El Gobierno deja en el cajón una de las reformas estrella de Gallardón

La gran reforma del proceso penal —la investigación y el juicio de los delitos y faltas—, una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, corre el riesgo, una legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.

Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado hace más de un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón, está a punto de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.

La situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que agilice la jurisdicción penal. En la pasada, Francisco Caamaño llegó a proponer un texto en las Cortes, pero tan a última hora que no pasó siquiera el debate de totalidad y al final de las legislaturas decaen todos los textos en trámite. Gallardón hizo caso omiso de ese texto, quiso empezar desde cero y ahora no tiene tiempo de seguir adelante.

Lo que sí hacen todos los ministros de Justicia es introducir reformas en el Código Penal, la ley que fija las condenas para los delitos y faltas. Se hizo en la anterior legislatura y ahora está en trámite en el Congreso un proyecto de ley completo, con un nuevo sistema de penas y la desaparición de las faltas para convertirse en delitos menos graves o sanciones administrativas.

En esta legislatura se produjo una novedad destacada al rectificar el PP una posición histórica y admitir que los fiscales puedan instruir los sumarios. El PSOE lo intento en la pasada legislatura y el PP mantuvo su tradicional oposición, pero en esta ocasión Gallardón lideró esa rectificación histórica. Sin embargo, ese cambio está a punto de quedar en una simple declaración de intenciones al permanecer en el limbo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contemplaba otorgar al ministerio público la dirección de las investigaciones penales y limitaba el tiempo de la instrucción.

De hecho, el Gobierno sí ha iniciado los trámites de una nueva ley Orgánica del Poder Judicial que omite esta posibilidad y mantiene la instrucción por parte de los jueces, con opciones a que sean tres magistrados los encargados de la investigación y sin mención alguna a la participación en esa fase de los fiscales.

La propia Ley Orgánica del Poder Judicial suscita dudas sobre los plazos de aprobación pero, al menos, ha iniciado ya los trámites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y recabará ahora los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene más de seiscientos artículos y, por tanto, esos informes se demorarán previsiblemente al próximo otoño. Entonces el Consejo de Ministros tendrá que volver a estudiar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes. En el mejor de los casos, solo quedaría un periodo de sesiones en el Congreso y el Senado, el que va desde febrero a julio de 2015, tiempo muy escaso para el trámite en ambas Cámaras. En septiembre de 2015 es posible que ya no se abran las Cortes para que las elecciones sean a mediados de noviembre, en el límite legal.

Ese calendario hace en todo caso ya imposible la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal completa, porque va más atrasada, es aún más compleja y ni siquiera ha arrancado a andar en el Consejo de Ministros.

Como referencia, el Código Penal entró en las Cortes en septiembre de 2013 y siete meses solo ha superado el trámite del debate de totalidad y ni siquiera ha pasado por el de enmiendas parciales. Aún están compareciendo los expertos y no saldrá del Congreso antes de otoño para pasar un trámite similar en el senado. Es decir, necesitará más de un año para estar aprobado, tiempo del que ya no dispone la ley de Enjuiciamiento criminal. En esos plazos no se tiene en cuenta la celebración de elecciones autonómicas y municipales en mayo que, como ocurre ahora con las europeas, ralentiza el proceso legislativo.

En esas circunstancias y con esa limitación legal, Justicia estudia la posibilidad de proponer reformas parciales de la vieja ley de Enjuiciamiento. De hecho, una parte importante de su Código Penal, la referida a las faltas que se convertirán en delitos menos graves, no puede aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico que no existe en este momento. Gallardón anunció la pasada semana otras como la eliminación de la declaración por escrito de altos cargos o la imposibilidad de ir en las listas para aquellos que tengan juicios abiertos y estas dos medidas solo entrarán en vigor si se aprueban como reformas parciales.