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El fiscal ve infracciones penales en contratos de Extremadura y Cantabria

El Tribunal de Cuentas investiga adjudicaciones fraccionadas en 2010 y 2011

Los juzgadores del Racing de Santander durante el plante que efectuaron el pasado enero. Ampliar foto
Los juzgadores del Racing de Santander durante el plante que efectuaron el pasado enero. EFE

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha descubierto presuntas “infracciones penales” y “responsabilidad contable” en expedientes de gasto de los Gobiernos de Cantabria y Extremadura relativos a los ejercicios 2010 y 2011, cuando sus presidentes eran Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria) y Guillermo Fernández Vara (PSOE), respectivamente. Y que van a ser objeto de una investigación minuciosa este año por parte del Tribunal. En ambas comunidades, el fiscal observa adjudicaciones de obras públicas y contratación de personal vulnerando la ley, entre otras infracciones. La fiscalía tiene potestad, si observa delitos, de enviar su investigación a los juzgados para depurar responsabilidades.

» Extremadura. En un informe al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene, respecto a Extremadura, que su Administración puede haber cometido ilícitos penales por “fraccionamiento de contratos y del objeto de estos”, y por haber adjudicado a algunos de sus hospitales contratos de suministro de material farmacéutico y sanitario obviando el procedimiento legal. Otra infracción penal la ha podido cometer la Sociedad Pública de Extremadura (Grupo GPEX), por “selección de personal y concesión de ayudas a fundaciones sin acreditar los principios de concurrencia, publicidad y objetividad”.

El fiscal del Tribunal de Cuentas también arremete contra consorcios públicos que han contratado a personas vulnerando la ley y sin una justificación suficiente. Y, además, halla “responsabilidad contable” de Extremadura por dejar prescribir derechos en favor de la Junta “en 1.245 expedientes” correspondientes a 2010; y “en 982, de 2011”. También observa irregularidades en la gestión de GPEX, por “ausencia de aprobación de las retribuciones del personal de alta dirección por el Consejo de Gobierno de la Junta; e imposibilidad de verificación del destino de los fondos de una subvención concedida a la Fundación Jóvenes y Deporte”.

Otra sociedad bajo lupa es Urvipexsa (Urbanizaciones y Viviendas de Extremadura), creada en 1988 por la Sociedad de Fomento de la Junta. El fiscal echa en falta un reintegro de 15.000 euros en concepto de exceso de un anticipo de dinero; y, además, detecta irregularidades en “subvenciones cobradas y no justificadas por importe de 804.000 euros”.

También entiende el fiscal como insuficientemente justificada una subvención de 168.000 euros abonada al Consorcio Centro de Cirugía de Mínima Invasión y a su fundación. Según la fiscalía, no está justificado “el saldo deudor” dejado por el anterior gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura por importe de 112.000 euros, con el consiguiente perjuicio para el tesoro público. El gerente de la orquesta también lo fue del Consorcio Patronato Festival de Teatro Clásico, “en donde, asimismo, se produjeron innumerables deficiencias en su gestión económico-administrativa durante los últimos años fiscalizados”, siempre según el fiscal. Respecto al consorcio que dirige el festival de teatro clásico que se celebra en el Teatro Romano de Mérida, el fiscal observa graves irregularidades en “seis pagos realizados por la Consejería de Cultura de la Junta” y pagos realizados por la Junta y por el consorcio “a un mismo proveedor y por el mismo objeto: actuación de una orquesta”.

Los informes sobre las cuentas de 2008 y 2009 ya pusieron de manifiesto irregularidades “relevantes” por parte del gerente del consorcio que gestiona el Teatro de Mérida, según destacan el fiscal y, en este caso también, el propio Tribunal de Cuentas. Tras estos datos, la conclusión que extrae el Tribunal, que ha abierto diligencias preliminares sobre estos y otros aspectos, es que se ofrecen “justificaciones genéricas e imprecisas de la necesidad de los contratos; los criterios de adjudicación no están suficientemente objetivados; hay demoras en la ejecución de los contratos de obras no suficientemente justificadas, y modificaciones de contratos de obras sin acreditar la existencia de necesidades nuevas o imprevistas, además de que se acude al procedimiento negociado sin publicidad”. Sobre el “Servicio Extremeño de Salud, sigue presentando, como en el Informe de los dos ejercicios anteriores, graves incidencias en las cuentas rendidas”, dice el Tribunal.

» Cantabria. La fiscalía también ve infracciones penales en las cuentas de Cantabria de esos dos ejercicios. Por ejemplo, en la “contratación de personal sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, en la empresa pública para el bienestar de los ciudadanos y dependiente del Gobierno cántabro Emprendinser, lo mismo que en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S. L. y en la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria”.

Asimismo, el fiscal ve responsabilidad contable en una “subvención nominativa al Real Racing Club de Santander, sin justificar”. Esta subvención fue concedida en 2005, pagadera a lo largo de 10 años a razón de dos millones por año. No es la primera vez que el fiscal denuncia esta subvención: ya lo hizo en los años 2006-2007 y 2008-2009. Otra irregularidad contable la advierte en la “prescripción de derechos [a favor del Gobierno cántabro] por 1,5 millones de euros” y en “retribuciones al personal por encima de los límites establecidos en las leyes de presupuestos de Cantabria en los años 2010 y 2011”. Otras irregularidades las observa en “retribuciones al personal de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, dependiente de la Universidad de Cantabria, por encima de los límites establecidos para el incremento de las retribuciones a favor del personal”. Así como en “pagos en concepto de ayudas de acción social en la Universidad de Cantabria, a pesar de estar suspendidos dichos pagos en los presupuestos de ambos”.