cual condena a los autores materiales del mismo, sin entrar tampoco en la cuestión de si el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, actuó solo o por órdenes superiores. El Supremo tendrá la última palabra si se presentan recursos contra la sentencia, aunque la fiscalía ya ha adelantado que se aquieta al fallo.

Más allá de los detalles, el episodio de 2006 demuestra hasta qué punto la lucha contra el terrorismo no fue mantenida como un asunto de Estado. Los que denunciaron la negociación como “traición a los muertos” encontraron en el incidente el pretexto que necesitaban para amplificar, con un escándalo judicial, el estrépito político y mediático que tenían organizado contra el Gobierno de Zapatero. Y eso debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias implícitas en la sentencia, que ha de hacerse considerando fríamente lo que estaba en juego y cuál fue el resultado del proceso.

A ese efecto, es un hecho que la negociación se encontraba en una fase crítica cuando el soplo frustró las detenciones; pero dejar de hacerlas en aquel momento no tuvo consecuencias, ya que el aparato de extorsión de ETA fue detenido sin contratiempos 50 días después. El periodo de tregua tampoco implicó la desactivación de la policía, y de ahí la eficaz persecución de la banda cuando esta rompió el proceso negociador y volvió a cometer atentados. Bajo esa misma policía y ese mismo Gobierno, al que algunos señalaron como colaboracionistas con el terrorismo, ocurrió la renuncia definitiva de la banda a la violencia en el otoño de 2011.

Cabe preguntarse si el interés de algunos en no pasar página tiene que ver con un sincero respeto a la memoria de las víctimas o, más bien, con un concepto utilitarista de la política: cuanto más tiempo se mantenga abierta la duda, más posibilidades habrá de atacar la posición del PSOE, que gobernaba en aquel tiempo, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. Concentrarse ahora en el desarme de ETA es más importante que sostener la duda sobre viejas intenciones y responsabilidades.