Torres-Dulce reclama autonomía y alejar a la fiscalía de la “contienda política”

Hasta siete veces mencionó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la necesidad de una mayor autonomía para el ministerio público. Lo hizo ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, antes y después de señalar que “el objetivo debe ser el de mantener al fiscal al margen de la contienda política”.

Torres-Dulce trasladó al ministro la idea que tiene la sociedad sobre la fiscalía, que “nítidamente”, tal como calificó, considera que está “teledirigida desde el Gobierno, ideologizada o al servicio de concepciones políticas determinadas”. Y consideró esta imagen “inadmisible”.

El fiscal general del Estado presentó este martes el libro blanco de la fiscalía, que hace una radiografía del ministerio público y propuestas para la renovación de la institución. “Cada vez con más claridad y rotundidad, la sociedad exige una justicia eficaz”, dijo Torres-Dulce, para añadir que en esa exigencia se incluye que la fiscalía actúe “de forma imparcial y desde una posición autónoma”. “Es necesario reforzar la institución, dotarla de mayor autonomía y reorganizarla”, insistió. Sin embargo, sus palabras apenas tuvieron eco en la intervención del ministro, que solo indicó que el Gobierno “beberá de las fuentes de este libro blanco” para la reforma del estatuto del ministerio fiscal.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fue más tajante a la hora de defender el papel de los fiscales y al reclamar una justicia "más moderna, entendible y reconocible", tal como dijo. Además, ha expuesto la necesidad de adecuar las herramientas normativas para obtener una mayor seguridad jurídica que "es la condición previa al progreso, el desarrollo, el Estado de derecho y la paz social", indicó.

Entre las propuestas del libro blanco, la fiscalía ha incluido la revisión de sus funciones y una reestructuración alineada con la organización judicial. También reclama la reducción de los delitos que corresponden al jurado y advierte de que la policía judicial debería quedar bajo la dependencia de la fiscalía, especialmente en el caso de que la instrucción quede en manos del ministerio público.