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COLUMNA

Mayorías cruzadas

El catalanismo considera que el Gobierno debe facilitar este primer paso hacia la independencia

Una mayoría cualificada del Parlamento de Cataluña defiende la celebración de una consulta sobre la independencia de esa comunidad; y una mayoría aún más extensa del Parlamento español está en contra, según se escenificó ayer en el Congreso. Los delegados del Parlament plantearon su demanda como si el pleito soberanista ya estuviera resuelto a su favor (por la mayoría soberanista en las últimas elecciones autonómicas y otras expresiones públicas), y se tratase de formalizarlo ahora en un referéndum a celebrar en Cataluña y que, con independencia del resultado, dejase sentado el precedente de que es posible convocarlo. Según su concepción del diálogo y el acuerdo, el Gobierno estaría obligado a facilitar la consulta, lo que supondría prescindir de la opinión mayoritaria del resto de los españoles representados por los diputados que ayer votaron en contra de ceder la competencia. La parte no puede decidir por el todo, argumentó Rajoy y avaló Rubalcaba frente a esa posición.

El catalanismo considera que el Gobierno debe facilitar este primer paso hacia la independencia

La pretensión de que el Gobierno debe ayudarles a dar ese paso hacia la independencia es absurda, pero tampoco sería lógico que el eventual referéndum sobre el futuro de Cataluña se plantease en el conjunto de España. Lo que se desprende del cruce de mayorías es que deben ser los catalanes los que se pronuncien, pero no sobre independencia sí o no, fórmula que no refleja la real pluralidad de opciones, sino sobre el acuerdo al que llegasen sus instituciones con las del Estado. Un acuerdo que según el planteamiento de Rubalcaba podría plantearse en el marco de una reforma constitucional que actualice el pacto territorial recogiendo las aspiraciones del catalanismo compatibles con la lógica autonómica o federal. Por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de recurso de inconstitucionalidad contra normas que hayan sido refrendadas por el censo de la comunidad, algo sobre lo que los dos principales partidos están de acuerdo al plantear la vuelta a la fórmula del recurso previo. Pero también un reforzamiento del reconocimiento de la singularidad de las nacionalidades en el terreno cultural y simbólico o pautas más precisas respecto a la financiación. Este fue el punto de vista defendido ayer con fuerza argumental por Rubalcaba.

Los delegados catalanes sostuvieron, algo contradictoriamente, que siendo una consulta no vinculante, lo único que se pretende con ella es conocer la opinión de los catalanes. Poco más que un sondeo, pero cuya celebración es una exigencia a la que no podría oponerse ningún gobierno democrático. Sin embargo, ni siquiera es una buena fórmula para medir el grado de adhesión a la independencia pues, precisamente por no ser vinculante, ofrece la oportunidad de agrupar en torno a ella sin mayores riesgos a nacionalistas autonomistas y otras personas cuya primera opción no es la independencia pero que, forzadas a optar, no quieren quedarse al margen de lo que se presenta como exigencia democrática ineludible.