La delegada del Gobierno abre expediente a los organizadores del 22-M

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que abrirá un expediente sancionador a los organizadores de las marchas por la dignidad del pasado fin de semana. Este medida la ha tomado después de que haya pedido un informe a la Abogacía del Estado para ver si los promotores de la protesta han podido cometer alguna infracción administrativa y las eventuales sanciones que llevan aparejadas.

Cifuentes se ha referido, en declaraciones a la Cope, a las marchas que llegaron el día de antes a la región madrileña y a hechos ocurridos antes de la manifestación de la tarde del sábado. En concreto se ha referido a tres de las columnas, por haber provocado incidentes, como desórdenes públicos en el caso de la columna que pasó por los municipios de Arganda del Rey y de Perales de Tajuña. "Se les va a iniciar un expediente sancionador hasta el máximo legal que permite la ley con sanciones económicas importantes", ha destacado.

Fuentes de la delegación han explicado después que se abrirá expediente sancionador a tres columnas. La de la A-3, la llamada columna del este, están acusados de un intento de entrada en masa en una entidad bancaria, del asalto a la sede del PP, apropiación de la bandera y su quema en la plaza, intento de entrar en el Ayuntamiento de Perales de Tajuña y zarandeos e insultos a guardias civiles.

Integrantes de la columna sur, en la A-4, están acusados de desobediencia a indicaciones de la Guardia Civil, incumplimiento del itinerario fijado en la Delegación del Gobierno, ocupando la autovía en Ciempozuelos, Valdemoro y Pinto y una supuesta infracción de la normativa de seguridad vial por parte de los vehículos participantes. Los organizadores de la columna oeste, en la A-6, también podrían ser multados por incumplimiento del recorrido establecido y vulnerar la normativa de seguridad vial. En los tres casos se han tenido en cuenta los informes de la Guardia Civil. 

En principio, no se incluyen en estos expedientes los graves altercados en que degeneraron las protestas de ese día, que acabaron con 101 heridos (67 policías y 34 manifestantes). Tampoco se ha referido a los 24 detenidos (tres menores de edad) durante estos disturbios.

La delegada de Gobierno ha recordado que la propia ley establece que son los organizadores los "que tienen que garantizar y responsabilizarse del buen orden y del discurrir de la misma" y que la policía "está para ayudar y no para suplir" esta responsabilidad.

Cifuentes ha añadido que le provocó "tristeza" ver cómo la mayoría de los detenidos por los altercados del sábado quedaron ayer en libertad tras pasar a disposición judicial, pese a que, en su opinión, ha quedado claro que "iban a por los policías con saña" y que "intentaron matarlos". La delegada ha recordado que algunos ya tienen antecedentes policiales por hechos similares y que los jueces deberían tenerlos en cuenta a la hora de ver una posible reincidencia y tener así una mayor carga penal.

La responsable gubernamental ha mantenido que le queda el consuelo de que al menos uno de los detenidos ha ingresado en prisión acusado de un delito de lesiones. En principio, era acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa al golpear a un agente antidisturbios con una piedra en la cabeza, pero el juez cambió el delito por otro de lesiones. "Espero que a la vista del informe forense se pueda elevar", ha concluido.

La delegada también se ha referido a las críticas de los sindicatos policiales por la actuación del sábado y la petición de dimisiones dentro de la cúpula policial. En su opinión hay que aprender de estas situaciones para que no se repitan y ha recordado que el Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. También ha añadido que quizá deban replantearse los operativos, sobre todo al constatar que las actuaciones de estos radicales está cambiando.