Su señoría el teniente Ferrer

Hay muchas maneras de servir a la Patria. Una de las más ilustres es representar al pueblo español como parlamentario y ocupar un escaño en las Cortes Generales, órgano donde reside la soberanía popular. Otra más anónima, pero no menos honrosa, es formar parte de las Fuerzas Armadas. Lo que no es habitual es simultanear ambas.

El próximo día 21, el diputado valenciano Vicente Ferrer Roselló, portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, se pondrá el uniforme de teniente de Infantería de Marina y se incorporará, durante un mes, al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia), donde realizará funciones de cooperación cívico-militar.

Desde hace siete años, su señoría Ferrer es reservista voluntario. Cualquier español de entre 18 y 58 años, que no tenga antecedentes penales ni haya sido declarado objetor de conciencia, puede alistarse en las Fuerzas Armadas para seguir cursos de formación, realizar ejercicios o prestar servicio en la unidad a la que sea asignado. A cambio, recibe un empleo militar, el derecho a utilizar el uniforme y una retribución que equivale a tres veces el salario mínimo interprofesional para los oficiales.

Ferrer no cree que haya incompatibilidad entre su destino militar en Valencia y su condición de diputado en Madrid, pero ha avisado a su grupo parlamentario, ya que su mes de activación —incorporación efectiva a las Fuerzas Armadas— coincide con un periodo de plena actividad en el Congreso. “Con sentido común y flexibilidad no tiene por qué haber problemas”, alega.

Eso sí, espera que el Grupo Popular no le imponga una multa (entre 300 y 500 euros) si se ve obligado a faltar a una votación, pues esta sanción está prevista para ausencias injustificadas; y no es ese su caso. “No es lógico que les pidamos a las empresas privadas que faciliten a sus empleados que se hagan reservistas y que las instituciones no prediquen con el ejemplo”.

El mayor problema del reservismo no es, sin embargo, la falta de colaboración de las empresas, sino los recortes presupuestarios. Aunque hay casi 5.000 reservistas voluntarios, Defensa solo tiene previsto activar a 680 este año. La situación ha llegado a tal punto que el Gobierno se vio obligado a aprobar, el pasado 21 de marzo, un decreto que permite seguir como reservistas voluntarios a quienes, cada tres años, expresen por escrito su disposición a ser activados, aunque no lo sean realmente. Muchos reservistas han perdido en los últimos años tal condición porque no se les llamaba a filas.

Debido a la carencia de plazas sorprendió más que el pasado miércoles el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) publicase una resolución en la que activaba a dos únicos reservistas. Uno era el teniente Ferrer y el otro, el alférez Luis Gestoso de Miguel, director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad de Murcia.

Ferrer aclara que su activación no costará un euro al Ejército, ya que renunciará a la retribución que le correspondería como reservista; lo que por otra parte es obligado, pues la ley prohíbe recibir dos retribuciones públicas. Se supone que el alférez Gestoso, que también se incorpora al cuartel de Bétera, aunque al área de riesgos laborales, hará lo mismo y podrá cumplir su servicio militar sin desatender las emergencias en Murcia.

Ferrer cree que su inmersión en el Ejército no solo no tiene inconvenientes, sino que le “enriquece como diputado”, pues le permite ver la situación de los militares “desde los dos lados de la barrera”. Pero hay un problema. La ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, de 2011, dice que los reservistas voluntarios “respetarán la neutralidad política y sindical [del Ejército] aunque, fuera de su unidad y sin hacer uso de su condición de militar, podrán realizar actividades políticas y sindicales derivadas de su previa adscripción a partido o sindicato, siempre que no estén relacionadas con las Fuerzas Armadas”. Se da la circunstancia de que Ferrer es portavoz del PP en la Comisión de Defensa y miembro de la subcomisión parlamentaria que, antes del 1 de julio, dictaminará la reforma de la Ley de la Carrera militar.

Aunque en años anteriores no lo creyó necesario —sus periodos de activación fueron más cortos y en Madrid, o coincidieron con vacaciones parlamentarias—, Ferrer ha decidido remitir hoy mismo su documentación militar a la Comisión del Estatuto del Diputado para que determine si hay incompatibilidad. Si no recibe luz verde, tendrá que renunciar al uniforme. Y confía en no ser acusado de desertor.