“¡Que paren el desahucio!”

A Beatriz Sanguña solo le calma la mirilla de su casa. Con pasos cortos y en silencio, cada vez que suena el timbre en la mañana del 11 de abril, esta madre de 52 años se acerca temerosa hasta la puerta y observa quién aguarda al otro lado. Con el cerrojo y la cadenilla echados. "Es que no sabemos si nos van a dejar hoy en la calle", susurra mientras, unos metros a sus espaldas, sus cuatro hijos, su marido y sus dos nietas, de uno y tres años, anhelan el desenlace feliz de un "martirio" que empezó a principios de año, con el primer aviso de desahucio. A las ocho, la policía irrumpe en el portal y la familia se estremece por la angustia del qué ocurrirá ahora con ellos. Vienen a desalojarlos.

Los antidisturbios atraviesan el deteriorado umbral del edificio, con desconchones y un telefonillo inservible. Y dos plantas más arriba, en el segundo, la madre tiembla ante la posibilidad de sumarse al largo listado de víctimas arrolladas por el drama de los desahucios en España: en 2013 se produjeron 82.860 ejecuciones hipotecarias, un 9,8% menos que el año anterior, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta tragedia social la intentó solucionar el Gobierno de Rajoy con una reforma legislativa que cumplirá un año el próximo 15 de mayo y que ha permitido aliviar ligeramente el problema. Desde su entrada en vigor, se han suspendido las órdenes de expulsión que pendían sobre más de 8.000 familias, según anunció esta semana el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Cifras "insuficientes" para los partidos de la oposición. Estos califican de "parche" el cambio normativo. Al igual que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que calcula que "solo" un 10% de las personas que no podían afrontar la cuota mensual han podido acogerse a la moratoria de dos años contemplada en el cambio de Ley del PP. Porque la reforma del Ejecutivo prevé la paralización inmediata del desahucio —hasta el 15 de mayo de 2015— de aquellas personas en "especial riesgo de exclusión social". A este grupo pertenecen aquellos que cumplan dos tipos de condiciones exigidas por la ley. Unas de carácter social: como tener un menor de tres años o un discapacitado a cargo; o ser familia numerosa; o ser víctima de violencia machista. Y otras de carácter económico: no tener ingresos superiores a tres veces el IPREM (es decir, unos 1.600 euros mensuales) y que su situación económica no haya sufrido una alteración "significativa" en los cuatro años anteriores.

Unos requisitos que Joan Coscubiela, portavoz del Grupo de Izquierda Plural en la Comisión de Economía del Congreso, considera "exigentes y excluyentes". "Estamos ante una normativa placebo", apostilla el diputado. "Es una ley que no cumple su función porque no se pueden acoger a ella la mayoría de afectados", añade Lourdes Ciuró, parlamentaria de CiU. Y remacha Leire Iglesias (PSOE): "La nueva normativa ha podido mejorar algunos procesos, pero hasta ahí". Visión que comparte la PAH: "Es tremendamente restrictiva y no sirve para mucho", aunque reconoce que "de algo ha valido".

Los ojos de Mario Chasi, el marido de Beatriz Sanguña, se enrojecen: "Esto es denigrante", afirma con voz entrecortada.  Ataviado con un polo, vaqueros, zapatillas deportivas y con una discreta cadena dorada culminada por una cruz al cuello. Este mecánico en paro, de 54 años, rememora su llegada a España hace ya casi dos décadas. Relata sentado en una banqueta roja del salón de su casa cómo aterrizaron en Madrid procedentes de Ecuador para construir una nueva vida. Era 1996. "Dos años después, ya nos habíamos traído a nuestros cuatro hijos". Todo iba viento en popa. Él se dio de alta como autónomo y ganaba entre 1.000 y 1.200 euros al mes. Ella trabajaba como limpiadora. Y, coincidiendo con el pleno apogeo económico del país, se decidieron a comprar una vivienda en el número 57 de la calle del Camino de Valderrivas, junto al humilde barrio de Puente de Vallecas, en la capital. Se hipotecaron por 240.000 euros a 30 años y empezaron a afrontar a una cuota de 800 euros por una casa de tres dormitorios. Cantidad que, entonces, podían abonar.

"Pero todo se jodió", sentencia el padre, que fija 2010 como el año del inicio de la "pesadilla". La mensualidad empezó a subir hasta alcanzar los 1.700 euros. Engrosaron las listas del paro. Y en 2012 sucumbieron: no podían con la hipoteca. De sus cuatro hijos -de entre 30 y 25 años-, solo uno ha encontrado empleo. Y con su sueldo de menos de 1.000 euros viven los ocho miembros de la familia. "A veces pedimos dinero por ahí", confiesa Beatriz Sanguña, que recuerda cómo el pasado 12 de enero fue el primer intento de desahucio. El segundo, a finales de marzo. Y el tercero, el 11 de abril. El piso salió a subasta, Bankia se lo vendió por 140.000 euros -a "alguien que desconocemos"- y el nuevo propietario pidió la orden de expulsión, señala Marcos, abogado de la PAH.

En 2013 se produjeron 82.860 ejecuciones hipotecarias

La plataforma los ha asesorado en el proceso y, además, se ha concentrado a las puertas de su edificio los días fijados por la comisión judicial para sacarlos a la fuerza. La última vez, el pasado viernes. "La reforma de la Ley ha permitido a los jueces intervenir si existen cláusulas abusivas. Pero, si se trata solo de que no pueden pagar la cuota, solo nos podemos limitar a analizar si las familias cumplen los requisitos", apunta Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el exvocal del CGPJ que dirigió un informe encargado por esta institución donde se denunciaban los abusos del sistema legal de desahucios: "Deberían suavizarse las condiciones exigidas para pedir la moratoria, impulsar el alquiler social y regular el sobrendeudamiento. Al igual que existe el concurso de acreedores para sociedad, debería haber una fórmula parecida para los particulares".

De momento, el Gobierno no se plantea un avance en esa dirección. A pesar de que el problema ha vuelto a levantar expectación social tras el desalojo en Sevilla de la corrala La Utopía, un edificio de Ibercaja ocupado por 22 familias; y después de que la diócesis de Canarias dejase a otras seis al borde del desahucio al enajenar unos terrenos de Lanzarote donde les había permitido edificar en 1959. "Si el problema en España sigue, se estudiará una prórroga de la suspensión de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social [que acaba el 15 de mayo de 2015, cuando se les volverá a poder echar de sus casas]", apunta Vicente Martínez-Pujalte, portavoz del PP en la Comisión de Economía, que califica de "positiva" la reforma legislativa del pasado año.

En casa de los Chasi Sanguña ha sido difícil conciliar el sueño esta noche. Y, cuando la policía irrumpe en el portal, la tensión se acrecienta. El "pánico" se apodera del padre, que sube hasta el piso de arriba del edificio y se sienta en las escaleras "a esperar lo que ocurra". "¿Y si nos sacan, nos darán tiempo de empacar nuestras cosas?", se pregunta su esposa. Los minutos pasan. Desde la calle llegan los gritos de apoyo de una veintena de concentrados: "¡Que paren el desahucio!". Y poco antes de las nueve, la familia recibe una llamada del banco. "¡No nos echan. Nos van a dar un alquiler social!", grita Giovanni, el hijo mayor, a los congregados. "Aunque no sé si nos van a quitar la deuda o nos vamos a quedar con ella para toda la vida".