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Los chóferes de altos cargos denuncian presiones para incumplir las normas

Reclaman al Parque Móvil del Estado una vía administrativa para transmitir los abusos

Agentes del Ayuntamiento de Madrid multan a los coches oficiales de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y la ministra Bibiana Aído, el día de su toma de posesión en abril de 2008.
Agentes del Ayuntamiento de Madrid multan a los coches oficiales de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y la ministra Bibiana Aído, el día de su toma de posesión en abril de 2008.

El Ayuntamiento de Madrid ha dejado de hacer la vista gorda sobre las infracciones que hasta ahora cometían los chóferes de altos cargos —aparcamientos en doble fila, exceso de velocidad, utilización del carril bus o circulación por zonas restringidas para residentes— y ha incrementado notablemente las sanciones. En septiembre, el Parque Móvil del Estado, organismo que gestiona este servicio en la administración central, recibió en una sola semana hasta 30 multas, lo que disparó el malestar de los conductores, que tienen que pagarlas de su bolsillo y se sienten presionados por sus jefes para saltarse las reglas.

Más de 200 funcionarios de una plantilla de poco más de 700 personas han firmado un escrito donde lo denuncian: “A menudo el usuario del vehículo oficial insta a trasgredir alguna de esas normas en beneficio de la rapidez, comodidad o simple deseo del mismo”. Los conductores no disimulan que suelen aceptar los abusos de poder: “La cuantía de nuestra nómina depende en gran medida de aceptar las peticiones, oficiales o no, de los usuarios de nuestros coches, que se convierten así, en nuestros jefes”.

Una parte del salario de los chóferes procede de los pluses que se les asignan por ser flexibles en horario y atender a los altos cargos —como secretarios de Estado, ministros o magistrados—. En su misiva, que no está firmada por ningún sindicato, los conductores solicitan del Parque Móvil que “informe o reitere a los usuarios de coches oficiales”, que no solo no están eximidos de cumplir las normas de tráfico, sino que precisamente, deben “extremar la pulcritud en su cumplimiento”. Debido a esta situación, que les plantea la disyuntiva entre “pagar multas o renunciar a ciertas productividades”, también exigen al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que “habilite una vía administrativa” por la que los conductores puedan “denunciar los abusos y presiones” a las que pudieran estar sometidos “sin que salgan perjudicados ni nuestro sueldo, profesionalidad o dignidad por ello”. Creen que “por esta misma vía los usuarios podrían denunciar a los conductores que consideraran que no realizan correctamente su labor”.

La reclamación también deja en evidencia que ahora no hay un canal de comunicación entre la dirección del Parque Móvil y los funcionarios para destapar este tipo de conductas, pese a que en un reciente encuentro con la prensa, el director del organismo Miguel Ángel Cepeda aseguró sin querer entrar en detalles que la dirección ha tenido constancia de usos indebidos de los coches: “No es generalizado”, aseguró. El organismo tiene lo que llama “oficina del conductor”, que según fuentes internas solo se utiliza para gestiones administrativas.

Lo chocante es que, preguntado por el particular hasta en dos ocasiones por este periódico, Cepeda niega la mayor: que haya un incremento de las multas.

Una comunicación interna del 27 de enero firmada por la subdirección de gestión del organismo que él dirige lo desmiente. En ella el Parque constata “un incremento de las sanciones procedentes del Ayuntamiento de Madrid”, […]especialmente las captadas por los radares, y recuerda a los chóferes que su función es cumplir con el código de circulación. Fuentes de la plantilla insisten en que son sobradamente conscientes de ello, por eso han pasado “duras pruebas” de aptitud, y señalan que el problema no es su capacitación, sino los usos y costumbres de los altos cargos.

Según fuentes del CSIF, sindicato representado en el comité de empresa, el conflicto está “en vías” de solución: “A partir de ahora el conductor trasladará a su jefe de departamento que la multa y éste pedirá al alto cargo que firme un escrito conforme la infracción se ha producido durante un servicio”. Con ello, según el CSIF, se quiere “concienciar al alto cargo”, de que no puede exigir a su chófer que aparque en doble fila o acelere para asistir a una reunión. El sindicato espera que con ese procedimiento se terminen las infracciones que se producen por lo que califican de “un conflicto de intereses” pero no saben qué pasará con las multas que ya se han impuesto y sobre las que hay pruebas documentales.

En enero el número de sanciones se multiplicó por diez, aunque el dato exacto no se conoce: el Gobierno de Ana Botella no ofrece información, informa Javier Barroso.

El Parque Móvil tiene 62 vehículos de lujo a disposición del Gobierno y las altas instituciones del Estado, incluidos los ocho para la Familia Real. En 2010 se puso en marcha un plan de austeridad que ha limitado este privilegio a subsecretarios, secretarios de Estado y ministros. También disfrutan de coche oficial los presidentes y vicepresidentes del Congreso y el Senado, los secretarios de las mesas de las Cámaras, el presidente y los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Las denuncias de abusos por parte de los propios conductores nunca antes se habían hecho tan visibles, pese a que fuentes de la plantilla han relatado a este periódico casos de altos cargos que realizan viajes particulares o que piden a los chóferes que se extralimiten en sus funciones actuando de recaderos privados. Aseguran que, si bien no son conductas generalizadas, sí hay casos sangrantes que deberían de sancionarse.

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