Solo una alegación al informe del CGPJ que ve ilegalidades en la ‘ley Fernández’

Al Consejo del Poder Judicial le ha salido un quebradero de cabeza a cuenta del informe que debe emitir sobre uno de los proyectos estrella del Gobierno del PP: la ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica nuevas conductas delictivas de los manifestantes e impone fuertes multas administrativas. El dictamen del Poder Judicial sobre esta norma no vincula al Gobierno, pero tiene un gran impacto social. Porque los elaboran personas, en este caso jueces, con un amplio bagaje en la carrera judicial.

El informe sobre la futura Ley de Seguridad Ciudadana ha sido consensuado por el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea (vocal conservador, y presidente de la temida Comisión Disciplinaria), y la magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa María Victoria Cinto (progresista). Ambos cuestionan, por inconstitucionales, algunos aspectos de la nueva normativa. La también denominada ley Fernández, en referencia al primer apellido del ministro del Interior, tipifica conductas antes inexistentes.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes, pidió hace semanas al Gobierno que prorrogase durante un mes el plazo para emitir este informe que, junto con el de la ley del aborto, es el más sensible que tiene sobre la mesa en la actualidad este Consejo. El primer plazo legal para la emisión de la Ley de Seguridad Ciudadana concluyó hace algunas semanas. Y, al menos hasta ayer, ningún vocal había presentado alegaciones sobre el contenido del informe (conjunto) que suscriben los vocales Olea y Cinto y que enviaron a sus colegas el pasado 25 de febrero para que efectuaran recomendaciones.

Aunque depende de ellos incorporarlas o no, el hecho de que, hasta el momento, no haya alegaciones revela la posibilidad de que finalmente el pleno pueda hacerlo suyo. La única recomendación presentada de momento la firma una vocal, pero no afecta al fondo del informe. Se trata de dos erratas y una sugerencia, según fuentes del órgano de gobierno de los más de 5.000 jueces españoles.

Si durante la prórroga los vocales no formulan recomendaciones, o los ponentes se negaran a incorporarlas, el informe que llegaría para su debate al pleno del Consejo, previsto para el próximo día 27, implica un varapalo a las intenciones normativas del ministro Jorge Fernández. No es previsible que los ponentes se desdigan del informe que ya han consensuado. Aunque la decisión y el contenido final del mismo que debe elevarse al Gobierno corresponde al pleno, donde los vocales elegidos a propuesta del PP gozan de mayoría absoluta de votos para revocar la ponencia de Olea y Cinto y, en su caso, modificarla.

Fuentes del Consejo entienden que la filtración del informe suscrito por una vocal progresista y otro conservador a EL PAÍS lo ha blindado. "Y quien quiera modificarlo, tendrá que razonarlo en términos jurídicos", y más cuando sus autores pertenecen a ambas sensibilidades del Poder Judicial.