La fiscalía defenderá en el Supremo la polémica reforma de la justicia universal
Antidroga recurre la decisión de la Audiencia de excarcelar a 13 presuntos narcotraficantes
La Fiscalía Antidroga ha presentado hoy ante la Audiencia Nacional un anuncio de recurso de casación contra la decisión del Pleno de la Sala del pasado 28 de abril que supuso la excarcelación de 13 presuntos narcotraficante. Por 13 votos contra tres, el pleno de la Sala de lo Penal decidió que con la reforma exprés aprobada por el PP España no puede perseguir judicialmente a narcotraficantes extranjeros en aguas internacionales cuando viajen en barcos sin bandera española o no esté acreditado que pretendan alijar la droga en suelo español.
La reforma que se aprobó con los votos del PP y, por su procedimiento, sin que mediaran los preceptivos informes del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado ha sido contestada, sobre todo, desde la Audiencia Nacional, donde la mayoría de los magistrados señalaron los obstáculos de la reforma para perseguir los narcobarcos.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, los fiscales del Supremo elaborarán el recurso de casación en las próximas semanas. A favor de perseguir todos los delitos de narcotráfico en el mar incluso con la reforma se mostraron también el presidente de la Sala, Fernando Grande Marlaska, y los magistrados Concepción Espejel y Ángel Hurtado, que firmaron un voto particular contra el criterio de la mayoría de la Sala y defendiendo que los tribunales españoles pueden perseguir a los narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales.
La discusión sobre la interpretación gramatical del artículo 16 de la reforma se convirtió el pasado 28 de abril en el punto central de la deliberación de los jueces que componen el Pleno de la Sala de lo Penal, que permanecieron reunidos durante más de dos horas.
Marlaska, Espejel y Hurtado interpretan la redacción de la norma y concluyeron que la ley implica que la ejecución del tráfico de drogas podría perseguirse por parte de los tribunales españoles en todos los casos, incluso habiéndose cometido fuera del territorio nacional por ciudadanos no españoles.
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