Bárcenas pide al juez cotejar pagos en b con las cuentas de los líderes del PP

La respuesta de Luis Bárcenas al informe de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado, dependiente de Hacienda) que especulaba con la posibilidad —”hipótesis de trabajo”— de que su esposa, Rosalía Iglesias, hubiera percibido 874.000 euros de la caja b del PP que manejaba el ex tesorero no se ha hecho esperar.

Su letrado, Javier Gómez de Liaño, en un escrito dirigido al juez Pablo Ruz, amén de descalificar el informe que intentaba vincular pagos de la contabilidad manuscrita del extesorero del PP con ingresos de Rosalía Iglesias, proclama que con su actuación la IGAE ha validado los papeles de Bárcenas.

Y por ello pide al juez la prueba más delicada desde que asumió la defensa del extesorero del PP: que la investigación judicial coteje los presuntos pagos opacos a todos los dirigentes del PP anotados por Bárcenas en la supuesta caja b del partido con los ingresos bancarios en las cuentas particulares de la cúpula del PP en aquellos años. Y que, con permiso de los afectados, investigue vía comisión rogatoria si poseen, por sí o mediante testaferro, cuentas secretas en Suiza, Panamá o Lichtenstein.

“Si hay algo que del informe puede extraerse como conclusión demostrada o probada es que el material de trabajo utilizado, o sea los papeles, son auténticos, como veraces los apuntes de entradas, salidas y saldos que figuran en ellos. Esta es la única premisa cierta, aunque para nosotros nunca hubo dudas de que así era. Y qué mejor prueba de ello es que ese material —los papeles— es el que los autores del informe [de la Intervención General del Estado] utilizan para su tarea. Por tanto, la veracidad de los apuntes es obvia: tanto que su principal virtud es que actúa de mecanismo que ni permite grandes falacias ni tolera patentes equívocos”. Sentada esa premisa, el letrado de Bárcenas concluye: “Y si esto es así, como así es, utilizando una técnica semejante a la utilizada para hacer el informe de la IGAE, quizá podríamos formularnos algunos interrogantes o, si se prefiere, plantearnos algunas hipótesis de trabajo para acto seguido, mediante la práctica de las oportunas diligencias intentar corroborarlas”.

Bárcenas plantea al juez, a través de su letrado, las siguientes cuestiones:

— “¿Sería verosímil que las anotaciones que aparecen en los apuntes contables de Luis Bárcenas referidas a los años 2004, 2005, y 2006 tuvieran reflejo en las cuentas bancarias de todos los nominados [dirigentes del PP identificados como destinatarios de fondos b en los papeles]?

— “¿Podría ocurrir que algunos de los importes que aparecen en esos apuntes encontraran correspondencia en las cuentas que los designados tienen abiertas en bancos o cajas de ahorro?

— “¿Tal vez resultara factible cotejar con las respectivas cuentas las salidas anotadas como entregas?” Y cita como ejemplo distintos apuntes de supuestos pagos a la cúpula del PP, señalando expresamente anotaciones a favor de “Mariano [Rajoy], Angel [Acebes] Federico [Trillo].

El extesorero, imputado por blanqueo de capitales tras descubrirse las cuentas suizas donde llegó a reunir casi 50 millones de euros, se pregunta a través de su letrado: “¿Sería saludable que todos cuantos aparecen anotados aceptasen y, por consiguiente, consintiesen que las autoridades competentes —ninguna más competente que la judicial—por vía de auxilio o cooperación internacional, reclamasen información sobre la existencia, sea a su nombre o de persona interpuesta, de cuentas actualmente abiertas o que pudieron estarlo en entidades financieras de Suiza, Panamá o Lichtenstein?”

El resto del escrito lo destina el abogado de Bárcenas a descalificar lo que opina que no merece ser llamado informe: “Del último párrafo de de la página 6, pasando por las reiteradas hipótesis de trabajo, los repetidos probablemente, los constantes posibles y las coreadas otras explicaciones, todas las premisas están construidas por suposiciones, conjeturas y probabilidades, algo que se aleja tanto de la cientificidad del silogismo como técnica de persuasión que convierte la opinión de los autores del informe en inaceptable por no convincente y, en consecuencia, trunca su proyecto argumental”.

El letrado va más lejos: apunta que los autores del informe están contaminados por un supuesto oculto interés. En suma, su informe, “reúne todos los ingredientes del típico trabajo de complacencia, elaborado a petición del cliente y, encima, para un momento concreto”. Por tanto, el escrito de la IGAE constituye “un ejercicio de puro voluntarismo, a partir de extravagantes premisas”. La investigación judicial ha acreditado ya que decenas de apuntes de la caja B son ciertos pero no ha podido probar que el ex tesorero se quedara con dinero de esa contabilidad opaca.