El Gobierno vende en EE UU su gesto hacia los sefardíes

El 22 de noviembre de 2012 los ministros de Justicia y Exteriores, Alberto Ruiz-Gallardón y José Manuel García-Margallo, anunciaron en la Casa Sefarad-Israel de Madrid la buena nueva: el Gobierno reformaría la ley para facilitar el acceso a la nacionalidad española a los casi tres millones (según los cálculos más optimistas) de descendientes de los judíos expulsados de España cinco siglos antes. Los sefardíes. Casi año y medio después, el pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley que daba forma a esa promesa, y que en breve se convertirá en proyecto e iniciará la tramitación parlamentaria. Esta semana, el ministro Gallardón viajará a Nueva York para presentárselo en persona a la comunidad judía de EE UU.

¿Por qué ahora? En 2012 habían pasado justo diez años desde que, en un histórico discurso en la sinagoga Beit Jacob de Madrid, el Rey Juan Carlos transmitió a los sefardíes que en España no debían “sentirse como en casa”, sino que estaban “en su propia casa”. Desde entonces, los sucesivos Gobiernos habían venido concediendo, año a año y por la vía de carta de naturaleza, la nacionalidad española a los sefardíes que la pedían. Con 746 concedidas en los últimos ocho años, son la gran mayoría de todas las concedidas a extranjeros que la piden por esa vía al no vivir en España o no poder acreditar el suficiente tiempo de residencia. Pero ningún Gobierno se había decidido a reabrir de par en par las puertas de Sefarad a sus antiguos inquilinos.

El 29 de noviembre de 2012, solo una semana después de que Gallardón y Margallo hicieran su anuncio, España apoyó el reconocimiento de Palestina en la Asamblea General de la ONU. Fuentes diplomáticas admiten que, con su gesto hacia los sefardíes, la diplomacia española intentaba neutralizar el previsible enojo de Israel por ese voto en Naciones Unidas.

Si ese era el objetivo, no está claro que lo consiguiera. Israel protestó —aunque sin mucha convicción, ya que lo mismo que España hicieron otros 137 países—, pero no realizó ninguna declaración oficial —ni la ha hecho todavía— sobre los sefardíes. “La actitud del Gobierno israelí es ambivalente”, explica un diplomático que conoce bien ese país. “Por una parte valora el gesto pero, por otra, ningún Estado puede admitir que le gusta que sus ciudadanos quieran ser nacionales de otro país”. Desde el Ministerio de Justicia español sostienen que la decisión de agilizar la nacionalidad para sefardíes no ha tenido que ver con presiones internacionales sino solo con la voluntad de “generalizar lo que hasta ahora es un goteo constante”. Pero admiten que, al mismo tiempo, es un gesto de reconocimiento y una respuesta a una reclamación histórica.

La verdadera novedad de la reforma radica en que los sefardíes podrán adquirir la nacionalidad española sin renunciar, como hasta ahora, a la que ya tienen. Es decir, que podrán disponer de dos pasaportes y uno de ellos, el español, les abrirá las puertas para circular libremente y trabajar en cualquier país de la UE. “El éxodo está en el ADN del pueblo judío. Tener un segundo pasaporte, aunque no pienses utilizarlo nunca, es un salvoconducto por si algún día debes reemprender el camino del exilio”, afirma el mismo diplomático. La nacionalidad les permitiría también votar (si se inscriben en el censo). Fuentes de Justicia aseguran que no les proporcionará ninguna ventaja a la hora de hacer negocios o inversiones, “porque eso se hace a través de sociedades, y las sociedades no tienen nacionalidad”. Aunque la libre circulación por la zona Schengen sí puede ser una ventaja.

Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), considera que la agilización de la nacionalidad para los sefardíes es una “noticia enormemente positiva que viene a reparar una injusticia histórica”. Confía en que la futura ley se apruebe “con un amplio apoyo parlamentario” y afirma que el día que la sancione el Rey “se podrá decir que ha quedado efectivamente derogado el edicto de expulsión de los judíos de 1492”.

Antes, sin embargo, habrá que aclarar las numerosas dudas que suscita la medida. El artículo 21 del Código Civil señala que la nacionalidad española “se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales”. El anteproyecto de Justicia no elimina ese adverbio —“discrecionalmente”—, pero establece que, si el sefardí logra acreditar su condición de origen y una especial vinculación con España, se entenderá directamente “que tales circunstancias concurren”. Introduce, por tanto, un matiz importante, dando a las concesiones de nacionalidad por carta de naturaleza un carácter más automático en el caso de los sefardíes.

El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, afirma que con la nueva ley los sefardíes tendrán “derecho” a la nacionalidad, siempre que acrediten su condición y su vínculo con España (algo que implica valorar después esas pruebas, y ahí seguirá habiendo cierta discrecionalidad). Si la concesión es un derecho, la no concesión sería en principio recurrible ante los tribunales, aunque el anteproyecto no lo especifica.

Los requisitos son, como mínimo, ambiguos: valdrá un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España o del rabino del país de residencia “o cualquier otra documentación que el interesado considere conveniente”. También se valorarán los apellidos, el idioma familiar u “otros indicios que demuestren su pertenencia a la comunidad judía sefardí”. Querub opina que los requisitos “no están claros” y que “debe afinarse el lápiz” en la redacción definitiva. Justicia está en ello.

Cuando entre en vigor la ley, los sefardíes interesados tendrán dos años —prorrogables otro más— para solicitar la nacionalidad por esta vía. Es, por tanto, un gesto con fecha de caducidad; aunque, según Justicia, los hijos y nietos de quienes se nacionalicen serán también automáticamente españoles. Querub estima que no serán millones sino a lo sumo unos cientos de miles los que se acojan a la ley (el ministerio rebaja aún más esa cifra). La mayoría vive en Israel, Turquía, Venezuela, Argentina, Colombia o Marruecos.

Pero no será en ninguno de estos lugares sino en Nueva York donde Gallardón —a cuyo bisabuelo, exembajador en Rumania, se cita en el preámbulo de la ley por haber salvado a judíos de los nazis— explicará el miércoles la reforma, invitado por la Asociación de Comunidades Judías de EE UU, que le ha pedido que acuda allí a presentarla. Ya el pasado 13 de febrero, solo una semana después de que el Gobierno aprobara el anteproyecto, el Rey, el presidente Mariano Rajoy y el propio ministro de Justicia recibieron en Madrid a una delegación de la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías de Estados Unidos. Es al otro lado del Atlántico, ante el poderoso lobby judío estadounidense, más que en Israel, donde el Gobierno está vendiendo su reforma. Y eso que los únicos judíos que seguramente no necesitan la nacionalidad española son los que tienen en el bolsillo un pasaporte de EE UU.