Distintas soluciones jurídicas para la misma norma

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita hasta el mínimo la justicia universal ordena en su disposición final el sobreseimiento de todas aquellas causas de justicia extraterritorial abiertas y que no encajen en los criterios restrictivos de la nueva norma. Los jueces de la Audiencia Nacional han rechazado el archivo automático que se desprende de la literalidad del texto, aunque las soluciones aplicadas por cada uno de ellos son variadas.

 » ‘Caso Couso’. El juez Santiago Pedraz ha sido el que más resistencias ha opuesto a la nueva ley. En el caso Couso, sobre la muerte del cámara de Telecinco en la guerra de Irak en 2003 por disparos de soldados estadounidenses, Pedraz ha rechazado aplicar la ley, a la que reprocha “lagunas evidentes”, y se ha negado a cerrar el sumario para elevarlo a la Sala de lo Penal, órgano superior, como le pide la fiscalía. El magistrado considera que sobre la ley española prevalece el IV Convenio de Ginebra sobre personal civil en tiempo de guerra.

 » ‘Caso Tíbet’. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha preguntado a la fiscalía si debe archivar las causas de justicia universal que se investigan en su juzgado, entre ellas la abierta contra los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin por el genocidio en el Tíbet. Este sumario está en la raíz de las presiones diplomáticas del gigante asiático que llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy a promover la reforma legal para limitar hasta el extremo la justicia universal.

 » Casos Ruanda / Irak. El juez Fernando Andreu dio diez días a las partes personadas en el caso Ruanda, sobre el genocidio de la etnia hutu en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000, y en el ataque de soldados iraquíes contra el campo de refugiados de Ashraf (Irak), para que aleguen “sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad” de la nueva norma.

 » ‘Caso Ellacuría’. El magistrado Eloy Velasco sigue adelante con la investigación abierta en 2010 por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en noviembre de 1989, y tacha de “ilógica” la nueva norma limitadora. Velasco considera que la decisión de comprobar los requisitos de ajuste a la ley corresponde al propio juez instructor y no a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como sostiene la fiscalía.