El horror del secuestro a manos de las FARC

El suroccidente de Colombia fue una de las regiones de Colombia en las que el secuestro a manos de las extintas FARC causó una herida más profunda. Basta recordar el cautiverio y asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca, los secuestros de la Iglesia La María y tantos otros que sus víctimas y familiares sufrieron en silencio y sin los micrófonos de los medios. Estos últimos días, esas historias han emergido en Cali con todo el dolor que marcó las vidas de estas personas. Varias víctimas de secuestro han podido enfrentar a sus captores, ex comandantes de las FARC, en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

‌Sus testimonios han sido estremecedores: no solo han narrado el delito del secuestro, ya execrable, sino también otros delitos que sufrieron muchas de ellas. El abuso sexual, las torturas, las marchas de la muerte a las que fueron sometidos. Uno de los más dolorosos y valientes fue el de la señora Eneifi Martínez, quien fue abusada por guerrilleros del Frente 29 durante su secuestro y no había podido hablar del tema.

“Guardé silencio por muchos años sintiendo vergüenza. Ese hecho dejó cicatrices que me hacían sentir que no valía nada”. No fue la única. “Quiero que reconozcan que cometieron violencia sexual dentro de los secuestros, como lo sufrimos yo, Luz Mélida, Myriam, Stella...”, les dijo a sus captores.

Se trataba de una audiencia regional en la que, por primera vez en la historia del país, siete mandos medios de la extinta guerrilla aceptaban su responsabilidad por los secuestros cometidos en esa región. Antes, en 2022 en Bogotá, los miembros del secretariado de las FARC estuvieron frente a sus víctimas reconociendo sus secuestros y escuchando cómo destruyeron las vidas de esas personas. En esa oportunidad estuvieron los familiares de los diputados del Valle y también el único sobreviviente, Sigifredo López.

Las respuestas de los exguerrilleros en Cali (en la imagen) también fueron escabrosas. Edgar López, conocido como Francisco González, dijo que no pensaron que el secuestro de los diputados del Valle fuera a ser tan largo; y que hasta antes de escuchar el daño que ellos causaron a las víctimas, pensaba que un “un secuestro de tres días no era mucho”. “La misma sociedad me está rechazando por eso. Debemos asumirlo”, dijo en la audiencia. Igual que López, alias Santiago Cepeda, cuyo nombre real es Gustavo Arbeláez, reconoció que se equivocaron: “el secuestro fue una política fallida”.

En el macrocaso 01 de la JEP, el más avanzado de los 11, hay acreditadas más de 4.000 víctimas de secuestro a manos de las FARC. De ellas, al menos el 8 % sigue desaparecido. Por eso, las víctimas esperan que entre las sanciones a los exguerrilleros esté la entrega de información y la búsqueda de esas personas.

“Yo sé que mi madre no está viva, pero al menos quiero tener el regalo de encontrar su cuerpo para darle una cristiana sepultura”, dijo Angie Collins Varón sobre el secuestro y la desaparición de Isabel Varón Gutiérrez. La mujer fue asesinada por Carlos Mario Cardona, quien reconoció el homicidio. “Soy responsable y reconozco la muerte de su señora madre”, aceptó Cardona. Después del secuestro ella y sus hermanas tuvieron que trabajar desde muy pequeñas para sobrevivir. Varios de los exguerrilleros hacen parte de la Corporación Reencuentros, que busca a personas desaparecidas por ellos. Durante la audiencia reforzaron ese compromiso.

La magistrada del caso, Julieta Lemaitre, enfatizó en que el uso del secuestro por las extintas FARC fue un ataque “directo a la población civil”, que generó estigmatizaciones que aún hoy continúan. Recordó el caso de Sigifredo López. “Estamos haciendo una restitución moral a Sigifredo López porque hemos entendido que, de una manera aberrante, personas de la ciudad (Cali) piensan que él participó en su propio secuestro y asesinato de sus compañeros. Él fue absuelto y la Fiscalía y el Estado le pidieron perdón, uno pensaba que esto ya estaba resuelto, pero hay gente que lo sigue estigmatizando”.

‌Después de las audiencias, la Sala de Reconocimiento de Verdad debe evaluar la calidad de la admisión de culpa de los exguerrilleros y a partir de ahí emitir una sanción.