Cadena de errores tras un asesinato

Antonio Ramos, cabo de la Guardia Civil, fue asesinado el 8 de junio de 1986, tiroteado cuando estaba dentro de su coche, en el que le acompañaba la agente Petra Asunción Carmona, que resultó ilesa. Estaba casado, tenía 31 años y era padre de un niño de cinco. Casi 28 años después, el juez Ismael Moreno ha dictado prisión para el autor del crimen, el etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, pese a que la propia Guardia Civil, tras la operación en la que fue liberado Ortega Lara, en julio de 1997, arrancó a uno de los miembros del comando, Javier Ugarte, el nombre del asesino: Bolinaga. Aquel informe se perdió en Madrid por una complicada maraña de errores encadenados.

El error principal es que la declaración que inculpaba a Bolinaga se incorporó a un sumario equivocado: el 70/86 del juzgado central número 1, del que era titular entonces Javier Gómez de Liaño (hoy apartado de la carrera judicial), en lugar del que le correspondía: el 48/87, del central 2. EL PAÍS ha reconstruido paso a paso la secuencia que explica por qué el asesinato de Antonio Ramos permaneció 17 años en un limbo judicial después de que un etarra señalara al asesino.

El juzgado central 5 preguntó con insistencia quién llevaba el caso

El 21 de julio de 1987, el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional dicta el sobreseimiento provisional de la causa por falta de pistas sobre los autores. Diez años después, la Guardia Civil libera a Ortega Lara y detiene a los miembros del comando etarra responsables: Ugarte, Bolinaga, José Miguel Gaztelu Otxandorena y José Luis Erostegi Bidaguren. Ante la Guardia Civil, Ugarte señala a Bolinaga y Erostegi como autores del asesinato de Antonio Ramos. El 15 de julio de 1997, Garzón (hoy expulsado de la carrera judicial por las escuchas a la trama Gürtel), que estaba de guardia durante la liberación de Ortega Lara, solicita al juez decano de la Audiencia Nacional, entonces Carlos Dívar, que le informe sobre el juzgado al que ha correspondido la instrucción de una decena de delitos terroristas, de los cuales el punto quinto es el asesinato de Antonio Ramos.

Quince días después, Dívar responde a Garzón que las diligencias por el asesinato del guardia civil correspondieron al juzgado número 1, el de Liaño. Es el primer gran error, porque esas diligencias eran competencia, en realidad, del central 2. Entonces el sistema no estaba aún digitalizado y había que consultar este tipo de datos en anotaciones manuscritas en libros de registro.

Ese mes de agosto, mientras Gómez de Liaño sustituye a Garzón, de vacaciones, se autoenvía desde el juzgado 5 al suyo, el 1, las actas de declaración ante la Guardia Civil del etarra Ugarte y se pregunta sobre el “número de procedimiento incoado” sobre una relación de delitos terroristas, de los que el tercero corresponde al asesinato de Ramos. El 12 de ese mes se produce un segundo error, ya que el juzgado de Liaño contesta que por el asesinato de Ramos se siguió el sumario 70/86 que fue archivado en octubre de 1994. Falso. Ese sumario corresponde a otra causa distinta, esta por estragos terroristas, y no tiene nada que ver con el asesinato del cabo de la Guardia Civil.

En noviembre de 1997 hay una buena oportunidad de descubrir el fallo y subsanarlo. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se da cuenta de que algo no cuadra y que la causa 70/86 no tiene que ver con el asesinato de Ramos. Por eso propone volver a cerrar la causa 70/86 y preguntar al juzgado de Bergara (el que abrió las primeras diligencias tras el atentado, como el levantamiento del cadáver) qué procedimiento judicial se siguió por la muerte de Antonio Ramos. Fungairiño hace referencia en su escrito a otros descuidos como el hecho de que en las actuaciones aparezcan dos apellidos distintos de la víctima: Ramos Ramírez y Ramos Rodríguez o que la fecha del crimen aparezca como 8 de junio o 6 de agosto.

En enero de 1998, Garzón envía un oficio a la comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa para que le informe de la fecha del atestado instruido por el asesinato del guardia civil y a qué juzgado lo envió “por si existiese algún error material por el cual no se puede localizar el procedimiento”.

El 27 de ese mes, la comandancia de la Guardia Civil responde diciendo que entregó su atestado al juzgado de Bergara el 12 de junio de 1986, cuatro días después del atentado. Aquí hay una oportunidad de subsanar el error, pero la petición de Garzón parece no alertar a la Guardia Civil sobre el hecho de que casi un año después de lograr que un etarra señale a Bolinaga como responsable del asesinato de uno de los suyos, no se sabe qué juzgado lo lleva.

Ante la respuesta de la comandancia de la Guardia Civil, el juzgado central 5 continúa la búsqueda, ya agónica, del procedimiento. Garzón no puede asumir esa causa porque las normas de competencia impiden que un juez investigue hechos que ya lleva otro juzgado. El magistrado pregunta entonces al juzgado de Bergara si remitió las diligencias a la Audiencia Nacional y cuándo lo hizo y el 24 de abril, le contestan que se enviaron en octubre de 1987. Nuevo error, ya que en realidad lo hizo en octubre de 1986.

El juez decano, entonces Carlos Dívar, señaló al 1, el de Gómez de Liaño

En vista de la respuesta del juzgado de Bergara, el 16 de mayo de 1998 Garzón vuelve a preguntar a Dívar quién está llevando la causa por la muerte de Ramos. Y casi dos meses después, Dívar contesta que las diligencias del juzgado de Bergara fueron remitidas al juzgado central 1, el de Liaño, en noviembre de 1986. Un error acumulado a los anteriores que enmaraña aún más la historia.

En agosto de 1998, Teresa Palacios, que sustituye a Garzón (de vacaciones) pide al titular del juzgado central 1 que le informe del procedimiento incoado por las diligencias abiertas en Bergara. El procedimiento permanece en un limbo hasta que el pasado febrero la fiscalía de la Audiencia rescata el informe de la Guardia Civil en el que Ugarte señala a Bolinaga como autor del asesinato de Ramos y pide la reapertura del sumario al que debían haber ido desde el principio: el 48/87, que llevaba el juzgado número 2.

Fuentes de la Audiencia Nacional lamentan esta concatenación de errores, que pudieron subsanarse en múltiples ocasiones, ya que, explican, un juez, Garzón, preguntó insistentemente dónde y quién llevaba el procedimiento y un fiscal, Fungairiño, advirtió de la confusión de sumarios: un asesinato mezclado en una causa por estragos terroristas. Puede haber más atentados sin resolver, admiten las mismas fuentes, pero es difícil que se acumulen “tantos despropósitos como en este caso”.