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Barcina desoye la petición de la comisión de investigación navarra de que dimita

PSN dice que si esta no deja el cargo hará "lo que tenga que hacer" para que haya comicios

La comisión remitirá sus conclusiones a la fiscalía para que abra una investigación

Barcina: "En este momento tengo que confiar en el sentido de Estado de Rubalcaba"

La moción de censura queda en manos del PSOE

La comisión parlamentaria que ha investigado en la última semana las supuestas irregularidades en el Gobierno navarro terminó este viernes sus trabajos aprobando unas conclusiones en las que considera probadas las “injerencias en grado de tentativa” que había denunciado la exdirectora de la Hacienda foral, Idoia Nieves, el pasado 11 de febrero. El dictamen final, acordado por Partido Socialista de Navarra (PSN), Bildu, Aralar, Geroa Bai e IE (con 26 de 50 escaños), “reprueba y pide la dimisión” de la presidenta Yolanda Barcina (UPN) y de su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Y reclama que se celebren elecciones anticipadas el próximo 25 de mayo. El PSN no aclaró si presentará una moción de censura en caso de no convocarse esas elecciones.

Inmediatamente después de que se hiciera público el dictamen —que la comisión va a enviar a la fiscalía por si de él se deriva una investigación, aunque ya hay otras dos denuncias en marcha del colectivo Kontuz y del sindicato ELA—, Barcina adelantó que no tiene intención de dimitir porque eso sería, dijo, “seguir la agenda de Bildu”. Añadió que mantiene su confianza en la consejera Goicoechea porque se ha demostrado que “no cometió ninguna irregularidad”. La presidenta navarra se basa en el hecho de que la denunciante, Idoia Nieves, afirmó finalmente en la comisión que “no hubo corrupción en Hacienda”. Según Barcina, la comisión ha sido “una excusa” para buscar una moción de censura que ahora depende de la decisión final que tomen el PSN y, desde Madrid, el PSOE.

El dictamen sostiene que Barcina y la consejera Goicoechea “no han cumplido la legalidad vigente”, y que su actuación “coincide con la acepción cuarta de la RAE sobre la palabra corrupción”. La presidenta navarra mostró su sorpresa porque, subrayó, en el dictamen “no aparece nada punible en el Código Penal”. Citó, por ejemplo, al líder de Aralar, Patxi Zabaleta, que el pasado jueves dijo que en los hechos denunciados “no hay ilegalidades sino un comportamiento chapucero”.

La líder de UPN trasladó la presión sobre el futuro político de Navarra a la dirección del PSOE. “En estos momentos en lo que tengo que confiar es en el sentido de Estado del señor Rubalcaba”, dijo por la mañana en Onda Cero. Más tarde añadió: “Sigo creyendo en [Alfredo Pérez] Rubalcaba y Elena Valenciano”, en referencia a que el secretario general y la vicesecretaria general del PSOE aseguraron que no pactarán con Bildu.

El líder del PSN, Roberto Jiménez, proclamó el 12 de febrero: “O Barcina se va o los socialistas la echaremos”. Pero la polémica generada por la hipótesis de que en esa moción el candidato socialista recibiera el apoyo de Bildu ha enfriado la amenaza. Hoy se reúne la ejecutiva de los socialistas navarros. El PSN “hará lo que tenga que hacer”, señaló de modo enigmático el portavoz socialista en la comisión, Pedro Rascón.

Además de reclamar a ambas "la asunción de responsabilidades políticas", la comisión ha acordado también remitir a la Fiscalía estas conclusiones junto con los testimonios y documentos recibidos por si se derivaran "responsabilidades penales". El presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha afirmado en su cuenta de Twitter, tras concluir la comisión de investigación sobre las cuentas de Navarra, que "visto y oído todo, no hay motivos para una moción de censura en Navarra".

Igualmente la comisión entiende que la consejera incurrió en "injerencias e intromisiones" para obtener datos fiscales y dio "trato de favor" a algunos contribuyentes, hechos de los que era "conocedora y corresponsable" la presidenta. En total se entiende probado que incumplieron hasta 13 preceptos legales y se afirma que ni Barcina ni la consejera de Economía actuaron en defensa del interés general sino "del político y partidista". Tras subrayar que han quedado "acreditadas prácticamente todas" las acusaciones de la exdirectora de Hacienda contra Goicoechea, la comisión ve el resto.

Así considera que hay once "hechos acreditados", como el retraso en la devolución del IVA para cumplir con el déficit y satisfacer la política del PP, y las injerencias en Hacienda de la consejera en favor de un antiguo cliente de su asesoría fiscal y de la Universidad de Navarra, así como en la solicitud del Plan de Inspección y de datos sobre Caja Navarra, estos últimos "muy probablemente por indicación" de Barcina. El parlamentario Manu Ayerdi, de Geroa Bai, ha pedido a las fuerzas navarras, especialmente al PSN-PSOE, "altura de miras" para convocar elecciones anticipadas en la comunidad foral e impedir, de esta forma, la "insoportable agonía de mantener el actual legislativo un año más".

UPN y PP votan en contra

Sin embargo, UPN y PP han votado en contra del dictamen de la comisión y presentado sus respectivos votos particulares al mismo al entender que no se ha acreditado "corrupción ni ilegalidades ni injerencias".

UPN sostiene además que la consejera Lourdes Goicoechea actuó "conforme a las funciones que tiene atribuidas" de "dirección y tutela" al retrasar las devoluciones del IVA más allá del plazo legal, al tiempo que subraya que "no se ha podido probar" que pidiera una copia del Plan de Inspección Fiscal. Con respecto a las gestiones realizadas en relación con algunos contribuyentes, como su antiguo cliente o la Universidad de Navarra, UPN destaca que "en ningún caso se ha obstaculizado ningún expediente" y los procesos de inspección abiertos concluyeron "conforme al criterio de Hacienda".

El PP por su parte, aunque no aprecia motivos para exigir responsabilidades, sí cuestiona el rigor y control de la gestión presupuestaria hecha por el Gobierno y la tardía toma de medidas frente a la crisis en algunos casos, como el retraso en la devolución del IVA, lo que a su juicio ha afectado "a la liquidez y al tejido empresarial de Navarra".

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