El agujero de la justicia universal amenaza más operaciones antidroga

En informática, un bug (en inglés, bicho) es un error de programación que desencadena un resultado indeseado en el ordenador. La reforma exprés de la justicia universal, promovida por el Gobierno del PP para limitar la capacidad de los jueces españoles para perseguir delitos de lesa humanidad, contiene un bug que ya ha provocado un error fatal: la excarcelación de ocho narcotraficantes egipcios detenidos en el pesquero A la voluntad de Dios, sin bandera, cargado con 10 toneladas de hachís y que fue interceptado por aduaneros españoles en aguas internacionales al sur de Almería.

La reforma urgente de la ley vino motivada por el deseo del Ejecutivo de Mariano Rajoy de sacudirse de encima la presión de países como China, enfadados por la persecución judicial de sus líderes por el genocidio tibetano.

Fuentes judiciales aseguran que el caso de los egipcios no será probablemente el único caso, y creen que decenas de narcos extranjeros detenidos por España en aguas internacionales pueden ser liberados en cumplimiento de la nueva norma.

El pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la investigación sobre el barco pirata A la voluntad de Dios y ordenó la excarcelación de los ocho marineros egipcios. El magistrado entendía que la reforma de la justicia universal, en vigor desde el 15 de marzo, limitaba la capacidad de investigar y enjuiciar barcos cargados con droga a los siguientes supuestos: que el procedimiento penal se dirija contra un español; que el barco enarbole pabellón español; que haya un grupo de individuos que planean introducir droga en España; o que el alijo tenga como destino España. Al margen de esos supuestos, las autoridades españolas pueden actuar para atender peticiones de ayuda de otros países, al amparo del Convenio de Viena de 1988.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial amputaba, pues, la capacidad de perseguir judicialmente a narcobarcos tripulados por extranjeros en aguas internacionales, según Andreu.

La decisión del juez de archivar la Operación Otero ha sido recurrida por la Fiscalía Antidroga.

Otra reciente operación de Vigilancia Aduanera corre el riesgo de irse al traste por la nueva ley, aprobada por el procedimiento más expeditivo y sin someterse a la consulta de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Se trata de la Operación Oriente, la aprehensión del Mayak, un carguero matriculado en Sierra Leona, interceptado con 12 toneladas de hachís a 30 millas de la bahía de Málaga, también en aguas internacionales. La causa será investigada por el juez Javier Gómez Bermúdez.

Esta actuación conjunta de los aduaneros de Francia, Italia y España, desarrollada el 16 de marzo, al día siguiente de la entrada en vigor de la nueva justicia universal, se saldó con el ingreso en prisión de los ocho tripulantes sirios del carguero. Según fuentes judiciales, estos traficantes previsiblemente correrán la misma suerte que los ocho egipcios liberados por Andreu gracias a los cambios legislativos introducidos por el PP para aplacar a China.

La anterior norma que regulaba la justicia universal declaraba a los jueces de la Audiencia Nacional competentes para investigar y enjuiciar “hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional” tipificados en España como diversos delitos, entre ellos el “tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes”. Con la reforma del PP, en vigor desde marzo, España ha dejado de ser “el gendarme universal de los mares”, según fuentes policiales.

Desde junio de 2013, Vigilancia Aduanera ha interceptado otros cinco buques en la ruta del Mediterráneo oriental, que, tras cargar los fardos de hachís en aguas internacionales próximas al litoral marroquí, transportan la droga hasta España, Francia, Portugal, Italia u otros países. Durante En los últimos 10 meses, Vigilancia Aduanera ha aprehendido unas 75 toneladas de hachís.