La Audiencia tuvo durante 17 años las actas que inculpan a Bolinaga

El juez encarcela en su casa al etarra por el asesinato de un guardia civil cometido en 1986 Fuentes de la Audiencia achacan este retraso a un “tremendo error” jurídico-administrativo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó este jueves la prisión provisional en su domicilio para el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, aquejado de un cáncer terminal y en libertad condicional por razones humanitarias desde agosto de 2012. El magistrado le acusa, junto a otros dos miembros de la banda terrorista, del asesinato del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos Ramírez, ocurrido en Mondragón (Gipuzkoa) en junio de 1986. Moreno acordó la medida de prisión tras tomar declaración a Bolinaga en los Juzgados de Bergara. El juez reabrió la causa a petición de la Fiscalía.

Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el rapto más largo de la historia de la banda, no ha sido juzgado por este antiguo crimen pese a que la Audiencia Nacional tenía en su poder desde 1997 las actas que inculpaban al terrorista y a sus compañeros de comando. Fuentes de la Audiencia Nacional achacan este retraso a un “tremendo error” jurídico-administrativo.

El asesinato del cabo Ramos fue objeto del sumario 48/87 del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ocupado ya entonces por Ismael Moreno. El magistrado, ante la falta de pistas sobre quiénes fueron los autores del crimen, archivó provisionalmente la causa el 21 de julio de 1987.

El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara y desarticuló el comando Bellotxa, implantado en la comarca de Mondragón y del que formaban parte Bolinaga y los también etarras Xabier Ugarte, José Miguel Gaztelu y Joseba Erostegi. La causa sobre la pertenencia al comando de los terroristas recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, ocupado entonces por Baltasar Garzón, que estaba de guardia el día en que las fuerzas de seguridad liberaron al funcionario de prisiones.

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Según fuentes de la Audiencia Nacional, el protocolo establecía que cuando un comando etarra era detenido, el juzgado de guardia en el momento del arresto debía determinar qué acciones terroristas se imputaban a cada uno de los detenidos. Después, enviaba a los otros juzgados centrales que investigaban esas acciones el testimonio de las declaraciones prestadas por los arrestados, pruebas periciales, actas de registros o informes médicos forenses.

El error se gestó, según fuentes judiciales, en agosto de 1997. El día 11 de ese mes, Garzón se encontraba de vacaciones y su juzgado estaba ocupado por Javier Gómez de Liaño, titular entonces del Juzgado Central número 1. Este magistrado —hoy fuera de la carrera judicial al igual que Garzón— remitió, desde el juzgado 5 en el que estaba en funciones, el testimonio de las actuaciones del comando Bellotxa que competían al juzgado 1, del que era titular. Gómez de Liaño fue el instructor del sumario sobre el secuestro de Ortega Lara. Entre los documentos que se autoenvió Gómez de Liaño figuraban las actas de declaración ante la Guardia Civil de los etarras Erostegi y Ugarte. Ambos terroristas apuntaban a Bolinaga como autor material de los disparos que acabaron con la vida del cabo Ramos.

El 12 de agosto de 1997, Gómez de Liaño, ya ejerciendo como titular del Juzgado número 1, acusa recibo del exhorto del juzgado 5 sobre las actas de declaración, que le fueron enviadas físicamente ya el 6 de octubre del mismo año por el juez Baltasar Garzón.

Sin embargo, estas declaraciones, que debían haber sido incorporadas al sumario 48/87 del Juzgado número 2, de Ismael Moreno, fueron incorporadas por Liaño o por un funcionario de su juzgado, por un error, al sumario 70/86 del juzgado 1, una causa sobre estragos terroristas, que había sido archivada en 1994 y que no fue reabierta por Liaño pese a las nuevas declaraciones. De haberse desarchivado el sumario 70/86, el fallo habría quedado en evidencia, ya que las declaraciones de los etarras no casaban con ese procedimiento, y el extravío se habría podido subsanar.

Estas declaraciones inculpatorias quedaron en un limbo hasta que han sido rescatadas por la Guardia Civil y la Fiscalía para volver a imputar a Bolinaga. Fuentes jurídicas calculan que si no se hubieran extraviado las actas, el terrorista habría sido juzgado por el asesinato del cabo Ramos “como muy tarde en el año 2000”. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación interna para aclarar este extravío de los documentos. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto, sin éxito, con el exjuez Liaño.

El juez Ismael Moreno ha decidido el arresto domiciliario de Bolinaga en base a un informe de la Guardia Civil elaborado en enero de este año en el que "se han sido recopilados una serie de elementos indiciarios tras cuyo análisis e integración contros datos (...) se ha logrado determinar la posible participación" de los denunciados en la comisión del atentado terrorista.

En su escrito el juez no aporta ningún dato del nuevo informe del Instituto Armado y sí hace especial hincapié en las declaraciones de sus compañeros de comando, realizadas en 1997. Moreno también decretó el ingreso en prisión por este asesinato de Xabier Ugarte y Joseba Erostegi. El primero de ellos se encuentra internado en la cárcel de Topas (Salamanca) y el segundo en la de Herrera de La Mancha (Ciudad Real). Ambos están condenados por el secuestro de Ortega Lara y Erostegi fue condenado en 2000, junto a Bolinaga, por el asesinato del guardia civil Mario Leal Vaquero

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