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Los expertos examinarán en el Congreso las medidas contra la corrupción

Los planes que anunció en febrero de 2013 Rajoy llegaron hace un mes a la Cámara

Rubalcaba con Rajoy, al fondo, en febrero de 2013.
Rubalcaba con Rajoy, al fondo, en febrero de 2013. AFP

Las medidas anticorrupción remitidas por el Gobierno al Congreso serán examinadas desde este miércoles en el Congreso por expertos en la materia citados por los grupos parlamentarios. La lista de comparecencias la abrirá Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pendás elaboró hace más de un año un informe que sirvió de base para esas medidas y para la Ley de Transparencia, que ya está parcialmente en vigor, aunque el Gobierno ha evitado hasta ahora su comparecencia en el Congreso y la remisión de su dictamen.

Le seguirán el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas.

Para el jueves está previsto que acudan a la Comisión Constitucional Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid; Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya; Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, y Jacobo Dopico, profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

En febrero de 2013 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció una serie de medidas anticorrupción que, en parte, llegaron al Congreso hace un mes. Se incluye una reforma de la Ley de Financiación de Partidos para que, por ejemplo, la figura de los tesoreros se someta al control parlamentario con comparecencias periódicas y se dota de mayores competencias al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

También remitió un proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en el que, por ejemplo, se establecen mayores incompatibilidades y exigencias para los que ocupen esos cargos públicos.

El otro bloque de medidas está incluido en la reforma global del Código Penal, que modifica las penas para los delitos de corrupción y establece nuevas regulaciones, por ejemplo, sobre la financiación de partidos.

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